Se lanzó la campaña "Iglesia y Estado: asunto separado"

Redacción El Litoral

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Manuel Ochandiu y Maximiliano Segovia, presidentes del Instituto Laico de Estudios Contemporáneos (Ilec) a nivel nacional y provincial respectivamente, encabezaron la presentación de la campaña “Iglesia y Estado: asunto separado”, la cual apunta a que el Estado deje de financiar cultos religiosos (principalmente el católico, por ser el ampliamente dominante en nuestro país). La reunión tuvo lugar en el aula San Martín, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, y en sus inmediaciones los interesados pudieron adquirir los pañuelos naranjas de la campaña.

Desde la entidad, aseguraron que “el Estado es laico, pero hay intromisiones”.

“La Iglesia es un Estado extranjero, porque son ordenados en el Vaticano. Y si un Estado interfiere en la toma de decisiones de otro, es operación de inteligencia” consideró Ochandiu, quien comenzó su exposición explicando la campaña desde el punto de vista jurídico.

Luego de aseverar que “no es necesario cambiar la Constitución” para el fin de la campaña, y que “los derechos tienen tres etapas: represión, tolerancia y aceptación”, se expresó acerca de las “intromisiones” anteriormente mencionadas.

“Buscan extender las normas católicas al resto de la sociedad. Y no quieren que los hombres nos deconstruyamos, porque las leyes de la Iglesia se basan en el patriarcado”, aseguró.

“No se trata de derecha o izquierda. Las normas no son sólo jurídicas, son culturales”, agregó.

A su turno, Segovia aseguró que “el Estado laico significa ampliación de derechos”.

“La Iglesia se opuso al divorcio, al matrimonio igualitario, y ahora quiere negar el aborto”.

Al ser consultados por el público por la apostasía (renuncia formal a la Iglesia) como acción colaborativa para la campaña, los representantes del Ilec respondieron que “ésa es una decisión íntima. Si alguien siente que la apostasía es su método de lucha, que lo haga” enunciaron.

Presupuesto

En marzo del corriente año, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, dio en el Congreso la información de cuánto destina el Estado para los sueldos de los sacerdotes.

Los fondos enviados directamente por el Estado nacional tienen una partida presupuestaria de unos 0,4 millones, que se traduce en que un obispo diocesano cobra .800 mensuales; un obispo auxiliar, .950; un obispo emérito, .950; y los administradores apostólicos y diocesanos perciben .800.

Desde la secretaría de Culto de la Nación, aseveran que “se trata de asignaciones a los obispos, no sólo sueldos. Muchas veces se detallan para gastos generales de sus diócesis”.