Duras críticas al oficialismo por los dos pliegos con sanción ficta

Luis Rodrigo | [email protected]

Con duros términos, en minoría y al solo efecto de dejar sentada su posición públicamente, los legisladores de la oposición mostraron su rechazo a la decisión de sus pares del oficialismo de dejar sin quórum a la Asamblea Legislativa que debía expedirse sobre los pliegos, ya firmes de forma ficta, para el Tribunal de Cuentas.

En dos oportunidades fracasó la sesión de diputados y senadores provinciales porque radicales frentistas y socialistas pegaron el faltazo. Así -por el mero paso del tiempo- quedaron aprobados los pliegos de Sergio Beccari y Lisandro Villar.

Durante la asamblea del 14, fue el senador Joaquín Gramajo (PJ-9 de Julio) quien como presidente de la Comisión Bicameral del Acuerdos informó que pesaba contra los, por entonces, candidatos un dictamen de mayoría que recomendaba el rechazo. Abundó sobre las secuelas institucionales de lo ocurrido, usó las palabras “vergüenza” y “bochorno” y lamentó la ausencia del oficialismo, que -además- priva al Legislativo de tratar un reglamento necesario para que ese Poder pueda controlar de modo directo a fiscales y defensores. Sólo 26 legisladores (sobre los 79 que componen la Asamblea) ocuparon sus bancas.

Diputados enojados

Leandro Busatto del Frente para la Victoria coincidió con Gramajo en que la ausencia del oficialismo es “bochornosa” y dijo: “Hay una contradicción flagrante con la ley que crea al Tribunal de Cuentas, se hace lo contrario a lo que predican la Constitución y las leyes. Los organismos de control quedan prácticamente al borde del quebranto en términos institucionales”.

Dijo que Santa Fe sufre “un proceso de desnaturalización de los organismos de control” y enumeró: el defensor del Pueblo era el ministro de Seguridad, hubo aprobación ficta de tres directores del Enress, y ahora lo mismo con el Tribunal.

Carlos del Frade del interbloque Igualdad señaló “la distancia entre lo que se dice y lo que se hace” y recordó que al asumir Binner había dicho “con claridad que había que autolimitarse en el deseo de llenar la Justicia de gente amiga, funcional o partidaria”.

“¿Dónde queda la palabra independencia, la independencia de los poderes?, ¿dónde, la palabra transparencia? Quedan alojadas en el diccionario de las cosas que no se usan”.

Advertencia

Alejandra Vucasovich (Cambiemos) dijo que los legisladores opositores “estamos aquí defendiendo los intereses del pueblo” y aseveró: “El oficialismo cree poder hacer lo que quiera, y va a dejar al zorro dentro del gallinero: quien manejó los ingresos públicos de la provincia va a controlar”.

“Es lamentable que no tomen conciencia de que el poder no es eterno (...) Les dimos la posibilidad de retirar el pliego, pero no, vienen por imposición. Una imposición fraudulenta, que contradice la ley y que carece de legitimidad. Ni siquiera nos dan la posibilidad de debatir y contar los votos. Es un mal ejemplo para la democracia.

Algunos de nosotros estamos dispuestos a seguir esto hasta las últimas consecuencias. Esto fue una falta de respeto, una imposición, y con esto se rompió el diálogo.

También Luis Rubeo (Bloque Justicialista) advirtió: “Vamos a llevar adelante otro tipo de instancias que permitan ver si de alguna forma podemos ponerle freno” a estas designaciones.

“Hay violaciones manifiestas con lo que marca la ley en el pliego del Dr. Beccari. No puede ser integrante del Tribunal de Cuentas quien ocupó un cargo en el gobierno. No han pasado dos años desde que fue secretario de Ingresos Públicos. Y hay categóricas expresiones de universidades y colegios profesionales”, agregó.

“Me preocupa muchísimo que este Poder Ejecutivo a 18 meses de la finalización de su mandato cometa estos actos (...) ¿Y si mañana por decreto al gobernador, como tiene una necesidad política, se le ocurra reformar la Constitución y hacer una cosa de este estilo?”, expresó.

“Hay doble discurso”

Julio Eggimann (Juntos Por Santa Fe) subrayó que “desde la Comisión de Acuerdos pudimos hacerle sabe al gobernador, tiempo atrás, en una reunión que queríamos colaborar para cubrir las vacantes en la Justicia y en los organismos de control, para mejorar su funcionamiento. Pero también que era necesario revisar el proceso de selección de postulantes, con más transparencia, seriedad y calidad institucional. El gobernador se mostró de acuerdo. Seguimos propiciándolo en la Comisión. Se le hizo saber de las objeciones, de los riesgos jurídicos de aceptar estos postulantes. La respuesta es ésta: un doble discurso inaceptable, a la hora de la verdad no se cuida la transparencia. Es una actitud antidemocrática”.

Finalmente, Silvia Simonsini (Frente Justicialista para la Victoria) recordó que su bloque presentó una impugnación a los pliegos que envió el Ejecutivo con los argumentos que se han expresado. “Esta aprobación ficta es un acto de ilegalidad y es ilegítimo lo que ocurre. Le hacen daño a las instituciones y a la política: es una vergüenza que los legisladores del oficialismo usen estos artilugios para completar los organismos de control. La transparencia, la seriedad y el respeto son condiciones básicas de la política. Hoy, no las vemos en la ausencia del oficialismo. ¡Qué vergüenza!”.

Senadores del PJ repudian atentados contra jueces

El bloque de senadores provinciales del Partido Justicialista manifiesta su más enérgico repudio a la nueva escalada de atentados mafiosos contra domicilios de familiares de los funcionarios judiciales que intervinieron en resonados casos de bandas criminales vinculadas con el narcotráfico.

Mediante un comunicado, expresa asimismo su solidaridad con las víctimas a la vez que reclaman mayor eficacia en las tareas de inteligencia y prevención de estas acciones mafiosas y un mayor compromiso del Ministerio de Seguridad Pública en sus políticas que lejos de dar protección a la ciudadanía parecerían dejar liberada a su propia suerte a los santafesinos que quieren vivir en paz.

Es preocupante ver cómo la escalada de violencia parece no tener responsables y las lamentables explicaciones del Ministro de Seguridad parecen más una provocación que un compromiso de evitar amenazas y atentados.

Por la magnitud y reiteración de los hechos de violencia registrados es sólo por un milagro que no hubiera existido riesgo de vida para algunos integrantes o familiares del Poder Judicial.

Se hace imprescindible -subraya el texto- que los organismos de seguridad del gobierno provincial adopten medidas mucho más estrictas y enérgicas para custodiar a los operadores judiciales y aquellos que han estado en contacto con causas graves vinculadas con el narcotráfico.