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Cristian Rivadeneyra tenía un complejo de cabañas en Saladero Cabal y dos propiedades en la ciudad de Rafaela, donde se cree que “cocinaba” cocaína. Además, están imputados su ex pareja, una vendedora y un proveedor de estupefacientes.
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Cuatro personas están siendo juzgadas por el Tribunal Oral Federal de Santa Fe, acusadas de formar parte de una red dedicada a la comercialización de estupefacientes, que operaba en la ciudad de Rafaela y el pueblo costero de Saladero Cabal, en el departamento Garay.
El debate iniciado este miércoles por la mañana, en el edificio de Primera Junta y San Jerónimo, tiene como principal imputado a Cristian Javier Rivadeneyra, un hombre de 40 años oriundo de la provincia de Buenos Aires, pero radicado hace ya un tiempo en Rafaela. Conocido por su apodo de “Gordo Maradona”, era dueño de un complejo de 8 cabañas ubicadas en la villa turística que se emplaza sobre la Ruta Provincial Nº 1, a la vera del río San Javier, unos 135 km al norte de la capital provincial. A pesar de no tener una fuente de ingresos conocida, “Maradona” era poseedor de un auto Audi A4, una camioneta Honda CRV y tenía dos propiedades en la Perla del Oeste, una casa en calle J.J. Paso al 1700 y una casaquinta en la esquina de Los Tilos y Los Robles, del barrio Villa Los Álamos.
Una denuncia anónima apuntó su domicilio, su auto y dijo que “andaba en algo raro”, para luego referirse lisa y llanamente al comercio de drogas. La investigación se inició el 15 de julio de 2015 y estuvo a cargo de la Unidad Especial de Procedimientos Judiciales de Gendarmería Nacional, regional Rafaela, bajo la dirección del Juzgado Federal de la misma jurisdicción.
40 testigos
Se hicieron los primeros trabajos de inteligencia, los que confirmaron las sospechas sobre Rivadeneyra, pero con él comenzaron a ser investigados sus vínculos más cercanos. Las sospechas se posaron sobre dos mujeres: su pareja, Rocío Natalí Núñez (28), y Valeria Ramondelli (39), una acompañante terapéutica que se dedicaba a la venta de drogas. Además, fue detenido Eduardo Nicolás Mazzón, un marino mercante de 45 años que vivía en Saladero Cabal y que para los investigadores era el encargado de proveer la sustancia ilícita a Rivadeneyra.
En total, se espera que declaren durante el juicio unas 40 personas, entre las que cuentan dos testigos de identidad reservada, confiaron fuentes judiciales.
El tribunal está presidido por el Dr. Luciano Lauría y son vocales los Dres. María Ivón Vella y José María Escobar Cello. Mientras que el Ministerio Público Fiscal se encuentra representado por el fiscal general Martín Suárez Faisal.
Por su parte, los imputados cuentan con la asistencia técnica de los abogados Claudio Torres del Sel y Federico Scarinci -por Rivadeneyra y Núñez-; Germán Verna -por Ramondelli-; y Alfonso Rodríguez y el Dr. Sánchez Lecumberri -por Mazzón-.
Elevación a juicio
La causa fue elevada a juicio por el juez federal de Rafaela, Miguel Abásolo, a pedido del fiscal federal Federico Grimm, quien el 15 de marzo de 2017 formuló requisitoria de elevación a juicio para los cuatro, bajo los cargos de “comercialización de estupefacientes agravada por la intervención de tres o más personas en forma organizada” en calidad de coautores.
Al margen, Rivadeneyra y Núñez fueron acusados además como coautores de “guarda de semillas para producir estupefacientes”, “guarda de elementos destinados a la elaboración de estupefacientes”; y “privación ilegal de la libertad agravada por violencia y amenazas contra un menor de edad” en calidad de coautores; y por último a Rivadeneyra se le imputó el delito de “suministro de estupefacientes a título gratuito agravada por haberse cometido contra un menor de edad”.
A propósito de los bienes detectados, el fiscal Grimm solicitó en uno de los puntos de su escrito, la apertura de una investigación por el presunto delito de “lavado de activos provenientes del tráfico de estupefacientes” contra “Maradona” Rivadeneyra, sus familiares directos, su pareja y otras personas que pudieran verse involucradas.