El "Aguja" Agüero camino a juicio por lavado de dinero

Juliano Salierno
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Un sargento de policía condenado por tráfico de drogas, su esposa enfermera y su padre portero de escuela, podrían ir a juicio oral por lavado de dinero de origen ilícito, a raíz del requerimiento de elevación a juicio que acaba de formular el fiscal federal Nº 1, Jorge Gustavo Onel. La medida apunta a Alejandro Daniel Agüero, alias “Aguja”, el cual fuera condenado a 12 años de prisión el año pasado, en el marco del juicio oral y público por el hallazgo, a fines de 2014, de un camión con 1.600 kilos de marihuana en Arroyo Leyes.

Coincidentemente con la fecha en que apareció el cargamento de drogas, la Justicia Federal ya investigaba una denuncia anónima ingresada en abril de 2014, en la que se aportaba el nombre de Agüero, vinculado a negocios ilícitos. La investigación por aquel entonces estuvo a cargo del fiscal federal Walter Rodríguez y las tareas de campo estuvieron encomendadas a la Dirección de Asuntos Internos de la provincia que, en agosto de 2015, elevó un informe al fiscal confirmando la disparidad existente entre el incremento patrimonial y los ingresos comprobables.

Incremento repentino

Puntualmente se acusa al grupo familiar de haber incrementado su poderío económico en una cifra estimada en los tres millones y medio de pesos al 2014, cuando en realidad los ingresos familiares, provenientes de los tres trabajos en “blanco” con los que contaban, no superaban los $ 25.000 mensuales.

Según datos oficiales Agüero ganaba como sargento que prestaba servicios en la División Personal de la URI unos $ 8.400 promedio en 2014; su esposa María Silvina Arredondo percibía $ 10.000 mensuales como enfermera del Hospital de Niños; en tanto su padre, Carlos Alberto Agüero, portero de escuela, ganaba $ 6.600 que le pagaba el Ministerio de Educación de la provincia. Los tres trabajaban en relación de dependencia con el Estado provincial.

Entre los datos salientes de la investigación, figuran la refacción de la casa familiar de Agüero en calle Las Macluras al 5800, que según constataciones de profesionales contratados en la causa, ronda los $ 2.250.000 a valores de 2014. Durante ese período, el sargento de policía construyó todo un segundo piso -cuatro dormitorios y un baño-, perimetró el terreno con tapial, construyó una pileta de material e hizo un quincho con cochera en el fondo de su casa.

También durante 2014 y principios de 2015, los tres procesados adquirieron cuatro vehículos -un Fiat Palio, un Chevrolet Celta, una moto Suzuki Storm, una Peugeot Partner- y una segunda vivienda en la ciudad de Santo Tomé -Alberdi al 1300-, por un monto aproximado de $ 1.380.000.

Vínculos con la droga

Agüero se encuentra privado de la libertad desde el 19 de diciembre de 2014, es decir, un mes y medio después de detectado el cargamento de Arroyo Leyes el 2 de noviembre del mismo año. Fue condenado el el 22 de junio de 2017 junto a otras once personas como coautor del delito de “transporte de estupefaciente agravado por la participación de tres o más personas en forma organizada y por ser funcionario público”, por lo que el Tribunal Oral Federal le impuso 12 años de cárcel y multa de 20 mil pesos.

Para la fiscalía que encabeza el Dr. Onel la relación familiar con Agüero permite inferir que el incremento patrimonial es un producto del negocio de la droga por el cual se encuentra condenado. Por lo que en los tres casos fueron acusados como coautores de “lavado de activos de origen ilícito”. Para el caso del matrimonio dicho delito prevé penas de 3 a 10 años, cuando el monto supera los 300 mil pesos; en tanto para el padre, en caso de resultar condenado la pena sería de 6 meses 3 años ya que el monto no excede dicha suma. Por último, en el caso del “Aguja” su situación se agrava por su condición de miembro de la fuerza policial.

El camión del Leyes

Doce personas fueron condenadas el 22 de junio de 2017 por el Tribunal Oral Federal en la última jornada del juicio oral y público por el secuestro de un camión en el que transportaban 1.662 kilos de marihuana, hallados el 2 de noviembre de 2014 en un basural de Arroyo Leyes. Para los jueces María Ivón Vella -presidente-, José María Escobar Cello y Luciano Homero Lauría, todos del primero al último, tuvieron responsabilidad sobre lo ocurrido aquella madrugada de lluvia, en medio de un lodazal donde el ingreso de un contenedor con la inscripción Hamburg Sud que hizo chsiporrotear los cables de la luz, llamó la atención de los vecinos que denunciaron la presencia de “personas extrañas”.

Alejandro Agüero recibió la pena más alta, 12 años de cárcel por el transporte del cargamento, agravado por su condición de policía y por el número de personas. Con él fue considerado partícipe principal Juan Carlos Villalba, que recibió la pena de 7 años. Los jefes policiales Cristian Fabio Hang y Martín Ángel Díaz recibieron 6 años de pena y multas de $ 25.000 cada uno por encubrir el accionar delictivo y falsear el acta. Mientras que Luis Gabriel Cantero fue condenado a 4 años de prisión por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en una causa anexa a la principal. Los otros siete policías de menor rango fueron sentenciados a dos años en suspenso por haber suscripto un acta cuyo contenido sabían falso.