Ignacio Hintermeister
¿Sirve el protocolo de Patricia Bullrich? La hipérbole del debate se sostiene menos en el abordaje de un drama real que en sus efectos sobre la opinión pública.
Ignacio Hintermeister
Un agente de Prefectura reprime un delito común (no federal) en la Costanera de Santa Fe; mata a un delincuente y salva a una víctima de robo en circunstancias que abren controversia. ¿Será juzgado con el protocolo de Patricia Bullrich o con el marco jurídico santafesino que no adhiere a ese reglamento al cual el agente se debe?
Una cosa es el juicio de la opinión pública. Sobre el juicio jurídico... nadie sabe.
Cruel en el cartel, la propaganda manda. ¿Cómo prolongar la excelente imagen del G20 antes de volver a la cotidianeidad de la crisis doméstica? Los teóricos de las conspiraciones acusan a Durán Barba; sea o no, Bullrich lanzó -no casualmente ahora- un protocolo de uso de armas letales que intenta proteger a los agentes federales uniformados que actúan contra el delito.
Las encuestas lo dicen: la seguridad está entre las principales demandas de las sociedad argentina que tiene que elegir gobernadores, legisladores y presidente. El gobierno de Macri arrancó su gestión en la ciudad de Buenos Aires cambiando de manos las calles: que parezca que hace algo antes de gestionar mejores ideas o recursos. Ahora, lanza un gesto que pega de lleno en la opinión pública sin ofrecer mejores respuestas a un problema que es tan real como dramático.
Desde la oposición, hay un ruidoso silencio. Sergio Massa le ganó una elección a los Kirchner alardeando de la seguridad en el Tigre; Miguel Pichetto se tiñó de Bolsonaro en la culminación de la epifanía republicana que lo alejó de sus antiguos jefes; Cristina no habla. La demanda más grande de “mano dura” está en los segmentos de la sociedad tradicionalmente ligados al voto peronista. ¿Qué dirán si el protocolo va a debate parlamentario?
La izquierda y los pseudoprogresistas agitan el fantasma del gatillo fácil que remite al gobierno de facto. No hay en las estadísticas santafesinas -ni en el promedio argentino de los últimos años- datos alarmantes de abuso policial con armas letales. Sí, apremios o excesos. Pero la verdad es que los policías, muchas veces, ni balas tienen.
La epidemia del gatillo existe, pero está del otro lado del mostrador. No hay tal cosa como los “pobres que salen a robar”, y menos aún masivamente. Lo que existe son narcos militarizando chicos en las villas o cooptando jerarcas policiales en ausencia del Estado eficaz. Balean casas de gobernadores o jueces. De eso sí hay en Santa Fe.
La oposición apura las elecciones antes que la economía le dé mejores argumentos al oficialismo nacional. Córdoba está a punto de “suspender” su ley electoral -sancionada por la actual gestión provincial- para que Schiaretti convoque a elecciones antes de lo que la ley lo obliga. No vaya a ser... no es el único. Primero yo, después el partido, por último la patria o el interés común.
José Corral adhiere al protocolo. Miguel Lifschitz dice que la provincia no lo necesita. La Nación manda fuerzas del orden a requerimiento de autoridades locales desbordadas. Son uniformados federales, con el protocolo de Patricia Bullrich que avala Mauricio Macri. La propaganda manda.