Daniel Rocca: "Vamos a acreditar la compra de cada uno de los vehículos"

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Tras la noticia difundida este miércoles que daba cuenta de un “récord” nacional en el secuestro de autopartes en un desarmadero de la ciudad de Santa Fe, con depósitos en Recreo y Colonia Pujol, los abogados de los responsables salieron al cruce de las autoridades y aseguraron que demostrarán “la compra de cada uno de los vehículos” hallados.

“Vamos a poder acreditar la compra, con factura, de cada uno de esos vehículos”, aseguró el abogado Daniel Rocca, que junto a su colega Miguel Portillo, representan a Fortunato Costanzo y su cuñado y socio Rubén Félix Ereno, responsables del desarmadero de avenida López y Planes 4961, inspeccionado el martes por efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA).

A propósito de los miles de vehículos y autopartes inventariados, “en su mayoría fueron comprados a compañías de seguros y otros tantos provienen de la ciudad de La Plata” tras la catástrofe hídrica que dejó a la capital bonaerense bajo el agua, amplió el letrado.

Rocca reconoció que sus clientes fueron “identificados dactiloscópicamente” y que posiblemente en breve sean citados para audiencia de atribución imputativa, aunque hasta el momento asegura no conocer el delito por el cual están siendo investigados.

Reunión

Para despejar dudas, este jueves en horas del mediodía, estaba prevista la presencia de los abogados en la Fiscalía de Delitos Complejos del Ministerio público de la Acusación, a cargo de los fiscales Ezequiel Hernández y Leandro Lazzarini.

A propósito de estos últimos, desde la oficina de prensa del MPA se informó que no brindarán declaraciones sino hasta luego de la audiencia imputativa que sería “en los próximos días”. La misma fuente oficial destacó “el martes se hicieron tres requisas voluntarias” en los citados predios de Santa Fe, Recreo y Colonia Pujol, donde “por el momento no se constató que sean automóviles robados”, aunque “se encontraban procesando los datos”.

En la misma línea, Rocca sostuvo que los investigadores “quieren primero determinar si estos vehículos provienen o no de ilícitos” y que en tal caso podrían ser acusados por “desguace ilegal y venta de autopartes”.

Por las obleas

Para Rocca, “el problema es que para vender cada autoparte se necesita una oblea que te da el Rudac”, que es el Registro Único de Desarmaderos de Automotores y Actividades Conexas, que depende de la DNRPA, y por el cual “están habilitados” en el marco de la Ley Nº 25.761, aseguró. “La provisión de dichas obleas demora dos o tres meses. O sea que cada pieza que se vendía tenía que tener la oblea y ellos vendían sin esas obleas” por lo que “entiendo que puede ser una cuestión contravensional”, sostuvo el defensor.

Por otra parte, el letrado cuestionó el impresionante número aportado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, que hablaba de 9.500 vehículos y nueve millones y medio de autopartes. “Ellos (por los dueños) dicen que son 5 mil y pico” de unidades para desguace.

Actualmente, “hay veinte personas en la calle” porque los predios se encuentran cerrados y con una “consigna policial” en la puerta que impide cualquier tipo de movimiento u operaciones.