Buscan desbancarle el gobierno a Mariano Rajoy

La moción, impulsada por el socialista Pedro Sánchez, no tiene "a priori" muchas posibilidades de prosperar ya que requiere una mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, más fragmentado que nunca.

Pero, en medio de la incertidumbre, que se reflejó también en los mercados, lo que parece ya inevitable es que la oposición fuerce la convocatoria de unos comicios anticipados que impedirían a Rajoy acabar el mandato que arrancó en 2016 (en minoría en el Parlamento).

El líder del Partido Popular (PP) pasa por uno de los momentos más delicados de su trayectoria al frente del gobierno, lastrado en los últimos tiempos por su gestión de la crisis independentista de Cataluña y por los casos de corrupción que salpican a su formación.

Fue precisamente la sentencia judicial de uno de ellos, el conocido como "caso Gürtel", lo que llevó al Partido Socialista (PSOE) la pasada semana a impulsar una moción de censura contra el mandatario.

El tribunal que juzgó el caso certificó la existencia de una contabilidad paralela en el PP y la formación de Rajoy fue condenada por lucrarse con la trama corrupta investigada.

En estas circunstancias, los principales partidos de la oposición coinciden en que Rajoy debe salir del gobierno, aunque no hay acuerdo en la forma de provocarlo. La aritmética parlamentaria es complicada ya que ningún partido tiene mayoría absoluta en el Congreso y los intereses electorales de cada uno de ellos pueden suscitar vetos cruzados, por lo que la moción del PSOE tiene pocas opciones.

De momento, el líder de los socialistas cuenta con el apoyo del partido izquierdista Podemos, tercera fuerza parlamentaria, pero no con el de otra formación crucial: Ciudadanos, que no quiere a Sánchez en el poder y aboga por un adelanto electoral.

El partido liberal, que encabeza algunas de las encuestas realizadas recientemente, quiere que el PSOE retire su moción para presentar en su lugar otra de carácter "instrumental" con un candidato de consenso que gobierne un tiempo definido hasta la convocatoria de comicios.

Aunque Sánchez no está dispuesto a ceder, sin el apoyo de Ciudadanos necesita el de los nacionalistas vascos y los independentistas catalanes, algo que podría suponerle un alto coste político en medio de la grave crisis abierta en Cataluña por el proceso separatista.

Una de las fuerzas políticas clave es el Partido Nacionalista Vasco (PNV), que hace unos días permitió al Gobierno de Rajoy aprobar los presupuestos generales del Estado con su apoyo y que todavía no ha especificado qué votará en la moción esta semana.

En la noche del lunes, el socialista inició los contactos con los grupos parlamentarios y anunció que solo tras ser elegido presidente está dispuesto a negociar la fecha de unas elecciones tras un periodo de tiempo al frente del Gobierno para "recuperar la normalidad".

Pero antes, quiere que los diputados respondan con su voto una pregunta clara: "Si tras conocerse la sentencia de la Gürtel, Mariano Rajoy puede continuar como presidente del gobierno. La respuesta es sí o no, no hay posiciones intermedias", según recalcó el martes.

A menos de 24 horas de que arranque en el Congreso de los Diputados el debate de la moción de censura, su resultado es una incógnita.

Rajoy descartó este miércoles dimitir y acusó a los socialistas de "chantaje".

"Mi intención es cumplir el mandato de los españoles y el mandato de esta Cámara, máxime después de haber aprobado en el Congreso los presupuestos la semana pasada", dijo en el Parlamento español.

Si Sánchez no consigue los votos necesarios para echar al líder del PP de la presidencia del gobierno, tanto Ciudadanos como Podemos están dispuestos a presentar una nueva moción para forzar el adelanto de las elecciones previstas inicialmente en 2020.

En medio de la tensión y la incertidumbre, que provocó desplomes esta semana en la Bolsa de Madrid, la situación en Cataluña enturbia todavía más el escenario político español. El nuevo jefe del Gobierno de la región, el independentista Joaquim Torra, dio ayer marcha atrás en su propuesta de gobierno y retiró a los consejeros propuestos que se encuentran en la cárcel o fugados por el proceso indepedentista.

Ésta era una de las condiciones para que Madrid diera el visto bueno al nuevo Ejecutivo y, así, se pudiera levantar la intervención administrativa que el Gobierno central mantiene sobre Cataluña desde octubre, cuando el desafío separatista llegó a su momento culmen con una declaración para crear una república independiente en la región.

Con información de dpa.