"Hay que poner las políticas públicas por encima de las creencias personales"

Nancy Balza | [email protected]

María de los Ángeles Sacnun es senadora nacional por Santa Fe (FpV-PJ) e integra la comisión de Justicia, una de las tres que -junto con Salud, y Asuntos Penales y Constitucionales- compuso el plenario que a lo largo de un mes debatió el proyecto de legalización del aborto que llegó a la Cámara alta con media sanción de Diputados. De ese plenario se esperaba, el último miércoles, un dictamen, paso previo al debate que tendrá lugar el 8 de agosto en el recinto. Sin embargo, no hubo resolución y hasta ahora, según las últimas novedades, el tema llegará al Senado con paridad de posiciones.

Sobre este tema y su conocida posición a favor de la despenalización del aborto, pero también sobre el debate previo al tratamiento de la ley, y sobre la necesidad de fortalecer las políticas de educación sexual y salud reproductiva como instancias ineludibles para evitar embarazos no deseados, habló con El Litoral.

- ¿Por qué no hubo dictamen el 1° de agosto?

- Por una cuestión reglamentaria y de cómo se obtenían las mayorías para el plenario de comisiones. Ahí se produjo una discusión sobre si se contaban las mayorías sobre el total de las tres comisiones, como si funcionara como una sola, o si había que tener en cuenta la mayoría en cada comisión, considerando que tienen distinta cantidad de integrantes. En definitiva, obtuvimos 26 firmas en el dictamen que es el que vamos a defender. El bloque del Frente para la Victoria-PJ decidió, por unanimidad, sostener el proyecto con las modificaciones que se introdujeron, con el objeto de que la ley no naufrague en el Senado. Con estas modificaciones, intentamos que senadores y senadoras que quizás tenían reparos por distintas cuestiones en torno al proyecto como venía de Diputados, tengan la oportunidad de acompañar, y que el proyecto no tenga un rechazo total. El rechazo total significaría que durante dos años pierda estado parlamentario.

Una respuesta desde la salud

“Para nosotros este es un tema trascendental”, sostiene Sacnun y argumenta que “en primer lugar hay que plantear que roza aspectos que tienen que ver con el sistema de creencias, con valores y posicionamientos religiosos, jurídicos y médicos. No decirlo sería sesgar la amplitud de la discusión que es muy profunda, porque tiene que ver con que tenemos una profunda raigambre desde el punto de vista religioso en la República Argentina”.

Y aporta: “La Iglesia, pero no como factor de poder, sino como posicionamiento frente a la vida y los valores, ha tenido una ascendencia muy importante en nuestro país y acompañó las distintas etapas en que ha evolucionado”. En este punto, señala que “no se trata de un posicionamiento personal o de intentar imponer nuestro propio sistema de valores, y esto lo digo como cristiana, porque entiendo que vivimos en un Estado laico donde no todos tienen el mismo sistema de valores y las mismas creencias que podemos tener como legisladores”.

En esa línea considera que “nuestra conducta, en nuestro carácter de legisladores nacionales, debe estar más ceñida a este Estado laico y a poder abrazar al conjunto de la sociedad, en el entendimiento de que el debate no es binario entre pro-abortistas y anti-abortistas. De ninguna manera se me ocurre que alguien pueda fomentar o incentivar el aborto como si se trata de una práctica anticonceptiva. Claramente el aborto sucedió, sucede y seguirá sucediendo en la sociedad argentina, atraviesa a mujeres de todas las clases sociales y de todas las edades. Lo que sí es patrimonio de una sola clase social son las muertes de las mujeres víctimas de abortos clandestinos, practicados en condiciones de seguridad lamentables y paupérrimas. En este sentido, es la sociedad democrática la que debe dar una respuesta y la respuesta es desde la salud pública”.

- Desde la salud pública y por encima de las creencias.

