Fondos atrapados entre la política y los pactos

Ivana Fux

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Si el pasado fue intenso por haber sido un año electoral, el 2018 promete sus capítulos de tensión a la luz de una relación Nación-provincia que lejos está de armonizarse. Los primeros meses del calendario estarán marcados por las derivaciones del Consenso Fiscal que firmó el gobernador Miguel Lifschitz, pero que ahora exige correlatos de la provincia para que lo allí pactado se plasme en hechos.

Un caso concreto es el envío de recursos que se vio interrumpido desde el 1º de enero, tanto por el Fondo Sojero como por la compensación que la provincia debía recibir a raíz de cesar la coparticipación del impuesto al cheque. Los efectos no deseados de la no convalidación por parte de la Legislatura local de aquel documento fiscal los conocen tanto los funcionarios del Poder Ejecutivo local que firmaron, como los legisladores que deben votar la norma en el parlamento. Sólo que la cuestión -como siempre- se sumerge en los vericuetos de la política. Casi cuando 2017 expiraba, el diputado Antonio Bonfatti le garantizaba al Movimiento Obrero Santafesino que la cámara que preside no trataría el aval al pacto hasta que dichos gremios no fuesen escuchado nuevamente. Y sólo unos días después, le advertía a la prensa que antes de dicha sanción, la Nación debía dar señales claras de cómo y cuándo pagaría la deuda de coparticipación que la propia Corte ordenó saldar.

En la práctica, desde el primer día del corriente año, la provincia dejó de percibir las partidas diarias que corresponden al Fondo Sojero. “Son aproximadamente unos 200 millones de pesos mensuales”, dijo a El Litoral el ministro de Economía, Gonzalo Saglione. El presupuesto 2018 prevé que por dicho concepto, la Nación deberá girar a las arcas santafesinas 2.211 millones de pesos, de los cuales el 30 por ciento -más de 663 millones- se destinan a municipios y comunas. La suspensión de partidas que, como se dijo, representan un goteo diario de recursos, afecta la financiación de obras públicas. Lo propio sucede con la compensación por el impuesto al cheque que, según el mismo ministro, representa unos 90 millones de pesos mensuales. El dinero que no reciben las provincias sin adherir se prorratea entre las que sí lo hicieron.

Según lo estipula el Consejo Fiscal -y lo refrenda en sus artículos 116 y 117 la ley de presupuesto nacional 2018-, la transferencia de recursos sólo se reanudará una vez que las provincias hayan adherido -mediante ley provincial- al pacto firmado con Nación el 16 de noviembre. Si dicha adhesión se produce antes del 31 de marzo, Santa Fe -en este caso- recibirá los fondos que no le están siendo girados, con retroactividad al 1º de enero. Si, en cambio, la adhesión se produje después de ese plazo, la provincia perdería los recursos correspondientes al primer trimestre. Si no adhiriese, directamente quedaría desafectada del Fondo Sojero.

Ése es uno de los desafíos de la política santafesina en la reanudación de la actividad legislativa que se prevé para esta semana. El mensaje reclamando dicha adhesión había sido enviado con la firma de Miguel Lifschitz a la Legislatura en los primeros días de diciembre, pero no logró consenso político para que lograra ser sancionado antes del receso. Ahora, deberá volver a intentarlo.

Desde el primer día del corriente año, la provincia dejó de percibir las partidas diarias que corresponden al Fondo Sojero. “Son aproximadamente unos 200 millones de pesos mensuales”, dijo a El Litoral el ministro de Economía, Gonzalo Saglione.