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Martes 23.04.2019 - Última actualización - 14:32
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Delitos ambientales: para el ruralismo, una ambigüedad

Así lo consideran desde la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (CARTeZ), entidad que solicita participación en el debate del nuevo Código Penal. Tal como están planteados actualmente en el proyecto “puede generar una cacería de brujas”.

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Actualidad Delitos ambientales: para el ruralismo, una ambigüedad Así lo consideran desde la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (CARTeZ), entidad que solicita participación en el debate del nuevo Código Penal. Tal como están planteados actualmente en el proyecto “puede generar una cacería de brujas”. Así lo consideran desde la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (CARTeZ), entidad que solicita participación en el debate del nuevo Código Penal. Tal como están planteados actualmente en el proyecto “puede generar una cacería de brujas”.

Juan Manuel Fernández | @jotafernan

 

La Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (CARTeZ) hizo punta entre las entidades del sector en Argentina ante el riesgo que consideran podría implicar para los productores la inclusión de “delitos ambientales”, sin la suficiente delimitación, en la reforma al Código Penal que deberá debatirse en el Parlamento Nacional.

 

En un comunicado, el presidente de la entidad Gabriel De Raedemaeker manifestó que, de aprobarse tal cual está planteado, el nuevo marco legal podría desatar “una cacería de brujas” contra los productores agropecuarios. El punto crítico, dijo, sería quedar a merced de una interpretación ideologizada ante la ambigüedad con que actualmente se plantea la problemática. Por caso, que “algún fiscal que, en estricto cumplimiento de su deber pero impregnado de un halo ideológico anti-campo, considere, por ejemplo, que las aplicaciones de productos fitosanitarios constituyen un mecanismo de contaminación ambiental”.

 

"Cualquier fiscal por más buenas intenciones que tenga puede cometer un error grave y terminar condenando a una persona inocente, que a lo mejor está haciendo las cosas bien", explicó el dirigente. Foto: Archivo

 

En declaraciones a Radio EME, De Raedemaeker aclaró que “no se trata de defender a quienes obren mal y atenten contra el medioambiente” y que en tal caso “merece un castigo, no es un productor que merezca ser defendido”. Pero advirtió que el proyecto no define con claridad qué es delito y qué no. Y si esto no se delimita con precisión podría ocurrir “que cualquier fiscal por más buenas intenciones que tenga puede cometer un error grave y terminar condenando a una persona inocente, que a lo mejor está haciendo las cosas bien”.

 

 

En tal sentido, mencionó que en Córdoba hubo sentencias que condenaron a productores, incluso con prisión efectiva, “y que no tienen, claramente, un sustento técnico sino más bien ideológicos”.

 

Por ejemplo, el dirigente resaltó que el proyecto habla de “delitos contra la biodiversidad”, pero pidió que se defina con más detalle. “En un lote de maíz al eliminar malezas estamos afectando la biodiversidad, porque estamos tratando de reducir la cantidad de especies que hay en ese lote a una, que es maíz”. En ese sentido se preguntó quién pudiera decir que el cereal afecta el ambiente. “Por el contrario lo incorporamos para hacer sustentable la producción”, afirmó.

 

Otra observación al proyecto involucra a los apicultores, ya que se menciona la liberación de fauna exótica en un ambiente que pudiera afectar la reproducción de especies autóctonas. “La abeja, que es importantísima en la reproducción de especies vegetales, en muchos lugares no es autóctona; o sea que la liberación de abejas podría generar una sanción penal para un productor”.

 

La misma iniciativa también contempla penas por liberación de sustancias tóxicas. “Y nosotros en Córdoba ya tenemos sentencias en la que un Fiscal consideró que un principio activo, un agroquímico, desde el momento que sale de la pulverizadora es una sustancia tóxica; cuando lo estamos aplicando directamente sobre el cultivo, evitando cualquier tipo de deriva que pueda afectar ni siquiera a metros de donde se aplica”. De ahí que desde el sector consideren que “esa discrecionalidad o falta de delimitación entre lo que es un delito y lo que no es lo que puede generar una cacería de brujas, que es lo que nosotros tememos”.

 

Por eso el reclamo es tener participación en la discusión para colaborar en la demarcación clara de lo qué será un delito y qué no. “En definitiva para saber si vale la pena ponerse en riesgo para producir lo que el país nos está demandando”.

 

El ruralista se mostró preocupado, además, porque la iniciativa ya está en el Senado y sin embargo hay legisladores que “ni siquiera están enterados del proyecto”. Incluso reveló: “uno de ellos llegó a preguntarme si está en Diputados”. En tal sentido manifestó que quieren realizar aportes técnicos para evitar que se resuelva “como un paquete de leyes donde levantadores de manos aprueban sin leer en profundidad”, ya que si así ocurriera podría ser “muy peligroso y le va a hacer muy mal al país, porque seamos claros: el país necesita de los alimentos y energía que viene del campo; y si seguimos poniendo trabas a la producción esto tiene un final difícil de predecir”.

 

 

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