Redacción El Litoral

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Sobre tablas, junto a otros proyectos de menor relevancia, la Cámara de Senadores aprobó una declaración en la que manifiesta su preocupación por la demora del gobierno nacional en los envíos de inmunodepresores para transplantados.

El problema fue advertido por el senador Miguel Ángel Cappiello (PS-Rosario), quien se hizo eco de una denuncia formulada por la Asociación de Transplantados de Santa Fe.

El ex ministro de Salud explicó que “no puede tomarse como una falta de atención más del gobierno nacional para con los ciudadanos de la provincia de Santa Fe” lo que ocurre con esos medicamentos.
“Primero fueron los anticonceptivos, que no los compraban porque había problemas con la licitación..., después los remedios para la tuberculosis que tampoco compraban porque se les caía la licitación y lo mismo nos dijeron con los medicamentos contra el SIDA... las mismas excusas. Ahora son los inmunodepresores”, subrayó.

Tras indicar que “son los medicamentos que necesitan aquellos que han sido transplantados”, imprescindibles para evitar el rechazo de órganos, Cappiello reclamó atención al ministerio de Salud de la Nación para que no caiga el stock, aún disponible en Santa Fe.

“Esta provincia ha llevado adelante como política de Estado el procurar órganos para el transplante en los efectores públicos, y hoy estamos viendo que la Asociación de Transplantados está pidiendo que estos medicamentos de la Nación lleguen”, lamentó.

“Desde Santa Fe tenemos que pedirle al gobierno nacional que las licitaciones no les caigan con tanta facilidad. Y lo vamos a reclamar siempre a viva voz”, destacó.

“Mientras el gobierno nacional nos dice que se le caen las licitaciones, aquí en Santa Fe el LIF, el Laboratorio Industrial Farmacéutico de la Provincia de Santa Fe, va a inaugurar una nueva planta de producción de medicamentos para garantizar ese derecho al acceso del medicamento, como un acto de justicia social”, cerró el senador.

Duro contra Cargil

El discurso de Cappiello se extendió también sobre la situación laboral del departamento Rosario, donde “Cargil ha despedido 44 personas” y “quiere echar a los delegados gremiales”.

“Es una multinacional que el año pasado facturó 55.000 millones de pesos. Es más o menos lo que los santafesinos le reclamamos al gobierno nacional que nos pague, por la coparticipación mal liquidada durante años, según el fallo de la Corte que favorece a la Provincia”, comparó.

Y agregó: “lo más difícil de digerir es que esta empresa que se lleva el dinero fuera del país, está echando gente sin causa que lo justifique y lo más grave, están enviando telegramas a los delegados sindicales para poder desaforarlos y poder despedirlos. Estamos perdiendo fuentes de trabajo, no es esta una declaración política, es una expresión humana de solidaridad con quienes son despedidos para darles nuestro aliento, nuestro apoyo”, dijo.

“Antes fue Unilever, en Villa Gobernador Gálvez, luego las fábricas de zapatos afectadas por la importación que achicaron sus planteles de trabajadores y Metro Wheels que no ha vuelto a reabrir sus puertas. Y más allá de todo esto, que sé que pasa en todos los departamentos de la provincia, el ministro de Trabajo de la Nación contrata servicio doméstico en negro”, y carga su salario en un sindicato intervenido.