Mujeres acusadas por matar a una madre delante de sus hijos

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“Estamos pasando un momento injusto y doloroso con mis hijos”, dijo Héctor G. con la voz entrecortada. “Falta la mamá”, explicó el esposo de Gisela Guadalupe Aguirre, la mujer de 34 años que fue asesinada a puñaladas por su vecina y la suegra de ésta última, el 1º de noviembre del año pasado. Ese jueves por la noche, sus dos pequeños hijos jugaban en el patio cuando la pelota cruzó el límite entre las viviendas, se produjo una escaramuza que finalizó con un brutal ataque sufrido por Aguirre, a manos de las ahora imputadas, y del que los niños fueron testigos directos.

“Estamos destrozados”, agregó el hombre, como si hiciera falta la aclaración, y agradeció haber sido escuchado por la jueza Susana Luna, en lo que fue la antesala de la audiencia imputativa en que la fiscal de Homicidios, Cristina Ferraro, atribuyó a María Celeste Benítez (28) y a su suegra Gladys Amarilla (51) el delito de “homicidio calificado por alevosía” en carácter de “coautoras”.

Acompañado por el Dr. Agustín Roubineau, del Centro de Asistencia Judicial (CAJ) de la provincia, el marido de la víctima y padre de dos criaturas pidió la palabra, en su carácter de querellante. Dijo que hasta las detenciones -ocurridas el domingo y lunes de esta semana- “estábamos presos nosotros”. “Teníamos miedo de salir”, porque “a la vuelta de mi casa vive la mamá de Benítez”, aunque reconoció que “ahora estamos más tranquilos”.

“Con alevosía”

La audiencia celebrada este martes fue breve y consistió en realidad en una “ampliación de atribución delictiva”, ya que una de las acusadas (Benítez) ya había estado detenida, con prisión preventiva y liberada por la Cámara Penal durante la feria de verano, tras lo cual se dio a la fuga y fue declarada en rebeldía. La fiscal Ferraro recordó que el año pasado fue imputada solamente Benítez, la cual quedó detenida desde el primer momento del hecho. Pero ahora son dos las mujeres que están acusadas de matar a Gisela Guadalupe Aguirre “con un arma blanca y con alevosía”, agregó.

El hecho ocurrió el 1º de noviembre de 2018 alrededor de las 20, en las inmediaciones de la calle Lavalle al 8100 del barrio Coronel Dorrego. “Las dos atacaron a Aguirre” y “Benítez fue la que utilizó un arma blanca con la que le produjo múltiples heridas en el tórax, abdomen, brazo y antebrazo izquierdo”, mientras “Amarilla la sostenía de atrás”, relató. El crimen “fue perpetrado con alevosía” sostuvo la fiscal, porque la víctima “no se pudo defender”.

También repasó las actuaciones que derivaron en la intervención de la Seccional 8a. primero y luego de la Sección Homicidios de la PDI. Y dijo que los dos hijos menores de la mujer asesinada fueron testigos de lo que pasó y que se les tomó entrevistas en Cámara Gesell, evidencia clave de cara a un futuro juicio oral.

Nuevas detenciones

Las acusadas, que durante la imputativa se abstuvieron de prestar declaración, contaron con la asistencia técnica del abogado particular Matías Pautasso -por Amarilla- y del defensor oficial Lisandro Aguirre -por Benítez-. Y este jueves, en horario a confirmar, serán llevadas nuevamente al edificio de tribunales, donde tendrá tratamiento la prisión preventiva solicitada por la fiscalía para ambas.

Tras dos meses de rebeldía, Benítez se presentó el domingo en horas de la noche ante la Policía de Investigaciones, para ponerse a derecho. La mujer quedó inmediatamente detenida. En tanto, el lunes al mediodía, personal de la División de Homicidios de PDI allanó una casa de la calle Pedro de Espinoza al 6400, donde quedó bajo arresto Gladys Amarilla, quien si bien en un primer momento no fue imputada, a partir de la declaración de los testigos se supo que habría actuado en colaboración de su nuera y también estaba prófuga.

Citación y rebeldía

María Celeste Benítez estuvo detenida por el homicidio de Gisela Aguirre desde el mismo día del hecho, el 1º de noviembre de 2018. El 5 de noviembre el juez penal Jorge Pegassano dictó la prisión preventiva para la mujer de 28 años, vecina de la víctima. La medida fue apelada por el entonces defensor público Sebastián Amadeo y durante los primeros días de enero, en medio de la feria judicial, el camarista Sebastián Creus le dio la libertad con restricciones, tras declarar nulo el fallo mediante el cual se ordenaba la preventiva, por considerarlo infundado.

Entre las restricciones contaba la de fijar un domicilio y nombrar un guardador, que en este caso fue una de sus hermanas. A los pocos días, todavía enero, la fiscal Cristina Ferraro pidió que se fije una audiencia para la ampliación de la atribución imputativa, a la que la acusada acudió en estado de libertad. Pero la audiencia que iba a realizarse el 1º de febrero, se suspendió por cuestiones formales y fue reprogramada para el martes 5 del mismo mes.

Llegado el día, Benítez no fue a la audiencia y en su lugar llegó su guardadora, para decir que no veía a su hermana desde el viernes anterior, fecha desde la cual estuvo prófuga hasta este domingo, que se presentó ante la Policía.