La crisis en Nicaragua estalló el 18 de abril con una protesta estudiantil contra el proyecto de reforma de la seguridad social que, pese a la anulación de la medida, se extendió y agravó tras la violenta actuación de la Policía y el Ejército.
Protestas en Nicaragua contra Ortega. Foto: Archivo
El Litoral
La ONU pidió este miércoles medidas urgentes para abordar la crisis de derechos humanos que vive Nicaragua, donde denunció "represión y represalias" contra los manifestantes que desde abril protestan contra el Gobierno del presidente, Daniel Ortega.
"La represión y las represalias contra los manifestantes prosiguen en Nicaragua, mientras el mundo aparta la vista", denuncia la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en un comunicado publicado en Ginebra.
La crisis en Nicaragua estalló el 18 de abril con una protesta estudiantil contra el proyecto de reforma de la seguridad social que, pese a la anulación de la medida, se extendió y agravó tras la violenta actuación de la Policía y el Ejército. ONGs de derechos humanos cifran en 450 muertos y 2.800 heridos las víctimas desde entonces, pero el Gobierno de Ortega reconoce sólo 198 muertes.
"La violencia y la impunidad de los últimos cuatro meses han puesto de relieve la fragilidad de las instituciones del país y del Estado de derecho, y han generado un contexto de miedo y desconfianza", añade el titular de la institución, Zeid Ra’ad Al Hussein.
Ante ese alto grado de represión, muchas personas que participaron en las protestas o simplemente defendieron los derechos de los manifestantes o expresaron opiniones disidentes se han visto obligadas a esconderse o a salir del país, apunta el texto.
Al Hussein llamó al Consejo de Derechos Humanos y a la comunidad internacional a adoptar "medidas específicas" para evitar disturbios sociales y políticos aún más graves, así como a exigir responsabilidades por las violaciones y abusos de derechos humanos y reparar a las víctimas.
El informe de la ONU documenta, entre el 18 de abril y el 18 de agosto, violaciones como el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía que van desde detenciones arbitrarias y generalizadas, torturas y malos tratos hasta desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, además de violaciones del derecho a la libertad de opinión, expresión y reunión pacífica.
El texto habla de dos fases de crisis: una primera, hasta mediados de junio, de represión de las protestas por parte de la Policía y "elementos armados progubernamentales" y una segunda de "limpieza", en la que la Policía y "elementos armados progubernamentales" desmontaron violentamente las barricadas y bloqueos instalados por los manifestantes, conocidos como "tranques".
Según la ONU, esos elementos armados actuaron con el beneplácito e incluso coordinados con las autoridades estatales de alto nivel y la Policía Nacional
"Aunque el Gobierno ya no niega la existencia de elementos armados progubernamentales, sí aprueba sus acciones y les permite operar con impunidad", denuncia el texto.
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