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Jueves 31.01.2019 - Última actualización - 7:06
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Tras el desistimiento judicial del caso que lo involucraba junto a Adrián Rodríguez

Pullaro: "Los fiscales fueron el instrumento de alguien"

El ministro de Seguridad remarcó que Roberto Apullán tiene el mismo abogado defensor que un empresario denunciado por la cartera por los arreglos de automóviles policiales. “Hubo una maniobra política para sacarme del gabinete” le dijo a El Litoral.

 

Pullaro promete seguir adelante con la causa para saber desde dónde surgen las denuncias. El ministro en el momento de ingresar en octubre último a las oficinas del MPA donde se hizo la audiencia de la causa. Foto: Flavio Raina




Tras el desistimiento judicial del caso que lo involucraba junto a Adrián Rodríguez Pullaro: "Los fiscales fueron el instrumento de alguien" El ministro de Seguridad remarcó que Roberto Apullán tiene el mismo abogado defensor que un empresario denunciado por la cartera por los arreglos de automóviles policiales. “Hubo una maniobra política para sacarme del gabinete” le dijo a El Litoral.   El ministro de Seguridad remarcó que Roberto Apullán tiene el mismo abogado defensor que un empresario denunciado por la cartera por los arreglos de automóviles policiales. “Hubo una maniobra política para sacarme del gabinete” le dijo a El Litoral.  

Mario Cáffaro / mcaffaro@ellitoral.com

 

El pasado lunes, el fiscal Ezequiel Hernández desestimó la denuncia por supuesto cohecho que tramitaba contra el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, y contra el ex jefe de la Unidad Regional V del dpto Castellanos, Adrián Rodríguez. Hernández resolvió ‘desestimar el caso y archivar‘ el expediente ante la inexistencia de algún ‘hecho punible‘. La investigación se hizo a partir de escuchas telefónicas, de junio a agosto de 2017, entre ambos implicados. Para el fiscal, no hubo delito de cohecho y consideró que de las comunicaciones no surgen conductas que pudieran contemplarse en la figura penal de cohecho. 

 

El Litoral habló sobre esta y otras cuestiones con Pullaro.

 

- ¿Está más tranquilo o siempre estuvo tranquilo pese a la denuncia?

- Nunca estuve imputado en esta situación, sí el director de policía Adrián Rodríguez. Primero el dolor de que a una persona le arruinaron la carrera policial, tuvo impacto en su vida personal, afectiva, por un hecho que no constituía delito. Fue una operación política o policial que llevaron adelante dos fiscales. Debemos saber por qué: si fue por plata, por presiones políticas o presiones policiales. Claramente tenían un interés político y policial. Político era para correrme del ministerio de Seguridad, y policial sacar a una persona que venía haciendo carrera en la estructura policial y que podía proyectarse como general de la fuerza. La verdad ahora sale a la luz. Quisimos eso, que se viera que no hubo ningún delito penal, fueron dos conversaciones en tono jocoso con la persona con la que hablaba quince veces por día. Queremos que se siga investigando para saber realmente quien estuvo atrás de esto: si fue una maniobra política para sacarme del ministerio, si fue policial o si le dieron plata a los fiscales para que hagan esta maniobra. Claramente hubo algo. No puede existir una irracionalidad de personas que tienen vastos conocimientos de lo que es la justicia penal. Ellas no pueden crear una causa por un supuesto arreglo de un concurso de una conversación en términos jocosos de un concurso que tiene un jurado de seis personas que deben hacer las preguntas que no están preestablecidas. Estoy aliviado pero voy a seguir adelante con las acciones penales. Estoy constituido como querellante. Esto no fue solo la detención -ilegal- que tuvo Rodríguez, sino que en forma inmediata se viralizaron todas las conversaciones que tuve y que no tenían nada que ver con la causa inicial. Se le mintió y se engañó a un juez sabiendo que el teléfono era mío, se le dijo que no se sabía de quien era y se lo metió con otros teléfonos en otra causa para que sean intervenidos. Esto muestra que hubo una maniobra política atrás de esto o al menos una maniobra judicial que pretendía perjudicarme.

 

- Usted tiene sospechas ¿aunque todavía no sabe de dónde vienen?

