Denuncian estafa inmobiliaria contra una entidad religiosa

Juliano Salierno | [email protected]

La Confederación Evangélica Bautista denunció penalmente a una escribana santafesina por confeccionar un poder de disposición y administración y diez escrituras que se consideran “falsas”, a través de las cuales resultó despojada de una porción de tierras ubicada en zona urbana de la ciudad de Esperanza y cuyo valor (a octubre del año pasado) rondaba los siete millones de pesos. Además de la profesional, aparecen varios nombres, entre ellos el de un conocido personaje, varias veces vinculado al mundo delictivo, a favor del cual se concedió un poder general de disposición y administración, también tildado de falso; y otros dos sujetos que tras fraguar el estatuto social de la Confederación, se arrogaron los cargos de presidente y secretario de la entidad, facilitando las cesiones cuestionadas.

Si bien la maniobra delictiva se produjo entre el 20 de mayo de 2012 -cuando se fraguó un acta de asamblea de la Confederación para suplantar las autoridades-, y el 25 de febrero de 2013 -cuando se firmó la última escritura-, la presentación penal se radicó el 4 de octubre del año pasado, al advertir los denunciantes la falta y ciertas dilaciones en la demanda civil instada en el juzgado de Distrito de la ciudad de Esperanza.

Una verdadera “banda”

Para los denunciantes “se trata de una organización delictual dedicada a despojar de sus bienes a sus legítimos propietarios” que más allá de estas cuatro personas directamente sindicadas, tendría más gente involucrada en lo que denominaron una verdadera “banda”. En cuanto a la concreción de la maniobra, deslizaron como “probable que la organización haya contado con la participación de personal del Registro de la Propiedad de Santa Fe”.

Como pasos primordiales para realizar la operación inmobiliaria se debió crear un “estatuto social falso, certificación de inspección de Personas Jurídicas de la provincia falsa, acta de asamblea falsa”, así como la “falsificación de firmas de funcionarios, de papel membretado del Poder Judicial, sellos oficiales y judiciales y Poder Especial de Disposición y Administración de contenido ideológico falso, otorgado por personas ajenas a la institución religiosa”, señalaron en un extenso y pormenorizado escrito.

De las constancias recolectadas surge el dato curioso de que la Confederación aludida cuenta con un estatuto “trucho” de 1992 “en el Registro Público de Comercio de Rosario, cuando en realidad se trata de una institución religiosa” inscripta ante la Inspección de Persona Jurídica de la ciudad de Buenos Aires y ante el Ministerio de Justicia y Culto de la Nación desde 1936.

Para demostrar las irregularidades, representantes legales de la entidad religiosa mototizaron acciones ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia, específicamente sobre la documental con firmas, sellos y membretes oficiales del Poder Judicial. Al respecto “una investigación ordenada por la Corte determinó la falsedad” de la documentación judicial de certificación.

En la misma línea, un funcionario de Personas Jurídicas cuyo nombre y firma aparece dando fe de ciertos escritos, “negó haber efectuado las certificaciones” que habilitaron la maniobra y una investigación administrativa determinó que la firma de dicho funcionario había sido falsificada.

Actores principales

La operación fue descubierta cuando los dueños reales se constituyeron en el lugar para realizar tareas de mantenimiento y constataron que uno de los lotes estaba desmalezado. Pensando que podía tratarse de una usurpación iniciaron una investigación que derivó en lo que ahora se difunde.

La denuncia está dirigida a la escribana María del Carmen LG, a la cual se le atribuye haber confeccionado un poder general de disposición y administración a personas totalmente ajenas a la institución, permitiendo con ello la sustracción de diez propiedades de titularidad de la Confederación Evangélica Bautista. Aquí aparecen otros dos nombres (Diego Luis G. y Pablo P.) quienes “aparentaron ser autoridades” de la mencionada institución a partir del 20 de mayo de 2012, cuando se fraguó una asamblea en la que se designaron las falsas autoridades. La operación contó con la participación de Rodolfo Oscar ODG, quien se presentó como “apoderado de la institución religiosa”.

En síntesis, la escribana labró las diez escrituras de venta en las que quienes no eran propietarios reales, transfirieron el dominio de los inmuebles de la Confederación. Yendo al detalle, los acusados G. y P. se habrían hecho pasar por presidente y secretario de la entidad fraguando el estatuto social y en carácter de tales otorgaron a ODG un poder para administrar los terrenos, que fue confeccionado por la escribana el 9 de enero de 2013. Luego los terrenos fueron adquiridos por siete personas cuyos datos también constan en la denuncia penal durante el mes de febrero del mismo año.

Escrituras “simultáneas”

De las diez escrituras cuestionadas, la denunciante descubrió que ocho fueron realizadas “en forma simultánea” -entre el 5 y el 14 de febrero de 2013-, por lo que consideraron que “es inédito e imposible, que en un mercado inmobiliario tan pequeño como lo es Esperanza, se registre la venta de diez inmuebles de un mismo loteo en tan corto lapso”. Eso, sumado al “precio vil” que se pagó por los lotes y al carácter “insolvente” de alguno de los compradores.

Los hechos denunciados podrían encuadrarse en los delitos de “asociación ilícita”; “venta de inmueble ajeno como propio”; “falsificación de instrumento público”; “suplantación de identidad”; “estafas reiteradas”; “falsificación de sellos”; “falsificación de firma de funcionario judicial”.

“Daño económico”

Sobre la transacción comercial “se desconoce el monto real de los importes percibidos” pero se estima que cada lote fue vendido entre 80 y 100 mil pesos, según un boleto de compraventa que pudieron conseguir los actores como parte de la evidencia aportada a la fiscalía y que denota “valores muy inferiores a los de plaza”. De hecho, la Confederación Evangélica Bautista estimó que el “daño económico” alcanzaba los $ 7.000.0000 -a cotización de octubre de 2017-, dado que cada lote rondaría los $ 700.000. En cuanto al origen de la propiedad de los terrenos, los acusadores sostienen que fueron adquiridos en 1948 a través de una prestigiosa escribanía de la ciudad de Esperanza.