Últimos pliegos del año para la justicia

Mario Cáffaro | [email protected]

El Poder Ejecutivo remitió el pasado viernes a Legislatura los últimos 23 pliegos del año para completar vacantes en distintas sedes del Poder Judicial de la provincia, entre ellas las dos sillas vacantes en la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Santa Fe. Dichos pliegos serían considerados en Asamblea Legislativa que será convocada por el vicegobernador, Carlos Fascendini, para el 22 de noviembre con la posibilidad de volver a citarla para el 29 de ese mes.

Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se señaló que -salvo un caso de fuerza mayor- en lo que resta del año no se remitirán más pliegos para el Poder Judicial. El Consejo de la Magistratura está terminando concursos para elaborar las nóminas de candidatos para las vacantes en varias salas de la Cámara Laboral de Rosario así como jueces civiles y comerciales para los asientos judiciales de Firmat, Venado Tuerto y Cañada de Gómez.

El nuevo listado de candidatos que debe evaluar la Comisión Bicameral de Acuerdos incluye dos camaristas, siete jueces de primera instancia, nueve fiscales y cinco defensores para el sistema penal.

En el caso de la Cámara en lo Contencioso Administrativo los nombres propuestos son los de Enrique Omar Aragón y Leonardo Deb que ocuparían las sillas dejadas vacantes por Luis De Mattía y Alfredo Palacios, ambos ya jubilados.

En cuanto a jueces de primera instancia, seis corresponden ocupar juzgados vacantes de Menores. Los propuestos son Estanislao Miguel Alberto Surraco y Alejandro Agustín Cardinale para Rosario; Eduardo Gabriel Fajardo (Villa Constitución), Laura Angélica Lencina (Rafaela), Griselda Noemí Delbón (Reconquista) y Laura Valeria Lencioni (Tostado). Se completa con la propuesta de Fabián Silvano Lorenzín como juez en lo Civil y Comercial de Reconquista.

El envío comprende nueve cargos de fiscales para el Ministerio Público de la Acusación. Leandro Mai para Reconquista y Julián Cochero para Melincué. En tanto como adjuntos proponen a Leandro Martín Torres, Matías Federico Broggi Forclaz, María Celeste Minniti y Manuel Cechini (todos para Santa Fe), Alejandro Benítez (Esperanza), Francisco Cechini (San Javier) y Juan Marichal (Reconquista).

Completan cinco Defensores Públicos. Facundo Principiano (Villa Constitución) y cuatro adjuntos, Fernando Ritondale Traverso (Casilda), Melisa Andreatta (Venado Tuerto), Gisela Marisel Alemandri (Santa Fe) y Mónica Echaniz (Helvecia).

Juzgamiento del sistema penal

En tanto, en la última sesión de Diputados, el cuerpo votó por unanimidad un proyecto de ley que prevé un cambio a lo sancionado en noviembre del año pasado en la tarea de juzgar la conducta de fiscales y defensores del sistema penal.

En esa ocasión, toda la responsabilidad fue pasada al Poder Legislativo.

El expediente sería votado por el Senado antes de fin de noviembre, se admitió en los pasillos del Poder Legislativo.

El radical Santiago Mascheroni fue quien ingresó el proyecto acompañado con las firmas de sus compañeros de bloques Héctor Gregoret, Patricia Tepp, Claudia Moyano, Alejandro Boscarol y Julián Galdeano también por Rubén Galassi (PS), Raúl Fernández (Pro), Gabriel Real (PDP), Alicia Gutiérrez (SI) y Verónica Benas (Pares). En el recinto, fue también Mascheroni el encargado de explicar los alcances del texto elaborado a partir del acuerdo alcanzado en una reunión de Labor Parlamentaria encabezada por el presidente de la Cámara, Antonio Bonfatti.

Mascheroni explicó que en el texto votado “como cuestión conceptual se reitera el criterio de que el mismo Poder Legislativo que ha resuelto las designaciones de dichos funcionarios, sea el ámbito institucional que resuelva las denuncias por faltas graves o comisión de delitos dolosos juzgando tales causas incoadas contra los integrantes del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Provincial de la Defensa. Se precisan tres sistemas que permiten abordar separadamente las faltas leves, las faltas graves en el desempeño técnico jurídico y las faltas graves por mal desempeño funcional o institucional que pudieren derivar en remoción o suspensiones agravadas”.

El texto deja así en manos de los cinco Fiscales Regionales el tratamiento y resolución de las faltas leves; al Tribunal de Disciplina con investigación por la Auditoría General de Gestión para los casos de faltas graves en el desempeño técnico jurídico y al Poder Legislativo para los casos de faltas graves originadas en el mal desempeño institucional o funcional o por la comisión de delitos dolosos.

Establece la obligación de la Auditoría General de informar al Poder Legislativo de las denuncias o procedimientos en trámite a los fines que este pueda ejercer el derecho de avocamiento y entender en el trámite directamente. En tal caso la Auditoría se inhibirá de continuar el trámite y lo remitirá a la Legislatura. Asimismo se inhibirá remitiendo las actuaciones, cuando estimare prima facie que en la causa en cuestión pudiere corresponder remoción o suspensión de hasta 180 días sin goce de sueldo.

También modifica la gradación de las sanciones e incremento de multas y suspensión en el cargo sin goce de sueldo conforme a los diferentes tipos de causas.

Pacientes

Por cuarta vez, la Cámara de Diputados votó un proyecto de ley adhiriendo a la norma nacional que establece los derechos de los pacientes en su relación con profesionales e instituciones de la salud. Se incluye derecho a un trato digno, a recibir información sobre diagnóstico, tratamiento médico y acceso a la historia clínica personal. En esta ocasión fue la justicialista Silvia Simoncini la encargada de presentar el proyecto votado. En las ocasiones anteriores fue Alicia Gutiérrez (SI) la autora. Ambos hablaron al momento de explicar la importancia de la adhesión.

Clubes de barrio

Diputados votó un pedido de informes unificando detrás del socialista Joaquín Blanco una serie de inquietudes sobre la aplicación del programa ‘Clubes Argentinos’ por parte de la Secretaría de Deportes de la Nación. El programa contempla para las instituciones adheridas, un reintegro del 40% en las tarifas de electricidad (acumulable con descuentos provinciales) y del gas.

“Los dirigentes de distintos clubes barriales vienen alertando sobre el incumplimiento de la medida y la dificultad para acceder al beneficio, ya sea por la exigencia de trámites burocráticos excesivos o porque en los últimos meses no se les reintegra el dinero”, advirtió Blanco.

“No queremos volver a las imágenes de los 90, donde los clubes cayeron en el abandono, y algunos hasta perdieron sus instalaciones por deudas. Desde el gobierno de Santa Fe los seguimos apoyando y necesitamos que el gobierno Nacional se comprometa de la misma manera”, reclamó.