El Litoral
El gobierno argentino se propone lanzar en septiembre una aplicación para teléfonos celulares que permitirá identificar a los inmigrantes irregulares, un anuncio que generó preocupación en las organizaciones de derechos humanos.
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Argentina lanzará una aplicación para detectar a inmigrantes irregulares a partir de septiembre. El software se enmarca en la polítíca de "ser muy amplios con todos los que vienen a sumar al esfuerzo de los argentinos y tener restricciones para los que vienen con un rumbo distinto que no sea el de producir, trabajar y estudiar en este país", declaró a dpa el director nacional de Migraciones, Horacio García.
El país vive desde hace años una intensa ola inmigratoria, que se incrementó en los últimos tiempos con la llegada de decenas de miles de venezolanos.
Unas 560.000 personas obtuvieron la radicación en el país sudamericano en los últimos dos años y medio. "Esta es la cifra más importante de toda Latinoamérica. Ningún país de la región ha radicado más personas que nosotros, nadie ha sido más amplio con los migrantes que la Argentina", destacó.
El programa, que aún debe reglamentarse, estará vinculado a las bases de datos del Registro Nacional de Personas (ReNaPer), de Interpol, del registro de reincidencias y de Migraciones, explicó el funcionario.
"Lo que va a marcar es si una persona está radicada o no en el país. Si la persona no está radicada, hacemos lo que dice la ley: intimamos a que esa persona se radique en un plazo de 30 días", precisó García.
Junto con esta aplicación denominada Sistema de Identificación de Migrantes en Línea (Simel) se lanzará la plataforma de Radicación de Extranjeros a Distancia (Radex).
"Nadie es más amplio con los migrantes que Argentina". Horacio García, Migraciones.
Los inmigrantes podrán iniciar el trámite en el sistema Radex para obtener la residencia temporaria o permanente a través del envío de su documentación escaneada. Una vez procesada la solicitud, se citará al interesado a las oficinas oficiales para sumar los datos biométricos, como la foto y las huellas dactilares, lo que permitirá acelerar todo el proceso.
"Todo esto está concatenado, verificamos si la persona está radicada o no, si la persona no está radicada se le ofrece el Radex para que se radique, pensando en que después tenemos que orientar el flujo migratorio. Si las personas están invisibilizadas, jugamos a favor de los traficantes, de los tratantes", advirtió el jefe de Migraciones.
García anticipó que la aplicación será puesta a disposición de los estados de la nación y provinciales. "Después se diagramará a quién se le quiere otorgar estos celulares", señaló, y estimó que podría ser utilizado por "personal de Migraciones, o pueden ser fuerzas de seguridad".
La iniciativa generó preocupación entre los organismos de derechos humanos y más de 50 organizaciones presentaron un pedido de información.
La objeción
La directora de Política y Justicia Internacional de Amnistía Internacional Argentina, Mariana Marques, expresó a dpa que esta aplicación implicaría una violación de la ley vigente, que establece que sólo funcionarios de la Dirección Nacional de Migraciones tienen la capacidad de investigar o fiscalizar la situación de irregularidad de los migrantes, y en casos en los que haya una sospecha fundada.
"Además, puede tener un efecto secundario indeseado y muy peligroso, que es alejar a la población migratoria de la administración pública, inhibir a quien busque atención sanitaria".
En el mismo sentido se manifestó Diego Morales, director de Litigio y Defensa Legal del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
"La principal objeción es que no sabemos cuál es el uso que se la va a dar a esta aplicación. Se dice que es para controlar la irregularidad migratoria, pero ésta no se controla, se regulariza. No es un problema del migrante, es una obligación del Estado resolverla", declaró a dpa.
El especialista aclaró además que "preocupa el uso de esta herramienta por parte de cualquier funcionario público". "Si ese poder lo va a tener cualquier funcionario, no se sabe tampoco si ese funcionario va a poder negar el acceso a un derecho, negar la presentación de una documentación. Si un migrante llega a un médico y solicita una atención de urgencia, ¿el médico debe revisar primero cuál es su situación migratoria?", cuestionó.
El director nacional de Migraciones aclaró que el control lo determinará el Estado, pero no descartó que también lo realicen agentes sanitarios. "El artículo VIII de la ley de migraciones dice que las autoridades sanitarias tienen que hacer regularizar a las personas informándole a Migraciones. ¿Cómo informa, por ejemplo, una autoridad sanitaria si alguien está en situación regular o irregular si no tienen manera de constatar?", se preguntó García.
El jefe del área remarcó que el control migratorio es un tema nodal. "O nos empezamos a organizar con respecto a la inmigración o vamos a tener los problemas que tiene el mundo. ¿O no vemos lo que pasa en Italia, en España, en Estados Unidos con 3.000 kilómetros de frontera con México? Nosotros tenemos 9.700 kilómetros de frontera seca, organicémonos racionalmente sin histeria y sin prejuicios", urgió.