Mientras los oficialismos sufren los costos propios de gobernar, la oposición espera beneficiarse del descontento que aquellos generan, tanto al frente de la Casa Gris como de la Casa Rosada.
Dolores de cabeza con la Policía santafesina y por nombramientos en el MPA. El fracaso económico nacional y el juego electoral.
Mientras los oficialismos sufren los costos propios de gobernar, la oposición espera beneficiarse del descontento que aquellos generan, tanto al frente de la Casa Gris como de la Casa Rosada.
No salir con los tapones de punta y, en cambio, dejar que la indignación social incomode a quienes toman las decisiones parece ser la mejor manera de sembrar adhesiones a la oposición, sobre todo para el peronismo, en ambos escenarios.
A nivel nacional, es evidente el vínculo entre los gráficos que indican la subida del dólar, de la inflación, de los precios de los alimentos y de las tarifas, con aquellos de las encuestas que muestran la baja en la popularidad de Cambiemos. Y ya no es solo el presidente Mauricio Macri quien está afectado por los números de su gestión. Pidió que se lo juzgue sin prejuicios ideológicos, por resultados, y eso mismo ocurre.
Se retrae la ola amarilla de 2017 y el efecto del enojo con el gobierno nacional -de una u otra forma- afectará a los candidatos de la coalición también en elecciones provinciales y municipales.
En la Provincia, las cosas no son tan diferentes. Aunque los dolores de cabeza provengan de otro plano. El gobierno santafesino tiene dificultades para mostrar que hace lo necesario para cumplir con uno de los roles constitutivos de la noción de Estado: imponer normas por sobre los individuos y sus conflictos, lo que puede resumirse en un funcionamiento correcto del servicio de Justicia frente a quienes no las obedecen y una adecuada labor del Ministerio de Seguridad y los policías a su cargo para sorprender y perseguir a quienes viven de no obedecer las leyes.
En estos días, tres escándalos sacuden dolorosamente la realidad santafesina y ponen a funcionarios santafesinos en aprietos. Es grave que 24 policías hayan sido detenidos bajo cargos como abuso de arma, falsedad ideológica en instrumentos públicos, torturas, apremios ilegales, robo y robo calificado, entre otros. En lo que va de la gestión actual suman casi 600 los pases a disponibilidad de funcionarios policiales, con casi 300 causas entre destituciones y pedidos de destitución.
Es verdad que se trata de un esfuerzo por depurar, por limpiar a la Policía. Sin embargo, debe advertirse que se trata de la tercera gestión del Frente Progresista, Cívico y Social, no de la primera.
Lo anterior también explica el gravísimo episodio con dos ciudadanos agredidos por policías en Santo Tomé, que parece tomado de una página negra de los peores años del país. Y se detuvo a otros seis policías.
Finalmente, otro escándalo de proporciones sacudió al Ministerio Público de la Acusación. Siempre causa enojo el ingreso de empleados al sector público en condiciones ventajosas respecto de los demás. Mucho más cuando se trata de 195 nombres, parte de ellos familiares y militantes partidarios del oficialismo. La medida quedó sin efecto luego de que asumiese el carácter de escándalo público, y los fiscales reaccionaran contra ella. Aún así, los costos a pagar -en un año electoral- son altos.
Los candidatos del peronismo en la Provincia no se han puesto en la vanguardia de las críticas, acaso porque temen que se les recuerden sus malos pasos de cuando fueron gobierno. Pero saben que así suman, aún de brazos cruzados.
Lo mismo pasa a nivel nacional: Cristina calla y ve crecer sus chances porque el macrismo cae. Indirectamente, su silencio favorece a Omar Perotti, que sumó al grueso de los dirigentes K sin pagar (al menos por ahora) los costos de una presencia fuerte de la ex presidente.