El Litoral
El Ministerio de Hacienda de Costa Rica fue autorizado este miércoles por el Banco Central para llevar a cabo una millonaria emisión de letras del Tesoro para enfrentar la falta de liquidez y honrar así obligaciones financieras en el corto plazo.
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La solicitud para emitir 498.000 millones de colones (unos 850 millones de dólares) la realizó ante el Central la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar. La ministra explicó que se trata de una inversión de corto plazo para evitar adquirir financiamiento más caro en el mercado.
Se trata de una medida extraordinaria de la que el Gobierno de Costa Rica no hacía uso desde 1994, dijeron expertos a la prensa local.
La medida se produce en momentos en que el país es sacudido por una huelga convocada por los sindicatos, que ya se prolonga por 16 días, para rechazar un paquete impositivo que impulsa el Gobierno para mitigar un grave desfase en las finanzas públicas.
La huelga parecía tender hacia una prolongación durante esta semana, ante la ausencia de un acuerdo entre el Gobierno y los gremios.
El presidente Carlos Alvarado advirtió en cadena de radio y televisión que Costa Rica no puede postergar más la aprobación de su paquete fiscal.
"El tiempo se agotó", enfatizó el mandatario, tras insistir en que el problema fiscal que enfrenta el país es "delicado".
La emisión de bonos permitirá al Gobierno pagar salarios y otros compromisos, así como deudas, explicaron autoridades del Ministerio de Hacienda.
En este contexto, la imagen del presidente de Costa Rica, quien ganó la segunda ronda electoral de abril, se ha desplomado tras cuatro meses de Gobierno, según una encuesta de opinión dada a conocer este martes.
El sondeo de la firma CID Gallup, contratada por una televisora local, determinó que cuatro de cada diez costarricenses califican con "mal" o "muy mal" la gestión de Alvarado, de 39 años, lo que lo convierte en el presidente más joven de América Latina.
Un 36 por ciento no opina ni a favor ni en contra, y sólo 24 por ciento considera que la labor del mandatario, quien asumió funciones el pasado 8 de mayo, está "bien" o "muy bien".
Nunca antes, recordó el periódico local "Diario Extra", un mandatario fue tan mal calificado en Costa Rica en sus primeros cuatro meses de Gobierno.
El Gobierno y los sindicatos se encuentran enfrascados, sin éxito aún, en un prediálogo desde el miércoles de la semana pasada, con la mediación de la Iglesia Católica. Los gremios rechazan de plano el paquete impositivo que Alvarado trata que sea aprobado en la Asamblea Legislativa.
El hoyo fiscal que Costa Rica arrastra desde hace más de una década podría superar el 7,2 por ciento del Producto Interno Bruto (80.000 millones de dólares) en 2018 y 2019 si no se adoptan medidas de contingencia.
El proyecto fiscal transforma el impuesto de ventas de 13 por ciento en uno al valor agregado por el mismo monto, pero ampliado a la canasta básica y otros rubros hasta ahora exentos.
Además, aplica severos recortes a pluses y bonos salariales conquistados por empleados públicos mediante negociaciones colectivas de trabajo. Hasta ahora, juzgados de trabajo han emitido tres declaratorias de ilegalidad de la huelga, de un total de 34 denuncias elevadas por instituciones del Gobierno.
Los gremios rechazan levantar la huelga, la mayor realizada en Costa Rica en dos décadas, a cambio de iniciar una negociación, como lo exigen los representantes gubernamentales.
Al mismo tiempo, insisten en el retiro del "paquetazo fiscal" del Parlamento y el diseño en un diálogo multisectorial de una nueva iniciativa tributaria.
Los gremios convocaron a una gran marcha nacional para este miércoles en el centro de la capital costarricense.
Con información de dpa.