CRA

Campolitoral

Frente a las diversas voces que se manifestaron en los últimos días solicitando a los productores que liquiden sus dólares de exportación, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) aclaró en un comunicado que no son los productores los que retienen dólares y señaló a las aceiteras.

“El sector agrícola exportó en el 2017 U$S 21.400 millones de los cuales el complejo oleaginoso participó con U$S 18.500, en el mes de abril se liquidaron divisas por U$S 1.376 millones y se lleva acumulado en lo que va del año U$S 6.057 millones. Es el sector individual que más exporta en el país” recordó la entidad.

El documento explica que los productores tienen sólo un 17% de granos en forma de reserva debido al fuerte impacto que provocó la sequía, lo que los obligó a vender parte de la reserva estratégica (grano almacenado en silo bolsa). “Esta es la única forma en que los productores retienen divisas como resguardo de valor”.

“La liquidación de los dólares de exportación la realizan los exportadores en un 98%, solo hay un 2% de los productores que exportan y liquidan en forma directa. Queda muy claro que no somos los productores los que retenemos los dólares de liquidación de exportación”, resaltó el documento.

Una regulación “flexible”

Desde CRA, se señaló que “el 2 de Noviembre del 2017, el gobierno derogó una serie de normativas relacionadas con el control de cambios y entre ellas extendió el plazo obligatorio para la liquidación de los dólares de exportación a 10 años”.

La medida se fundamentó en el hecho que, normalmente se liquidan con anticipación a la exportación del físico entre 30 a 90 días dependiendo si es grano o producto de valor agregado (Harinas o Aceites).

Sin embargo, la entidad cree que “la derogación de la obligación de liquidación en un plazo razonable en momentos de inestabilidad cambiaria genera muchas suspicacias en cuanto a los tiempos, ya que se generan incentivos para la retención de las mismas buscando un beneficio especulativo”.

Por esta razón, desde CRA consideran necesaria una regulación flexible -aunque rechazan los mercados intervenidos- que “corrija las distorsiones y se adapte a las distintas situaciones, de la misma manera que los productores se adaptan a las condiciones climáticas, y de mercado”.