- Sé que los fiscales fueron el instrumento de alguien. (Roberto) Apullán y (María Laura) Martí, ahora fiscales imputados por diferentes delitos, fueron instrumentos de alguien. Quiero saber si ese alguien fue un político que quería sacarme del ministerio de Seguridad -tengo presunciones, hubo operaciones, acompañamiento de un sector en la Legislatura- si fue una maniobra de los sectores oscuros de la policía que denunciamos, corrimos, exoneramos. Presumo que también pueden venir de esos lugares, recuerde lo que fue la causa del D 4. El mismo abogado del jefe de la banda del D4, (Facundo) Testi, que era Néstor Oroño fue el mismo abogado de Roberto Apullán, el fiscal que tenía que acusar a Testi. Esto tiene gravedad institucional: el mismo abogado del jefe de la banda es el abogado del fiscal que tiene que acusar al jefe de la banda. Después cuando ese abogado toma un cargo en Legislatura deja a su socio. Hay una cuestión de suma gravedad que deberá ir revisando la Comisión de Acuerdos para ver si hay elementos para que estos fiscales sean destituidos.

 

- Ese abogado que mencionó ahora forma del cuerpo de asesores de la Comisión de Acuerdos que analiza la conducta de los dos fiscales.

- Es asesor de un legislador y está en todo su derecho. Lo que es extraño que era el abogado de Testi, el jefe declarado de la banda que devolvió dinero al Estado producto de la corrupción privada y policial que denuncié y cuando Apullán es denunciado por mí el abogado es Nèstor Oroño. ¿Cómo una persona va a acusar a alguien cuando lo tiene que defender el mismo abogado?. Le agrego dos elementos: cuando avanzó la investigación del D 4 policías y privados le devolvieron al Estado casi cinco millones de pesos en diferentes acuerdos abreviados. Es un hecho fundante en la Argentina, que policía corruptos y privados corruptos le devuelvan la plata que le robaron al Estado. Fue una denuncia de este ministro, pero Apullan había cerrado un abreviado por 90 mil pesos. De 90 mil pesos a cinco millones hay un largo trecho. Uno presume muchas cosas que pueden haber sucedido en ese transcurso de tiempo. Si el fiscal que lo defiende el abogado del jefe de la banda cierra un abreviado por menos de 90 mil pesos, lo toma otra fiscal cierra un abreviado por casi 5 millones hay una diferencia económica bastante importante que me llevan a presumir muchas cosas que en el transcurso de la investigación deberíamos encontrar los elementos para que sean probadas. 

Hay cosas graves en esto, intentaremos encontrar los elementos para probar esta situación. Está claro que dos fiscales fueron los instrumentos de un sector de la policía o de la política que operó junto a la policía para correrme de Seguridad. La molestia era porque estábamos avanzando sobre cajas estables que tenía la institución policial como era la del D 4 que probamos y denunciamos penalmente.

 

Aval a la extinción de dominio

 

¿Usted salió a bancar el DNU sobre extinción de dominio?

- Si bien es legislación nacional cuando fui diputado provincial, con mi equipo, armamos un proyecto que le llevamos a los diputados nacionales Ricardo Alfonsíkn y Manuel Garrido para que lo presenten en la Cámara que integraban para ir contra la extinción de dominio. Es una ley fundamental que debe tener la República Argentina porque a los narcos no solo hay que meterlos presos sino que hay que desfinanciarlos, hay que sacarles el poder económico. México, Colombia, que tuvieron el problema antes que nosotros tienen legislación de este tipo. Garrido le sumó la corrupción política que -estoy de acuerdo- debe ser imprescriptible y debe haber extinción de dominio para un funcionario corrupto. Lamentablemente en Diputados hubo una fuerte oposición del kirchnerismo para que el proyecto no salga. Tuvo media sanción en Senado un proyecto de Rubén Giustiniani. 

 

Yo defiendo primero,. la herramienta, y en segundo término el DNU. La herramienta porque es trascendental. No alcanza con detener a los narcos, hay que desfinanciarlos para que no puedan tener desde la cárcel una organización criminal y logística. La prueba es Guillermo Cantero, preso en Ezeiza desde organizaba las balaceras, si no tuviese el recurso económico no podría ni corromper ni mandar desde allí. En segundo término, sé que los DNU no pueden regular sobre legislación penal y esto no es penal, esa es la confusión. Esto es civil. Paralelamente a la demanda penal que lleva adelante el Estado se lleva adelante la civil que es la extinción de dominio que ahí sí el presidente puede regularlo por DNU. Para saldar esta discusión deberíamos ir al Congreso pero honestamente es una decisión política que tenemos que destacar y rescatar porque no todos se animan juzguen a los corruptos y a los narcos. Metámoslo los presos y además saquémosle la plata. Tengo diferencias con el gobierno nacional pero acciones de estas características son saltos importantes hacia adelante y por supuesto la voy a defender.

 

El fiscal que tomó la causa del D 4 logró en un abreviado que los privados y los policías devuelvan 5 millones de pesos. Apullán lo quería cerrar en 90 mil pesos. La coicidencia es que Apullán tiene el mismo abogado que el jefe de esa banda”. Maximiliano Pullaro


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