La abuela de Maxi Sosa y su pareja seguirán detenidos

Tanto la abuela del niño Maximiliano Sosa como el hombre que es su pareja continuarán en prisión preventiva. Se trata de una mujer de 41 años y un hombre de 37 años cuyas iniciales son PS y AM, respectivamente, quienes son investigados por los delitos de sustracción de persona menor de 10 años y falsa denuncia en el caso de la abuela del menor. Así lo resolvió el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Héctor Tallarico en dos audiencias celebradas el jueves de la semana pasada y ayer en los tribunales de la ciudad de San Cristóbal.

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“Los defensores de los imputados solicitaron la revisión de la medida cautelar impuesta oportunamente a la abuela del menor y su pareja, y desde la Fiscalía argumentamos por qué creíamos que los imputados debían continuar en prisión preventiva”, informó la fiscal Hemilce Fissore, a cargo de la investigación. En tal sentido, agregó que “esta Fiscalía se opuso a lo peticionado por considerar que continúan reuniéndose como desde el primer momento los requisitos legales para la procedencia de la medida cautelar en curso”. Al respecto, detalló que “el plazo transcurrido es razonable atento a la complejidad investigativa de la causa y las distintas instancias procesales ya transitadas y aún pendientes”.

La fiscal completó que “el juez dio por acreditados los motivos que expusimos desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y resolvió que tanto la abuela como su pareja continúen en prisión preventiva sin plazos”.

Desde 2016

PS y AM están en prisión preventiva desde el 1 de agosto de 2016. Ése día se realizó la audiencia en la que el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), José Luis García Troiano, dictó la medida cautelar para la mujer y para el hombre con el que ella convivía.

“En marzo de 2017 año, el defensor de PS solicitó una revisión de la situación cautelar y el juez Tallarico resolvió mantenerla”, recordó Fissore. “A fines de diciembre del mismo año, la medida cautelar fue tratada por tercera vez y, nuevamente, se resolvió mantenerla por encontrarse elementos que permiten creer en la posible autoría y responsabilidad de la imputada y porque las evidencias aportadas por la defensa no habían variado esta situación”, detalló Fissore.

Respecto de AM, la fiscal puntualizó que “esta es la primer audiencia de revisión solicitada por su defensa”. La funcionaria del MPA agregó que “en ambos casos se mantuvo el criterio acerca de los riesgos procesales que implicaría la libertad de cualquiera de los dos imputados. El menor todavía no fue localizado ni han surgido datos de su paradero, por lo cual, la libertad podría contribuir al entorpecimiento de la investigación como también a la fuga de los dos imputados”.

Mas de dos años

Los delitos por los que se investiga a PS y AM fueron cometidos entre el viernes 18 y el lunes 21 de diciembre de 2015 en la ciudad de Ceres (departamento San Cristóbal). “La mujer investigada y un hombre mayor de edad con el que convivía sustrajeron al menor por entonces de 3 años del poder de su madre sin su consentimiento, lo retuvieron y lo ocultaron para luego desplazarlo a un destino desconocido, por lo cual todavía no se ha podido dar con el paradero del niño”, recordó Fissore.

“El 21 de diciembre, PS se comunicó telefónicamente con la comisaría de Ceres y denunció falsamente la desaparición de su nieto, a sabiendas de la inexistencia del hecho denunciado. Por eso también fue imputada por el delito de falsa denuncia”, agregó la fiscal.

Retrato progresivo

“Como parte de las tareas investigativas, el MPA trabaja con la División de Individualización Criminal de la Policía Federal Argentina con el fin de realizar imágenes progresivas de cómo se vería el menor Maximiliano Sosa en la actualidad”, detalló Fissore. “A partir de las características morfológicas de las últimas fotografías del niño y de un software específico de edición se han confeccionado dos imágenes progresivas”, destacó la funcionaria.

En tal sentido, agregó que “es de suma importancia la difusión de las imágenes, teniendo en cuenta que han pasado más de dos años de la desaparición del niño y esta herramienta nos permite actualizar la búsqueda del mismo”.

Competencia

En relación a la competencia provincial o federal de la investigación, la fiscal señaló que “desde el 22 de septiembre de 2017 el procedimiento se encuentra suspendido y supeditado a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la cuestión de falta de jurisdicción provincial planteada oportunamente por este Ministerio, por entender que existen evidencias que nos permiten afirmar la probabilidad de estar ya ante un delito de competencia excepcional como es el de trata de personas, calificado en nuestro caso”, sostuvo Fissore. “Como anticipáramos, las defensas hicieron énfasis en el transcurso del tiempo y en que no se ha formulado acusación, pero tenemos que destacar que el motivo por el cual no se ha acusado formalmente a los imputados es porque esperamos que la CSJN se pronuncie sobre la cuestión de la competencia”, finalizó Fissore.

El Litoral / Oficina de Prensa y Difusión MPA