Ivana Fux | [email protected]
Está integrada por académicos, gremios y funcionarios. Debía analizar la estructura de costos y cuadros tarifarios de la empresa, y sobre esa base, emitir un dictamen o sugerir correcciones antes del 30 de noviembre. Pero el gobernador le dio plazo ahora hasta el 31 de diciembre de 2019.
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La comisión revisora de los números de la EPE extenderá su funcionamiento por un año más. Mediante el decreto Nro. 3527 de los últimos días, el Poder Ejecutivo prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2019 el plazo durante el cual, el equipo integrado por representantes de diferentes sectores deberá estudiar el funcionamiento interno de la Empresa. Inicialmente, se había establecido que el cuerpo deliberara hasta el 30 de noviembre del corriente año. Así lo establecía el decreto Nro. 1084 del pasado 15 de mayo, cuando el gobernador Miguel Lifschitz resolvía crear la Comisión Técnica de Análisis de Costos y Tarifas de la Empresa Provincial de la Energía. Aquella decisión política había sido anunciada por el propio mandatario en la Asamblea Legislativa del 1° de mayo, y surgía a la luz de una fuerte polémica iniciada por el intendente de la ciudad, José Corral, quien había sembrado dudas sobre la transparencia de los números y finanzas de la empresa; sobre cómo se conformaba la tarifa y hasta sobre los sueldos de los directores del organismo. Entonces, Lifschitz ordenó crear dicha comisión en el ámbito de la Secretaría de Estado de Energía.
Más tiempo
Según el decreto de su integración, la comisión debía “analizar la estructura de costos de la EPE; proponer medidas para lograr la reducción de dichos costos, mayor eficiencia y calidad de servicio a los usuarios; analizar la estructura tarifaria de la empresa; y sugerir cambios tarifarios que permitiesen una mejor distribución de los costos internos de distribución en el universo de usuarios, con sustento en criterios de equidad”. Dichos cometidos debían concluirse antes del 30 de noviembre de 2018, “con la elaboración de un informe final, sin perjuicio de la realización de un informe de avance intermedio”. Pero a la fecha, no se conocieron públicamente conclusiones. Es más, el decreto de prórroga plantea que “atendiendo que subsisten los motivos que cimentaron la decisión de su creación y el cumplimiento de sus cometidos”, el Ejecutivo entiende “necesario y oportuno mantener su vigencia y la participación de distintos sectores de la sociedad en el análisis de la estructura de costos y tarifas de la energía eléctrica”. Y extiende su funcionamiento hasta diciembre del año pasado, incluso, cuando ya no será Miguel Lifchitz el gobernador en ejercicio.
Qué se hizo
Según pudo saber El Litoral, durante estos seis meses de funcionamiento, la comisión se reunió periódicamente -cada quince días, al menos una decena de veces- con representantes de todos los sectores involucrados: Secretaría de Energía, EPE, Defensoría del Pueblo, académicos y sindicatos, entre otros.
Los primeros encuentros se centraron, básicamente, en solicitudes de información al directorio de la Empresa. Así, se recabaron datos sobre su estructura de costos, teniendo en cuenta el gasto en personal, el mercado mayorista y la infraestructura. Del mismo modo, se recogió información sobre la composición tarifaria.
En la última reunión, se solicitó que cada sector elaborara un informe preliminar sobre lo actuado durante este período; ése sería el sustento para las primeras conclusiones del trabajo de la comisión que se darían a conocer antes de fin de año.