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Sábado 30.03.2019
15:09

Debates en campaña

Doble rol: otra vez, el dilema de los candidatos que ocupan cargos

No existe incompatibilidad legal que los obligue a dejar sus puestos, pero sí reproches de la oposición. “Yo tomaría licencia”, opinó María Eugenia Bielsa. “Yo lo hice cuando fui ministro de Jorge Obeid”, recordó Omar Perotti. Críticas al aprovechamiento de los oficialismos de las estructuras del Estado, y una Ley de Ética Pública que quedó en el olvido.

El gobernador Miguel Lifschitz, el intendente José Corral y miembros de sus gabinetes son candidatos. No hay ley que obligue a pedir licencia, y tampoco que regule la superposición temporal de actividades oficiales con la campaña electoral. Foto: Luis Cetraro




Debates en campaña Doble rol: otra vez, el dilema de los candidatos que ocupan cargos No existe incompatibilidad legal que los obligue a dejar sus puestos, pero sí reproches de la oposición. “Yo tomaría licencia”, opinó María Eugenia Bielsa. “Yo lo hice cuando fui ministro de Jorge Obeid”, recordó Omar Perotti. Críticas al aprovechamiento de los oficialismos de las estructuras del Estado, y una Ley de Ética Pública que quedó en el olvido. No existe incompatibilidad legal que los obligue a dejar sus puestos, pero sí reproches de la oposición. “Yo tomaría licencia”, opinó María Eugenia Bielsa. “Yo lo hice cuando fui ministro de Jorge Obeid”, recordó Omar Perotti. Críticas al aprovechamiento de los oficialismos de las estructuras del Estado, y una Ley de Ética Pública que quedó en el olvido.

La duplicidad de roles en ésta -como en otras- contienda electoral vuelve a fijar la mirada sobre la legislación vigente en materia de presuntas incompatibilidades jurídicas y cuestiones de ética pública. Son candidatos el gobernador, ministros, senadores, diputados, intendentes y concejales en ejercicio, tanto del oficialismo como de la oposición. Todos tienen derecho a serlo. Pero la situación genera controversia. La inclusión en las listas de buena parte de los legisladores actuales tiene virtualmente paralizada la Legislatura desde hace semanas porque sus miembros tienen la agenda saturada con las legítimas actividades proselitistas. 


El mismo análisis cabría para los integrantes del Ejecutivo, aunque en ese caso, la situación que se señala como más gravosa es exactamente inversa: una sobreexposición de los funcionarios/candidatos en actividades “de gestión”, que deja en una situación de desigualdad a los postulantes de la oposición.


Antecedente


En las elecciones de 2015, la misma discusión se reeditaba cuando el por entonces candidato a gobernador por Cambiemos, Miguel Torres del Sel, anunciaba la decisión de renunciar a su banca de diputado nacional para ocuparse plenamente de la campaña. En la misma compulsa, el actual diputado Rubén Giustiniani, desafiaba a las autoridades de turno a que explicasen “cómo y quién” gobernarían la provincia, teniendo en cuenta que el por entonces gobernador Antonio Bonfatti y su vice, Jorge Henn, eran candidatos a diputados; al igual que el por entonces ministro de Gobierno, Rubén Galassi. 


La elección actual triplica el escenario de hace cuatro años. Es candidato a diputado el gobernador Miguel Lifschitz, y junto a él, casi media docena de integrantes de su gabinete: la ministra de Ciencias, Erica Hynes; de Educación, Claudia Balagué; de Gobierno, Pablo Farías; de Seguridad, Maximiliano Pullaro; y de Infraestructura, José Garibay. “No tenemos previsto tomar licencia; para nada -dijo Garibay esta semana ante una consulta de la prensa-. Nuestra prioridad es la gestión y seguir con esta dinámica”, sentenció. Como en 2015, el oficialismo no contempla el paso al costado.


Sin regulación


La legislación vigente no encuentra incompatibilidades entre el ejercicio de un cargo ejecutivo o legislativo, y una postulación. “En realidad, no hay sobre esto ningún tipo de regulación”, aclaró ante la consulta de El Litoral, la ex secretaria electoral de la provincia -y también candidata-, Claudia Catalín. “No hay prevista una licencia especial por estos casos para los funcionarios políticos. En cambio, sí deben tomar licencia si se postulan, los empleados del Estado”, comentó.


La ex funcionaria insistió en que “no existe impedimento en materia electoral, aunque estamos también frente a una legislación desactualizada. Se trata, en rigor, de una cuestión de ética pública”. En el mismo sentido, citó el concepto de Cippec (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento) de “cancha inclinada”, en alusión a las ventajas de los oficialismos, por ejemplo, “en materia de exposición pública, donde se mezcla la campaña con la actividad habitual del funcionario. Eso, en la provincia, no tiene ningún tipo de regulación, y debería haber normativas en este sentido”, planteó.