- Estoy poniendo la cuestión de las políticas públicas por encima de mis convicciones. Me parece que hay que plantear, para que no se confunda, que la ley no obliga a ninguna mujer a abortar; incluso condena fuertemente al médico que, contra la voluntad de la mujer, le practique un aborto. A su vez introduce un capítulo de educación sexual integral que es central porque, en todo caso, la interrupción voluntaria del embarazo debe ser la última opción: antes, debemos trabajar fuertemente en el financiamiento de políticas públicas como la educación sexual integral que es fundamental para poder decidir. Y también en la distribución gratuita de anticonceptivos y preservativos para evitar embarazos no deseados y, por supuesto, para evitar el aborto.

- Son los pasos que se obviaron o fallaron hasta ahora.

- Y que han tenido un fuerte desfinanciamiento. A partir de 2015, cuando se observan los cuadros comparativos en cuanto al nivel de inversión del Estado en educación sexual integral, en materia de salud reproductiva y de distintos programas como el Remediar que facilitaba el acceso a anticonceptivos y preservativos gratuitos, se advierte que hubo una falta de atención en estas políticas públicas que deben ser centrales a la hora de hablar de derechos de salud sexual y reproductiva, en este caso, para las mujeres.

Una agenda de género

- La ley perdería estado parlamentario por dos años, pero en ese plazo va a ser otra la composición del parlamento, y todo indica que este tema va a ser ineludible en la próxima campaña electoral.

- Es central avanzar como sociedad en superar muchos prejuicios y en tener la valentía de debatir estas cuestiones. Hay que abordarlas y debatirlas: el siglo XXI va a estar atravesado por la agenda de género que no se circunscribe sólo a los derechos sexuales y reproductivos, y claramente plantea la cuestión de los derechos económicos y laborales y la redistribución del ingreso. Achicar la brecha y las asimetrías que existen todavía entre hombres y mujeres es central; las políticas de endeudamiento que se están llevando adelante son regresivas en materia de distribución del ingreso. Y teniendo en cuenta que partimos con asimetrías, con situaciones diferenciales desde un inicio, cuando se profundizan los procesos recesivos y de endeudamiento, la feminización de la pobreza también se profundiza.

- Precisamente, entre los temas del Women 20 -conferencia paralela al G20- está el acceso de mujeres a los créditos y su situación en el sector rural. Son cuestiones que, al menos desde el discurso, están instaladas.

- Lo importante es que esta agenda de género la tienen los organismos internacionales y el Estado nacional desde hace muchos años. Ahora debemos lograr que el parlamento de la Nación la recoja y pueda discutir con altura, mucho respeto y mucha profundidad estas temáticas.

Conocer para decidir

- Volviendo al tema de las audiencias en las comisiones, es la primera vez que asistimos a un debate de estas características.

- Se pudieron escuchar todas las voces. Hay antecedentes de leyes que se fueron forjando con mucha discusión social, pero aquí hubo una irrupción en la calle de miles de mujeres visibilizando la problemática, mostrando estadísticas, discutiendo con números en la mano. En la República Argentina se producen entre 350 mil y 500 mil abortos al año; son datos oficiales que a lo mejor no tienen una estadística tan certera en virtud de que es una práctica ilegal. Poniendo sobre la mesa esta situación, trabajando sobre estas cuestiones importantes que tienen que ver con la educación sexual integral, anticonceptivos y preservativos gratuitos y garantizando su acceso, no solo va a bajar la mortalidad de mujeres sino que seguramente bajarán los abortos, porque la información permite que se eviten embarazos no deseados.

- Es imposible hacer futurología y anticipar lo que va a ocurrir en la sesión del 8 de agosto.

- En este momento hay una total paridad, por lo tanto no nos podemos aventurar. Claramente permitir la introducción de reformas al proyecto garantizó la paridad; de lo contrario, había una mayoría que planteaba el rechazo.

Si algo caracterizó a este debate fue la transversalidad. Hemos accedido entre todos a modificaciones que -nos parece- no cambian el nuevo paradigma que hay que instalar con una absoluta centralidad en la salud pública y, en función de eso, tratan de garantizar que aquellos senadores y senadoras que tenían ciertos reparos acompañen el proyecto”. María de los Ángeles Sacnun, Senadora nacional por Santa Fe.