Traferri: "No somos empleados del Ejecutivo"

Luis Rodrigo | [email protected]

A veces los silencios son suficientes para entender qué pasa. La Cámara de Senadores aprobó este jueves, con modificaciones de fondo, la llamada Ley Pyme y postergó el tratamiento de otras normas que reclama el gobernador Miguel Lifschits. Todo se hizo con los rigores formales de cualquier sesión, pero sin discursos.

Ninguno de los senadores de la mayoría justicialista (o del oficialismo) consideró que debían darse explicaciones sobre los cambios hechos al mensaje del Poder Ejecutivo Provincial, que llegó a la Cámara alta con media sanción de Diputados. Y ahora vuelve en revisión.

La sesión duró menos que una vuelta de café y, sin embargo, fue el resultado de una larga tarde marcada por las tensiones entre la Casa Gris y la bancada que cuenta con 11 de los 19 senadores. (Y también por los reproches y los desplantes dentro del blque del peronismo).

El Litoral conversó con el jefe del justicialismo en el Senado, Armando Traferri (San Lorenzo) sobre la relación de la bancada opositora con el gobierno. Ese vínculo, desde que gobierna el Frente Progresista, Cívico y Social, ha sido clave para la gobernabilidad.

- ¿Qué se discutió el jueves antes de la sesión? Hubo una serie de reuniones y llamadas a la Casa de Gobierno.
- La gran discusión pasa por el apresuramiento y las malas maneras del gobernador de plantear el debate sobre la ley de reforma tributaria. Esa ley llegó el viernes de la semana pasada al Senado y recién tuvo ingreso formal precisamente en la sesión del último jueves. Es imposible tratar sobre tablas un proyecto tan importante, sería un acto de total irresponsabilidad de parte nuestra hacerlo.
Hay que pensar que Diputados estudió esa norma desde principios de diciembre y recién la aprobó el jueves 8. Al Senado ingresó formalmente durante el día de la sesión.

- ¿Molestaron en su bloque las declaraciones del gobernador?
- (Pausa) Me parece que todos tenemos que ser prudentes, y que siempre es bueno tomarse un tiempo para el análisis de los temas. Siempre nuestra actitud ha sido de acompañamiento en todas las leyes que ha necesitado el gobieno, pero tampoco nos gusta esta especie de disciplinamiento que pretende el gobierno.

- ¿Por qué disciplinamiento?
- Porque es como que se nos ordena, nos dicen ya enviamos la ley, así que voten ya, como si fuera “llame ya”. Y además, me parece que tampoco se puede hacernos responsables a los senadores del justicialismo de que no se puedan discutir salarios porque no se haya aprobado la tributaria. Y si así fuera, si los aumentos salariales de los empleados públicos dependieran de la tributaria, habría que ser doblemente cuidadosos con esa reforma.

Yo entiendo el enojo del gobernador pero no lo justifico, porque de ninguna manera puede justificarse que tratemos sobre tablas una reforma de los impuestos. Sinceramente, nos sorprende esta actitud.

- El gobernador también se quejó por la demora en tratar otras leyes, como la de endeudamiento.
- En eso somos muy coherentes con lo que dijimos. Cuando se aprobó el endeudamiento por U$S 500 millones el gobierno provincial había pedido hacerlo por 1.000 (en 2016). Y dijimos: cuando se nos informe en detalle sobre cómo se habían invertido esos primeros 500 autorizaremos la misma cantidad.

En diciembre de 2017 aprobamos un pedido de informes al respecto. Y aún no hay respuesta.

- ¿Y la ley para tomar U$S 300 millones destinados a pavimentos en municipios y comunas? ¿Por qué se demoran?
- También queremos que se garanticen ciertas condiciones de distribución para llevar a cabo esas inversiones. Tiene que haber más equidad porque tampoco vamos a autorizar un préstamo que sólo le sirva a las grandes ciudades como Rosario y Santa Fe. Y también queremos saber cuál es la opinión de los intendentes y los jefes de comunas porque tal vez muchos quieran otras obras. Hay localidades que puede que prefieran otras obras, en lugar de pavimento. ¿Por qué obligar a todas las poblaciones a tener la misma prioridad?

Muchas no tienen agua potable ni cloacas. Creo que todo esto debe discutirse en un marco de negociación y de consenso. No es que la Casa de Gobierno dice “te mando la ley y vos las votás y listo”. No funcionan así las cosas. Nosotros no somos empleados del Ejecutivo, sino legisladores que representamos a cada uno de nuestros departamentos. Tenemos la obligación de revisar cómo van a a impactar en cada uno de los departamentos estas leyes, y también en el conjunto de la provinca.