“Paso al costado”


Desde el frente Juntos, sentó posición sobre el tema la precandidata a gobernadora María Eugenia Bielsa. Consultada por El Litoral, dijo respetar la opinión de todos, pero puso en duda la eficiencia de un funcionario cuyo rol le exige dedicación exclusiva”, si simultáneamente está en campaña. “Yo tomaría licencia”, advirtió. “Creo que hay tareas donde se pueden compatibilizar las funciones con una campaña, y otras en las que la dedicación es full time. Tenemos la convicción de que el trabajo ejecutivo es 24 sobre 24 (horas). Entonces, no entendemos cómo hay áreas en las que no pueda haber conducción. No juzgo lo que hace el otro, pero yo tomaría licencia”, insistió. 


Su compañero de fórmula, Danilo Capitani, planteó otras críticas sobre el manejo del oficialismo. “El problema no es que los ministros participen de un acto, porque se trata de una actividad política y todos los que lo somos queremos estar. Pero días atrás -relató-, íbamos a inaugurar un centro de atención en una localidad de mi departamento (San Jerónimo), y utilizaron ese acto institucional para promover la fórmula del Frente Progresista. Ahí está el problema; la gente esperaba otra cosa de ese acto y tuvo que aguantar (sic) las propagandas políticas del Frente. No se pueden usar los actos de gobierno para hacer campaña”, reclamó.


El senador nacional Omar Perotti se sumó a la polémica. El también precandidato a gobernador objetó por “grosero” el comportamiento del oficialismo en materia de propaganda electoral, y se puso como ejemplo. “Cuando fui ministro de la Producción de Jorge Obeid, tomé licencia para ser candidato a senador por el departamento Castellanos. Desde el punto de vista formal, no hay impedimentos -admitió a El Litoral-, pero desde lo ético y desde el compromiso por el difícil momento que se atraviesa, como mínimo, correspondería que el último mes estén con licencia”. A su entender, el actual vicegobernador debería quedar “al frente” del Ejecutivo, y “dejar expuesto que medio gabinete no está comprometido con el día a día, sino haciendo campaña”.


Otras voces


José Corral, precandidato a gobernador de Cambiemos, dijo a este diario que si no hay incompatibilidades legales, tampoco hay razón para que los funcionarios se aparten de sus cargos. Lo mismo interpretó Oscar Blando, director provincial de Reforma Política. “Mi opinión personal es que ninguno debería tomar licencia; creo que por esa cantidad de días -treinta, que son los que estipula la ley como período de campaña-, no amerita. Se instala un debate deliberadamente, que no comparto”, expresó.


Otra vez desde Cambiemos, pero a diferencia de Corral, el concejal Jorge Boasso calificó como “obsceno, y hasta rayano con la corrupción” el manejo del oficialismo en épocas de campaña. Habló de “la utilización, directa o indirecta, de fondos públicos para actividades proselitistas y para publicidades oficiales en períodos de veda, mientras el resto de candidatos tiene que ‘remarla’. Es obsceno el uso de autos y estructuras oficiales para ese fin, y lo es también no pedir licencias”. Con el mismo signo político, el actual diputado Sergio Más Varela bregó porque se respete la ley de Campañas (12.080), que “prohíbe a los funcionarios/candidatos quince días antes de la elección, participar de actos de gobierno que puedan ser destinados a captar votos”. Asimismo, sugirió exigir que si no se van a apartar de sus cargos, “la participación en campaña de esos postulantes se dé en días y horarios inhábiles”.


Pablo Javkin opinó sin medias tintas. Para uno de los autores de la ley provincial de Ética Pública, “está mal” el aprovechamiento que hacen los oficialismos en época electoral. “Claramente se viola la ley. Los tres niveles de gobierno del Estado y lamentablemente casi todos los gobiernos en la Argentina, violentan los principios básicos en relación a la identificación de la publicidad con los actos de gobierno, algo que marcan toda las organizaciones que trabajan en el tema. No tengo ninguna duda de que debiera haber una limitación legal y judicial a ese uso. La norma marca que quien gobierna no es el dueño del Estado y por lo tanto, no se puede actuar como si lo fuera, porque los recursos son públicos, es decir, colectivos. Está mal”, concluyó.


>>> Había una vez una ley....

En noviembre de 2011, la Cámara de Diputados sancionaba la ley registrada bajo el número 13.230, y conocida como “Ley Provincial de Ética Pública”. 
La norma establece un conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables a todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, de manera permanente o transitoria, por elección popular, designación directa, por concurso o por cualquier otro medio legal. Determina que los sujetos comprendidos en dicha ley se encuentran obligados a cumplir con una serie de deberes y pautas de comportamiento ético basados en honestidad, probidad, rectitud, buena fe y austeridad republicana.
Plantea que “la publicidad de los actos, programas, obras, servicios y campañas de los órganos públicos deberá tener carácter educativo, informativo o de orientación social, no pudiendo constar en ella, nombres, símbolos o imágenes que supongan promoción personal de las autoridades o funcionarios públicos”. Y dispone la creación de una Comisión Provincial de Ética Pública que funcionará como órgano independiente de los poderes estatales y actuará con autonomía funcional. Entre sus funciones se encuentra la de “recibir denuncias registradas legalmente respecto de conductas de funcionarios o agentes de la administración contrarias a la ética”.
Consultado sobre el funcionamiento de dicha comisión, Javkin fue terminante: “La comisión nunca se creó, porque en realidad, esta ley nunca fue reglamentada”. 

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