Es por la demora e inconvenientes en la obra, que se encuentra paralizada hace unos treinta días. El concejal Ignacio Martínez Kerz (PJ-Santa Fe es una sola) solicitó beneficios tributarios en Tasa General de Inmuebles, Derecho de Registro e Inspección y pidió al municipio interceder ante la provincia por el Impuesto Inmobiliario.
Foto: Archivo El Litoral / Mauricio Garín
El viernes pasado ingresó en el Concejo local un Proyecto de Ordenanza que impulsa el edil justicialista Ignacio Martínez Kerz para establecer como beneficios tributarios la eximición de pago de la Tasa General de Inmuebles para todos los vecinos frentistas a la obra del Desague Espora, y del Derecho de Registro e Inspección para quienes además posean comercios en la misma situación.
El proyecto de ordenanza, que será girado a las comisiones del cuerpo esta semana, encomienda al municipio la determinación de los contribuyentes alcanzados respetando los relevamientos y registros efectuados por las áreas operativas. Además, Martínez Kerz solicita a la Municipalidad realizar las gestiones pertinentes ante Gobierno de la Provincia a efectos de eximir del impuesto inmobiliario a los contribuyentes alcanzados por la norma.
“Vecinos y comerciantes afectados por la obra han manifestado su preocupación y malestar por el estado en que se encuentran las calles del barrio donde la empresa realiza los trabajos. Este parate de más de treinta días está trayendo graves problemas. Las obras paralizadas, que han destruido total o parcialmente determinadas calles, imposibilitan el normal tránsito, generan malestares, problemas de circulación, imposibilidad de acceder a los servicios públicos de transporte y los servicios públicos de emergencia, inseguridad, aguas servidas, y un sinfín de inconvenientes”, expresó Martínez Kerz.
Razonable tolerancia
“Entendemos la importancia de esta obra, medular para el saneamiento hídrico de nuestra ciudad; obra que se lleva a cabo desde el Municipio como parte del Plan Director de Desagües Pluviales, y que es financiada por el Estado Nacional. Pero también entendemos que, a raíz de su paralización, y los inconvenientes que se han producido, se escapa a la razonable tolerancia que debe soportar cada vecino ante una intervención estatal”, fundamenta el edil en el pedido.
“Esta renuncia tributaria, que solicitamos al Estado Municipal, atiende a un objetivo superior de política social y económica. Es, además, un reconocimiento a aquellos inconvenientes que superan lo tolerable y, además, una compensación justa y equitativa teniendo en cuenta que el Estado Municipal ya ha tomado la decisión, en muchos casos, de acceder a este tipo de medidas en otros sectores de la ciudad”, explicó Martínez Kerz.
Desde el Municipio advirtieron que son “un amplio y conflictivo grupo familiar de barrio Libertad atravesado por la violencia familiar, el consumo abusivo y el delito”. Incluso habían intervenido en situaciones que terminaron con la separación de niños de esa familia.
Es una obra de Participación Público Privada, es decir que al financiamiento lo aportará un privado, que luego recuperará esa inversión por una devolución del gobierno nacional y por cobro de peaje.
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