Nuevo cruce por la baja en la edad de imputabilidad

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El jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Gerardo Milman, rechazó por “absurdas” las críticas de los organismos de derechos humanos que cuestionaron iniciativas del Gobierno, como la baja de la edad de imputabilidad de los menores, al señalar que ese tema actualmente está regido por una norma dictada por la última dictadura militar.

“Que se pongan del lado de una norma que dictó (Jorge) Videla, (Emilio) Massera y (Orlando) Agosti, y en contra de un proyecto que deberá discutir el Congreso elegido democráticamente nos pone en el absurdo”, dijo Milman.

El funcionario explicó que el régimen penal juvenil que está proponiendo el gobierno nacional “tiene más de 100 artículos, y uno solo habla de la edad, y el resto son un montón de medidas socioeducativas para tratar el problema”.

“Pensar que todo el debate es hablar de 16, 15 o 14 años es minimizar la situación de una manera irresponsable”, indicó Milman, quien agregó que la norma actual fue “promulgada en los 80 por la dictadura militar, cuando la sociedad argentina era otra”.

“Hay que repensar la situación y discutirla democráticamente. Decir que hacemos algo violatorio de los derechos humanos y pensar que el gobierno de los 80 tenía una mirada pro derechos humanos es absurdo”, añadió.

Alerta

Amnistía Internacional (AI) expresó su “preocupación y alerta” sobre los últimos anuncios de política de seguridad realizados por el gobierno nacional, como la compra de armas tipo Taser y la intención de bajar la edad de imputabilidad de los menores, y advirtió que van “en detrimento de los derechos humanos”.

“Amnistía Internacional manifiesta profunda preocupación con relación a los últimos anuncios sobre la política de seguridad que compromete la responsabilidad del Estado argentino. El mantenimiento del orden y la seguridad no se contrapone con los derechos humanos, por el contrario, su respeto y protección es una de las dimensiones que mejor describe un Estado de Derecho”, señaló la organización en un comunicado de prensa.

En cuanto a las Taser, AI indicó que “se subestiman los riesgos relacionados con la salud y la vida de las personas expuestas al uso de estas armas”, y advirtió que “las armas de electrochoque presentan un alto riesgo de que se utilicen de manera inapropiada y excesiva (incluyendo malos tratos y torturas) debido a que no dejan rastros visibles de lesiones o sufrimiento en la persona”.

“El punto es cómo el Gobierno puede garantizar que las fuerzas de seguridad hayan sido capacitadas y estén preparadas continuamente para que no ocurran usos incorrectos”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de AI Argentina.Asimismo la organización expresó su preocupación ante la propuesta de bajar la edad de imputabilidad a 15 años, y recordó que “desde hace años la Argentina ha sido interpelada por organismos internacionales de derechos humanos a aprobar un sistema de justicia penal juvenil que brinde garantías a los jóvenes en conflicto con la ley penal”.

“Esta necesaria reforma no puede hacerse de cualquier modo. El propio Comité de los Derechos del Niño de la ONU, en sus Observaciones a Argentina, de junio de 2018, hizo hincapié en que la ley penal juvenil no debe incluir disposiciones que puedan endurecer las penas o reducir la edad de responsabilidad penal”, afirmó Belski.

Absurdo

Por su parte, Milman defendió también la compra que hará el Ministerio de Seguridad de 300 armas electrónicas tipo Taser, que se utilizarán en principio en aeropuertos y vagones de trenes. “Bien utilizadas tienen la opción que no generar daños irreparable de la vida. Jurídicamente han sido aprobadas por la Corte Suprema de Justicia en marzo de 2016. Se utilizan en más de 40 países. Las opiniones de Hebe de Bonafini y de las organizaciones de derechos humanos nos ponen en el absurdo”, insistió.

El jefe de Gabinete de la cartera de Seguridad se refirió de esta manera a las declaraciones que realizó esta semana la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, en su habitual discurso de los jueves en la Plaza de Mayo, donde propuso usar las pistolas Taser contra los hijos del presidente Mauricio Macri, de la gobernadora María Eugenia Vidal y de la ministra Patricia Bullrich.

Los organismos de derechos humanos criticaron la decisión de Bullrich en torno a la compra de pistolas Taser, pero Bonafini fue más allá e involucró directamente a los hijos de los funcionarios: “Que los pongan ahí y que les tiren, a ver si no matan. Es la única manera que les voy a creer”, dijo.