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Miércoles 26.09.2018 - Última actualización - 7:09
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Asuntos Laborales no priorizará el debate

Se dilata el tratamiento de la ley de ART en Diputados

Los proyectos están en la agenda de la semana pero persisten las diferencias entre bloques. Propuesta para convocar a una audiencia pública sobre la materia.

El socialista Solis (izq) tiene a su cargo la Comisión de Laborales donde están los proyectos de ART. Busatto (der) quiere escuchar a las partes en audiencia pública sobre el tema. Foto: El Litoral




Asuntos Laborales no priorizará el debate Se dilata el tratamiento de la ley de ART en Diputados Los proyectos están en la agenda de la semana pero persisten las diferencias entre bloques. Propuesta para convocar a una audiencia pública sobre la materia. Los proyectos están en la agenda de la semana pero persisten las diferencias entre bloques. Propuesta para convocar a una audiencia pública sobre la materia.

Mario Cáffaromcaffaro@ellitoral.com

 

Seis proyectos de ley referidos a la posible adhesión de Santa Fe a los cambios a ley de riesgos de trabajo están en la agenda de la Comisión de Asuntos Laborales, Gremiales y de Previsión para este miércoles, aunque parece lejano un posible dictamen más en momentos en que el problema central pasa por suspensiones y despidos en empresas de la provincia. “La crisis de empresas y las suspensiones de miles de trabajadores hacen retrasar el tratamiento del asunto” admitió el socialista Miguel Solís, presidente de dicha comisión. El asunto tiene fijado tratamiento preferencial para la sesión de este jueves.


En tanto, en la última sesión el justicialista Leandro Busatto propuso que la Cámara realice una audiencia pública para discutir la posible adhesión santafesina a la ley 27.348. 


Cuando este miércoles se reúna Asuntos Laborales tendrá los seis proyectos sobre la mesa para analizarlos y resolvería postergar el tratamiento. “Necesitamos más consenso entre las distintas bancadas” reconoció Solís a El Litoral.


El presidente de la Nación, Mauricio Macri, y los sectores empresariales reunidos en las distintas cámaras han pedido reiteradamente la adhesión santafesina a la ley nacional. Desde Cambiemos hay proyectos presentados por Federico Angelini, Miriam Cinalli y Raúl Fernández. El radical Julián Galdeano sumó su propia iniciativa y también hizo lo propio la bancada socialista a través de Rubén Galassi. En Laborales, con mayoría de miembros del Frente Progresista se inclinarían por tomar el proyecto de Galassi -adelantado ya por El Litoral- y no la adhesión lista y llana como plantean desde Cambiemos.


De todas maneras, Asuntos Laborales parece más abocado a escuchar a dirigentes gremiales y a trabajadores que van a plantear preocupación por sus fuentes laborales. Ya la semana pasada la Cámara unificó en una declaración su postura ante lo que ocurre en General Motors, Helvética, Electrolux, Metalsur, Oil Combustibles y Dasa.

 

Audiencia pública


Busatto propuso la semana pasada que la Cámara convoque a una audiencia pública en el hall de Legislatura para escuchar a instituciones sindicales, civiles, colegios profesionales y otros interesados en opinar o emitir recomendaciones sobre la posible adhesión de Santa Fe a la norma nacional.


Para el justicialista “el proyecto se enmarca en uno de los requerimientos del gobierno nacional a las provincias, tendientes a restringir derechos, en este caso en claro perjuicio de los trabajadores”.


El legislador recordó que en la década del 90 surgieron “las Aseguradoras de Riesgo del Trabajo (ART) como primas hermanas de las Administradoras


de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP)”. La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucional aspectos de la ley de riesgos de trabajo y la reforma sancionada apuntó a subsanar los cuestionamientos legales. Sin embargo para Busatto esa reforma tiene como objetivo central el de “obstruir la posibilidad de acceso a la jurisdicción de los trabajadores y trabajadoras accidentados, reafirmando los cimientos del cuestionado sistema instaurado en 1995”. Sostiene además que la ley “vulnera derechos fundamentales de los trabajadores, sujetos de preferente tutela jurisdiccional, y el principio de progresividad reconocido por la Constitución Nacional y los pactos internacionales”.

 

Emergencia


Un proyecto de ley ingresado por Rubén Giustiniani propone declarar la emergencia pública en materia ocupacional en la provincial por 180 días dándole fuertes competencias al ministerio de Trabajo para actuar ante casos de despidos o suspensiones. El proyecto además lleva las firmas de sus compañeros de interbloque (Carlos Del Frade, Mercedes Meier y Silvia Augsburger) pero también de Héctor Cavallero (PPS) y de Luis Rubeo (PJ).


Giustiniani admite que el antecedente del proyecto es otro presentado por Alberto Cejas que terminó siendo la ley 12.954 en el año 2008 cuando la crisis internacional repercutió negativamente en la economía del país y de la provincia, produciendo despidos masivos en empresas de distintas ramas, principalmente la metalúrgica, el comercio y la automotriz.

 

Insisten en las bondades del sistema


Trabajadores, empleadores y Gobierno remarcaron la reducción drástica de la litigiosidad en aquellas provincias que adhirieron a la nueva ley de ART, el descenso en el monto de las alícuotas, mayor previsibilidad para inversiones y un avance en la transparencia de los procesos estatales. Fue durante la jornada de análisis desarrollada con motivo de cumplirse un año y medio de la sanción de la Ley Nº 27.348. Entre otros, participaron el ministro de Producción de la Nación, Dante Sica; del secretario de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Juan Carlos Paulucci; del Superintendente Gustavo Morón, del presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo y del secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), Gerardo Martínez.


Morón fue el encargado de poner en cifras lo sucedido a partir de febrero de 2017 a la fecha. “Los resultados son contundentes: en aquellas provincias que adhirieron a la Ley Nº 27.348, los costos de las alícuotas que pagan los empleadoras a las aseguradoras de riesgos del trabajo se redujeron a 2,9% de la masa salarial. Mientras que las que no lo hicieron tienen un costo en sus alícuotas de 3,8%. Estamos en condiciones de constatar que, a partir de la sanción de la nueva Ley de Riesgos del Trabajo, la litigiosidad se redujo 34%, se homologan el 89% de los casos presentados en las comisiones médicas y se produjo un ahorro como consecuencia del abaratamiento de las alícuotas del 3,02%”.


Desde la sanción de la nueva ley de riesgos del trabajo, 14 provincias adhirieron a la reforma que, entre otras cosas, introdujo la intervención de la Comisiones Médicas como la instancia administrativa, obligatoria, previa y excluyente antes de cualquier acción judicial.




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