Consulta popular: gobierno pide al TEP que revea su resolución

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El gobierno de Miguel Lifschitz le solicitó al Tribunal Electoral Provincial (TEP) que “reconsidere” su resolución respecto de la consulta popular no vinculante convocada por el Poder Ejecutivo para que la ciudadanía se expida sobre la reforma de la Constitución. Como informara oportunamente El Litoral, es intención de la actual gestión realizar dicho plebiscito el próximo 16 de junio, de manera simultánea a las elecciones generales en Santa Fe. La decisión fue impugnada por el partido Pais, con el patrocinio de Domingo Rondina, por entender que la iniciativa sería inconstitucional, puesto que dicho instituto no está reglado en la provincia. Frente a esa presentación, el Tribunal se declaró incompetente para expedirse sobre la cuestión de fondo -la presunta inconstitucionalidad de la medida-, pero le advirtió en paralelo al gobierno provincial que no tiene facultades ni atribuciones como organismo electoral para intervenir en el armado de la consulta. Ello, fundamentado en que como Tribunal sólo puede actuar frente a actos eleccionarios convocados por ley. Sobre esa base, le aclara al Ejecutivo que de persistir en la idea, deberá ser el propio gobierno quien organice el acto y, en consecuencia, hacerse cargo -por ejemplo- del recurso humano que se fuera a utilizar tanto para la consulta como para el posterior escrutinio. Le sugiere, además, “coordinar” acciones con la Secretaría Electoral y explorar, por ejemplo, si en los lugares de votación existiría espacio físico suficiente para colocar mesas y urnas independientes y diferenciadas de las que se fueran a utilizar para la elección general.

Ofensiva oficial

En las últimas horas, el gobierno respondió al Tribunal ingresando un escrito -firmado por el propio Miguel Lifschitz- en el que admite que en función de lo resuelto por el organismo, el gobierno debería reclutar personal que no esté afectado al comicio provincial para organizar la consulta. Asimismo, debería disponer de mesas y urnas independientes, obligando al elector a formar una segunda fila y hasta a “votar dos veces”, lo cual desalentaría la participación ciudadana. Reconoce el gobierno que todo ello redundaría en un incremento considerable del costo económico del proceso y que, por ende, tornaría prácticamente irrealizable la consulta. Por ello le solicita al Tribunal que reconsidere la decisión y que permita que se utilicen para la consulta las mismas autoridades, mesas, urnas y fiscales que para la elección general; o cuanto menos, que puedan interactuar de manera coordinada.

Para el gobierno provincial, con los parámetros establecidos por el TEP “resulta manifiestamente impracticable (la consulta popular), quedando así desnaturalizada su propia esencia y los principios que inspiran su convocatoria, como también su legitimidad y la validez de su respectivo resultado”. De ese modo, el gobierno prácticamente le avisa al Tribunal que su resolución atenta contra la consulta puesto que conduciría a “una innecesaria duplicación del acto electoral, que terminaría por fulminar toda posibilidad de llevar adelante” el plebiscito. “No resulta razonable -continúa el texto del gobernador- generar mayores erogaciones al Estado, notorias incomodidades al electorado y potenciales conflictos funcionales en los locales de votación”.

Final abierto

Frente al escrito del gobierno, Rondina recordó que mientras “hace una semana, el gobierno provincial decía que no había problemas tras la resolución del Tribunal para avanzar con la consulta, ahora sostienen que sí se impide dicha realización porque la gente no querrá hacer dos filas para votar y porque, además, el operativo le generaría gastos enormes al erario público”.

Advirtió, por otra parte, que “el gobierno dejó correr los plazos para el recurso de inconstitucionalidad y en lugar de apelar, optó por hacer esta nueva presentación”. Finalmente, consideró que el Poder Ejecutivo “alude erróneamente a una resolución de la Cámara Electoral nacional que habilitó una consulta en Entre Ríos, pero sin reparar en que la Constitución de dicha provincia no tiene la misma prohibición que la de Santa Fe, que le impide al Tribunal Electoral organizar una elección que no esté convocada por ley”.