Votó Diputados una nueva ley de discapacidad

Mario Cáffaro | [email protected]

Con los respectivos dictámenes de comisiones, y por unanimidad, la Cámara de Diputados votó un proyecto de ley que cambia el abordaje de la problemática de la discapacidad llevándolo a un plan basado en la inclusión y la garantía de derechos y libertades para esas personas. El proyecto votado lleva las firmas de los oficialistas Eduardo Di Pollina, Antonio Bonfatti y Rubén Galassi (socialistas), Verónica Benas (Pares) y Alicia Gutiérrez (SI). Y fue Di Pollina el único orador en el recinto a la hora de explicar los alcances del proyecto. La media sanción fue en la misma semana de la protesta de prestadores de servicios a personas con discapacidad con supuestos recortes en el presupuesto nacional para el sector que dirigentes de Cambiemos negaron. No se mencionó el tema en el debate en Diputados.

Di Pollina resaltó que la futura norma contempla un importante giro en el abordaje de esta temática, proponiendo la inclusión social como eje fundamental, y ajustando el tratamiento a las normas internacionales. En el texto se potencia
el respeto por la dignidad humana, la igualdad y la libertad de las personas, basándose en los principios de independencia, no discriminación, accesibilidad universal, adaptabilidad al entorno, diálogo civil, entre otros.

Propone que el Estado provincial asegure y garantice el pleno ejercicio de todos los derechos humanos fundamentales de las personas con discapacidad, sin ningún tipo de discriminación. Y lo compromete a adoptar medidas inmediatas y efectivas para generar conciencia social sobre el respeto de sus libertades y su dignidad.

Recordó el socialista que el Comité de los Derechos de Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas ya ha manifestado el atraso de la Argentina en cuanto a su legislación a la que no escapa Santa Fe. Tanto la Ley nacional Nº 22.431 como la provincial Nº 9.325 llevan atada la concepción del llamado ‘modelo médico de rehabilitación’, centralizando el problema en la persona discapacitada. Este enfoque apunta a que mientras mejor sea el funcionamiento de los sentidos, del intelecto y del sistema motriz, más derechos y ciudadanía adquiere la persona. Eso implica que la cura o la superación de las discapacidades son las que condicionan el acceso a determinados derechos.
Ahora, la evolución del concepto de discapacidad ha cambiado de perspectiva. “Después de un largo tiempo de lucha y con el respaldo de instituciones que velan por sus derechos, esta concepción requiere de un nuevo enfoque: el ‘modelo social de la discapacidad’, contemplando la problemática tanto en el plano de la salud como en la educación, el desarrollo económico, social y cultural” explicó Di Pollina.

No dejó de señalar que “las personas con discapacidad continúan siendo víctimas de diversas discriminaciones, por motivos de raza, sexo, opinión política. Incluso consideramos la cuestión de género, ya que mujeres y niñas con discapacidad son un factor de riesgo aún mayor, sufriendo abusos, violencia, abandono y explotación. Por eso, el modelo social que proponemos se funda en los derechos humanos fundamentales de respeto por la dignidad humana, la libertad y la igualdad”, concluyó.

El legislador admitió que en la norma plasma un proceso de trabajo realizado con las organizaciones e instituciones conocedoras de la temática.

Algunos alcances

El texto votado determina como deberes del Estado asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad. Designa como autoridad de aplicación a la futura Secretaría de Políticas Públicas para Personas con Discapacidad, que estará en el ámbito del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado.

El Estado deberá adoptar las medidas pertinentes -con su correspondiente identificación- para asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso al entorno físico, a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, las comunicaciones, los sistemas y las tecnologías aplicadas.

También, los tres poderes del Estado, entes públicos no estatales, empresas del Estado, empresas mixtas y privadas concesionarias de servicios públicos, están obligados a ocupar personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo en una proporción no inferior al cuatro por ciento del total de su personal y a establecer reservas de puestos o cargos a ser exclusivamente ocupados por ellas.

Las personas pueden acreditar plenamente su discapacidad y exigir los derechos y garantías especiales que le corresponden con la sola presentación del Certificado Único de Discapacidad otorgado por las juntas evaluadoras de personas con discapacidad de la provincia, no pudiéndose requerir al interesado ningún otro tipo de examen o estudio complementario a fin de certificarla.

El Estado deberá adoptar las medidas de carácter legislativo, administrativo, social, educativo y de otra índole que sean pertinentes para proteger a las personas con discapacidad, tanto en el seno del hogar como fuera de él, contra todas las formas de explotación, violencia y abuso.

La provincia deberá “asegurar que existan formas adecuadas de asistencia y apoyo que tengan en cuenta el género y la edad para las personas con discapacidad y sus familiares y cuidadores, incluso proporcionando información y educación sobre la manera de prevenir, reconocer y denunciar los casos de explotación, violencia y abuso”.

También tiene que “asegurar que todos los servicios de protección frente a esta problemática sean inclusivos y tengan en cuenta la edad, el género y la discapacidad; promover la recuperación física, cognitiva y psicológica, la rehabilitación y la inclusión social de las personas con discapacidad que sean víctimas de cualquier forma de explotación, violencia o abuso, incluso mediante la prestación de servicios de protección”.

En defensa de las cooperativas eléctricas

La Cámara de Diputados aprobó una declaración motorizada por Fabián Palo Oliver (UCR) donde expresa “la honda preocupación por el contexto de incertidumbre existente en las cooperativas eléctricas que funcionan en el territorio provincial”.

El origen de la situación son los incrementos en el precio mayorista de la energía eléctrica dispuestos por el Gobierno Nacional, que no pueden ser absorbidos por cooperativas ni trasladados a los usuarios. “El proceso se ve dificultado por los procesos de judicialización que ponen en peligro la continuidad del servicio y las fuentes laborales” advirtió y puso como ejemplo lo ocurrido en Rufino y Venado Tuerto.

Señaló que “desde diciembre del 2015, los usuarios de servicios venimos soportando un fuerte y sostenido aumento de tarifas como consecuencia de la quita de subsidios por parte del Estado Nacional y de la dolarización”.

En la provincia de Santa Fe son 59 cooperativas y 3 comunas las que prestan el servicio de distribución de energía eléctrica a sus localidades, abasteciendo al 8.41 % de usuarios santafesinos.