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El presidente del Consejo de la Magistratura, Miguel Piedecasas, estimó que si ese cuerpo logra mantener el ritmo de trabajo de los últimos cuatro años, con 300 ternas que estarán elevadas al concluir el año, “en cuatro años se habrá renovado el 50 % de toda la justicia nacional y federal”.
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En una entrevista con Télam, Piedecasas recordó que llegaron “al Consejo en 2015, un año en el que existía una conflictividad importante y un marcado atraso en los procesos de selección de magistrados”.
Piedecasas está a tres semanas de dejar su cargo, luego de cuatro años de gestión en los que ocupó en forma alternada la presidencia y la vicepresidencia del cuerpo.
En su despacho del primer piso del edificio de Libertad 731, el abogado bonaerense y profesor en varias universidades, dijo que se prepara dejar el Consejo pero “siempre pensando en seguir colaborando con el ámbito de la Justicia”.
Uno de los logros más importante que muestra la actual gestión son las 300 ternas de candidatos a jueces con las que concluirá los cuatro años al frente del Consejo, que contrastan con las 45 que dejó la anterior gestión.
Asimismo, se destacaron los procesos de enjuiciamiento a magistrados que tuvieron lugar durante 2016 y 2017, como Axel López, que terminó absuelto; Néstor Montezanti, José Antonio Charlín y Raúl Reynoso, que renunciaron antes de que concluya el proceso; Eduardo Freiler, que fue destituido, y Norberto Oyarbide, que renunció cuando comenzó la investigación en la Comisión de Acusación y Disciplina.
En ese mismo período, se aprobaron auditorías en materia de corrupción, narcotráfico y gestión del fuero laboral; y se reguló el acceso a la información pública, con la meta de de transparentar el funcionamiento de todos los aspectos de la Justicia, explicó el letrado.
Entre los problemas pendientes, Piedecasas mencionó “un déficit de estructura en el sistema informático”, que surgió luego de tres auditorías que realizaron la AGN y la Sigen, y la necesidad de que el expediente digital llegue a todos los procesos judiciales (hoy solo a reparación histórica y ejecuciones fiscales), para dar “transparencia, tiempos procesales más cortos y la posibilidad de seguir la trazabilidad del expediente desde cualquier punto del país”.
“En los próximos cuatro años, el expediente digital debería estar trasladado a todos los procesos judiciales”, dijo.
Otro déficit está en la “estructura edilicia”, reconoció, al tiempo que mencionó que en estos años se han inaugurado juzgados laborales y de ejecución penal en Capital Federal, y otros en Tartagal (Salta) y Venado Tuerto (Santa Fe), entre otros.
En un repaso general de los últimos cuatro años, Piedecasas calificó de “muy buena” la relación que mantuvo con la Corte y con el Poder Ejecutivo, con los que el Consejo trabajó articuladamente, así como también lo hizo -según agregó- con la cámaras de Diputados y de Senadores, y sus comisiones (Justicia, Acuerdos, bicameral para el código procesal penal).
El presidente del Consejo destacó el reposicionamiento de la Argentina a nivel internacional con la Cumbre Judicial Iberoamericana, que el 7, 8 y 9 de noviembre tendrá lugar en Buenos Aires, con la presencia de representantes de las Cortes de decenas de países miembros.