El hambre, la "sábana corta" sobre los fondos y cruces por la asistencia social

Luciano Andreychuk | [email protected] | @landreychuk

La situación social en los barrios de la ciudad no pasa desapercibida ni aún por dirigentes y legisladores oficialistas, que admiten que hay problemas, que a la gente le cuesta llenar la olla, que pierde la “changa”, que no alcanza. “Hay hambre; en los barrios vemos que cada vez es más difícil llegar a final de mes. Los comedores no dan abasto”, se escuchó decir en el recinto del Concejo desde una bancada opositora.

A este contexto lo refrendan referentes de ONGs que están en territorio y las propias estadísticas. Según los datos publicados en septiembre por el Indec (primer semestre de 2018), en el Gran Santa Fe la pobreza alcanzó el 30,3%: afecta al 20,4% de los hogares. La indigencia llega al 3,5%.

En las comisiones del Legislativo local hay un proyecto de ordenanza (impulsado por el bloque del FPCyS, opositor) que propone crear un comité de crisis social (ver El Dato), y un fondo de asistencia alimentaria conformado por fondos municipales, que refuerce las partidas destinadas desde Provincia y Nación para asistir a los sectores más vulnerables. La expresión “crisis social” genera resquemores entre algunos ediles del oficialismo.

Para cristalizar los datos reales sobre qué recursos deriva Provincia a la ciudad capital en materia de asistencia alimentaria, Carlos Suárez (UCR-Cambiemos) impulsó un decreto de convocatoria aprobado durante el Orden del Día de la última sesión. Se cita a una reunión de trabajo al Ministro de Desarrollo Social de la provincia, Jorge Álvarez, y otras autoridades de esa cartera.

“Queremos tener datos y dialogar (con Álvarez) sobre este proyecto que está en estudio en comisiones y que pretende crear un fondo alimentario para la ciudad”, declaró en el recinto el concejal oficialista. Y fijó una posición jurídica: “No estamos de acuerdo conceptualmente con este proyecto de ordenanza, pues entendemos que es una función indelegable de Provincia y Nación hacer frente a cuestiones alimentarias en la sociedad”. Las cuestiones sobre asistencia social están, de forma “prioritaria e indelegable”, en cabeza de los gobiernos nacional y provincial, agregó Suárez.

Advirtió que la vinculación entre Desarrollo Social y el Municipio local “es muy mínima”. Dio datos propios: “Hay un aporte de 640 mil pesos que vienen del Programa de Promoción Social Nutricional, Prosonu —firmado entre esa cartera provincial y la Municipalidad en marzo de 2016—. “Es una contradicción que el sector político (FPCyS) que propone crear un fondo alimentario, deba al Municipio fondos por esos mismos conceptos (del Prosonu). Debiéramos reclamar que Provincia pague (al Municipio) lo que adeuda por ese programa nutricional”, fustigó luego, en un parte de prensa.

Datos cruzados

Quien salió a defender el proyecto de creación de comité de crisis social y de un fondo de asistencia alimentaria (cuyo impulsor es Emilio Jatón) fue la edila frentista Laura Mondino. A contrapelo del argumento sobre delegación de facultades que expresó Suárez, aseguró que ese fondo de asistencia en alimentos no busca endilgarle más funciones al Municipio. “Pero queremos que el Gobierno local ayude también a reforzar las partidas que hoy se brindan tanto desde Desarrollo Social como de Nación”.

Y luego dio un dato sorpresivo que desconocía Suárez (éste lo admitió): “El Gobierno provincial —aseveró Mondino— destina 14 millones de pesos mensuales para comedores y merenderos de toda la ciudad, y a las instituciones que están trabajando en los barrios, más las partidas de asistencia alimentaria que se dan el comedores escolares (escuelas de la ciudad que brindan copa de leche, almuerzo o vianda). Y ésta es la única ración de comida que muchísimas familias santafesinas tienen diariamente”.

“El esfuerzo del Estado provincial es enorme —defendió la gestión—, y creemos que el Municipio debe también aportar. En el comité de crisis social estos fondos (municipales) podrían ser discutidos en una mesa de diálogo conformada por las organizaciones sociales”. Con todo, con el proyecto en comisiones “pedimos a la Municipalidad local un refuerzo: que pueda asignar una partida alimentaria. Lo que nos dicen las ONGs es que hoy no dan abasto: hay sectores sociales que la están pasando muy mal en los barrios, que no pueden garantizar las necesidades básicas”, afirmó Mondino.

La teoría de la “sábana corta”

Suárez insistió en que es necesario que el Ministro Álvarez y su equipo técnico se reúnan con los concejales “para darnos detalles discriminados, cómo son los aportes, a qué instituciones, cuántos montos reciben, todo lo cual nos permitiría tener un panorama más amplio con relación al tema”. Y añadió: “Más allá de que la propuesta (del bloque frentista) sea altruista, lo que sí es cierto es que las discusiones presupuestarias son siempre propias del dilema de la ‘sábana corta’”.

¿Qué quiso decir Suárez con lo de sábana corta? Es simplemente una metáfora: si alguien tironea demasiado hacia arriba una sábana, sus pies quedarán descubiertos. En términos financieros, de la declaración del edil se infiere que si se destinaran desde el Municipio otros fondos “extraordinarios”, algo quedaría descubierto. Por eso, antes de aprobar “a tientas” el proyecto en cuestión, impulsó el decreto convocando a Álvarez para blanquear datos de asignaciones adeudadas de Provincia al Municipio.

“Hay esquema tributarios que asignan responsabilidades a Nación, Provincia y municipios en sus diferentes medidas. Pero es indelegable (al Municipio local) la función que tiene Nación y Provincia en asistencia alimentaria. Desde estos dos estamentos se deben cubrir las necesidades sociales que nuestra ciudad requiera”, insistió el edil de Cambiemos.

Aquella metáfora quizá fue más allá y predijo lo que viene: el debate en diciembre por el Presupuesto Municipal 2019 (luego de que presente el suyo Provincia), más las ordenanzas municipales Tributaria y Fiscal. Las tres son la estructura madre que sostienen cada año el esquema financiero del Municipio: es decir, fondos y recursos. Sobre estas tres normas “se nos viene una discusión muy, pero muy compleja...”, deslizó un edil del PJ. Para esto falta tiempo y será el capítulo final del año en el legislativo local.

Comité

Según el proyecto, ese comité de crisis social tendría como misión “realizar un diagnóstico de la situación social de la ciudad; fijar las pautas de acción para el cumplimiento del plan de abordaje de crisis social; aportar en el diseño de políticas públicas locales, con eje en la inclusión social”, entre otras. Estaría integrado por representantes políticos y de organizaciones de la sociedad civil.