Fumigaciones: ambientalistas critican al gobierno por apelar el fallo judicial

El Litoral

Luego de que se conociera la decisión del gobierno de Entre Ríos de apelar el fallo judicial que prohibió fumigaciones cerca de escuelas rurales, organizaciones ambientalistas nucleadas en la coordinadora Basta es Basta emitieron un comunicado en el que califican de “indignante” la postura adoptada por la gestión de Gustavo Bordet, a quien le piden que retire la presentación judicial.

“Vergüenza debería darle a nuestro gobierno que sea la justicia quien deba interpelarlos en defensa de la salud de la niñez”, se indica más adelante, al tiempo que los activistas se dirigen a Álvaro Gabás, secretario de Producción: “¿Para qué y para quiénes gobierna usted? ¿Para que fumiguen a los gurises? ¿Usted y sus seres queridos viven en otra provincia?”.

El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, dijo por su parte que “como está planteada, la sentencia genera más problemas que soluciones” y advirtió que “nadie está en desacuerdo con establecer todas las protecciones posibles”. También se comprometió a analizar el tema “a fondo”.

“El gobierno de Gustavo Bordet, a través del secretario de Producción, Álvaro Gabas, cometió el acto indignante de apelar la decisión de la Justicia entrerriana que protege a las comunidades de escuelas rurales de las fumigaciones”, se indicó en el comunicado de los ambientalistas.

“Entre Ríos es la provincia de donde proviene el 55 por ciento de todos los enfermos de cáncer del país. Así lo entendíó el Poder Judicial de Entre Ríos en un fallo ejemplar en el cual aplicó el principio precautorio y prohibió fumigar a una distancia de 3.000 metros por aire y 1.000 metros por tierra para proteger la salud de quienes asisten a las escuelas rurales y su entorno. Al aceptar el recurso de amparo presentado desde los movimientos socioambientales, admitió que resulta urgente frenar la intoxicación por químicos de la población que afecta principalmente a niñas y niños”, se detalló.

“Desde la Coordinadora ¡Basta es Basta! repudiamos este retroceso que pretende ejecutar el Gobierno de Entre Ríos”, continúa el escrito.

“Debería darle vergüenza y además debería convocar para una inmediata respuesta a la situación que pone en peligro incluso a sus propias familias y a la de quienes nos ahogan en agrotóxicos cada día”, se añade.

“Secretario Álvaro Gabas, ¿para qué y para quiénes gobierna usted? ¿Para que pocos ganen dinero a costa de nuestra salud ¿Para que fumiguen a las gurisas y los gurises en las escuelas por privilegiar ganancias privadas? ¿Usted y sus seres queridos acaso viven en otra provincia? Usted se debe al pueblo de Entre Ríos, su trabajo debería consistir en encontrar una matriz productiva que permita la vida, no de ganancias para pocos y muerte para la mayoría”, se asevera.

“Gobernador Bordet, responsabilidad suya ahora es tomar las acciones para revertir este triste asunto que ejecutó su gobierno. Retirar la apelación será justicia. Todo lo logrado fue en base a la movilización de las poblaciones afectadas y no vamos a permanecer inmóviles ante esta acción. Construimos otro modelo, con soberanía alimentaria y salud de los pueblos y de la tierra. Cada vez somos más quienes nos encontramos por una vida sin agrotóxicos y por una producción campesina sin venenos: agroecología”, concluye el comunicado.

Convocatoria de la provincia

El gobierno provincial recibirá en las próximas horas a entidades agropecuarias y organizaciones ecologistas a raíz del amparo ambiental contra las fumigaciones. "Nadie está en desacuerdo con establecer todas las protecciones ambientales posibles", afirmó el Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes.

"Tengo instrucciones del gobernador de ser muy serios con esta temática que además es muy compleja. Por eso vamos a reunirnos con los organismos técnicos que intervienen en esta materia, así como también con las entidades que nuclean a los productores agropecuarios y las organizaciones ambientales", precisó.
El funcionario, quien lleva adelante la representación legal de la provincia, explicó que "el amparo es un procedimiento excepcional muy breve, donde las posibilidades de probar los hechos que se invocan en la demanda y la contestación son prácticamente nulos".

Además, "la decisión del juez involucra decisiones de tipo administrativas" por lo que "consideramos que hay una intromisión del poder judicial", expresó en referencia a las distancias establecidas por el juez para las fumigaciones y el plazo de dos años para crear barreras vegetales. En ese marco sostuvo que su función tiene que ver con "que haya límites entre lo que es la función judicial y lo que es la función administrativa".

En ese sentido, expresó que "la apelación responde a un principio por el cual no podemos dejar firma una sentencia de primera instancia en un tema tan sensible" y por lo tanto "ponemos el tema a consideración del máximo tribunal que hay en la materia, que es la Sala de Procedimientos Constitucionales del Superior Tribunal de Justicia".

"Esto no significa que estemos en contra de la protección ambiental" remarcó Rodríguez Signes. "Pero como está planteada la sentencia genera más problemas que soluciones", agregó tras anunciar que recibirá a todas las partes involucradas este jueves para analizar las medidas.

"No queremos que este tema se traduzca en que la provincia está en contra de la protección ambiental. El asunto es cómo lo hacemos de una forma racional. Si los jueces van a decidir por la administración pública, se complica ", subrayó.