Ley de ART: la Nación volvió a pedir la adhesión de Santa Fe

Ivana Fux | [email protected]

El gobierno nacional volvió a reclamar que la provincia de Santa Fe adhiera a la nueva ley de accidentes de trabajo. Lo hizo esta vez a través del gerente general de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo de la Nación, Guillermo Arancibia. El funcionario recorrió este jueves junto a funcionarios municipales la oficina móvil que dispuso la repartición en las inmediaciones de la Estación Belgrano, en esta ciudad.

Consultado por El Litoral, Arancibia ratificó el pedido que, incluso, el propio presidente Mauricio Macri le formulara en reiteradas ocasiones de manera pública y privada al gobernador Miguel Lifschitz.

“Seguimos conversando; estamos dispuestos a flexibilizar todo lo que sea posible para tener en cuenta todas las particularidades provinciales. Hay diferentes proyectos que se han presentado en las Cámaras (legislativas); sabemos que hay tratamiento y estamos conversando con respeto a ello. Hay proyectos presentados tanto por la oposición como por el oficialismo. Estamos dispuestos a corregir, arreglar todo lo que sea necesario sin que se rompa la esencia de lo que hace al sistema. Esta ley -recordó- está encorsetada en tener una resolución en sesenta días. A partir de allí, (el trabajador) puede ir a la Justicia, como habitualmente sucede”, planteó.

—Una de las observaciones es que operativamente sería difícil de instrumentar. ¿Es así?

—No. Ya se hizo en otras provincias, también. Antiguamente, el norte, por ejemplo, se atendía por la Comisión Médica de Paraná. La nueva ley prevé atención a través de instalaciones en las diferentes circunscripciones judiciales. Por eso se prevé apertura de estos locales tanto en Santa Fe, como en Reconquista, Rafaela, Sunchales, San Lorenzo y Venado Tuerto. En todas esas ciudades se están buscando lugares. Depende de los Ejecutivos de cada lugar la disponibilidad para la apertura al diálogo, para buscar alternativas y poner infraestructura. Córdoba también pidió tres lugares que no estaban contemplados por la afluencia de público, pero la infraestructura la puso la provincia y se hizo. Operativamente no hay inconvenientes. Por esta preocupación, el presidente convocó a los intendentes y les trasladó el problema que estaba acarreando esto para las economías regionales y para los trabajadores en cuanto a las resoluciones de los trámites. Y les pidió la disponibilidad de espacios físicos. Por eso queremos agradecer también el gesto de José Corral.

—¿Es una cuestión política, entonces, la que frena la ley?

—Y, tiene bastante de eso. Está bien que hay algunos intereses que se ven vulnerados con el sistema que es totalmente charlable.

—¿Por ejemplo?

—Por ejemplo el acceso a la Justicia que se pone en discusión; estamos convencidos de que el sistema es sano. La ley no sólo establece el paso obligatorio por las comisiones médicas, sino que a su vez en un apartado establece mejoras en la prestación dineraria para equiparar lo que era la liquidación en la parte administrativa con lo que era recurrente a la Justicia. Eso significa incrementar el ingreso base de acuerdo a recomendaciones de OIT, tomando partes no remunerativas; incorporar la tasa de interés activa y también la actualización por Ripte del salario que era lo que no se tomaba. Ésas eran causales de litigiosidad que no iban al grado de incapacidad, sino por una mejora dineraria. Por lo tanto, eso que era más o menos un 18 por ciento de los trámites que pasaban por comisiones médicas y recurrían a la Justicia no tiene razón de ser, porque es el mismo monto que se calcula de un lado y del otro. Que se cobre más en la Justicia que en la parte administrativa, también suele ser una falacia, teniendo en cuenta el tiempo en el que se resolvía un trámite.

—¿Bajó la litigiosidad en materia laboral desde que se votó la ley?

—Uno de los mayores intereses de la ley es que no se produzcan los accidentes en los puestos de trabajo. Allí discutimos siempre las reparaciones. Ahora, con respecto a la contención de la litigiosidad considerando de enero a mayo interanual, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha bajado el 64 por ciento, y en provincia de Córdoba un 84 por ciento. Se están incrementando los trámites por comisiones médicas, pero reitero, la ley está encorsetada en que esto tiene que ser en los sesenta días hábiles. Posteriormente, el trabajador lo puede considerar como una denegatoria y acceder al recurso (judicial). Lo importante es que se establece un servicio de homologación; las audiencias se hacen para firmar los acuerdos o desacuerdos. Los niveles de acuerdo son bastante altos y de lo que hay para firmar con porcentaje de incapacidad, supera el 80 % de acuerdo. Sólo un cuarto de todo ello en la ciudad de Buenos Aires está yendo a apelaciones. Y de ese cuarto, el 40 por ciento está apelando a la comisión médica central. Para nosotros eso es importante, porque siguen dentro del sistema. El Estado le está dando respuestas y soluciones a eso, y no la Justicia. Las apelaciones suelen ser por el grado de incapacidad porque por la cuestión dineraria, ya no hay diferencia en los cálculos.

La oficina en Santa Fe

Arancibia recorrió junto a funcionarios municipales el espacio donde funciona la oficina de la superintendencia de Riesgos de Trabajo en esta ciudad. La dependencia fue instalada por un convenio con el municipio, y permite agilizar esos trámites.

Las comisiones médicas móviles forman parte del programa de descentralización que impulsa la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) de la Nación. Tienen por objetivo acelerar los procesos de resolución de las demandas de los trabajadores que sufren un accidente laboral.

Según información difundida por el municipio, la provincia de Santa Fe forma parte del bloque que concentra el 93 % de los juicios contra el sistema y el 77 % de la siniestralidad, junto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba), provincia de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza.

“A través de las comisiones médicas móviles se agilizaron los cobros de las prestaciones por parte de los trabajadores. De cinco años promedio que se demoraba en la Justicia se pasó a 3 meses en las Comisiones Médicas de los distritos adheridos”, se informó.