Sin justicia, sin paz, sin casa...

Ya pasaron cinco años del asesinato de Adrián Escobar. Tenía 31 años, vivía en la zona norte de la ciudad de Santa Fe y trabajaba en una importante firma local de seguridad privada. Lo mataron en las calles de barrio Coronel Dorrego (también conocido como “Chaqueño”), muy cerca de su casa, para robarle la moto. Cuatro asaltantes lo emboscaron y le dispararon por la espalda. Desde entonces, su esposa María y su pequeña hija “Flori”, de apenas 4 años, comenzaron el duro camino que suelen recorrer los familiares de víctimas de la inseguridad. La mujer trató de llegar a la verdad, empujó la investigación con todas sus fuerzas, se enojó con las autoridades, se desgastó, pero con el paso del tiempo todo fue diluyéndose y quedó en la nada. Ella y su niña fueron amenazadas por una banda de delincuentes de la zona, aparentemente los responsables del homicidio, quienes se domiciliaban y se movían en las cercanías. Fue entonces que desde el Ministerio de Seguridad dispusieron sacarlas de su hogar, por su protección, y alquilarles una vivienda lejos de donde se encontraban los bandidos. Ahora, el Estado les quitó su casa, asegura María Milla, la viuda de Escobar.

La madrugada del 24 de abril de 2014, Adrián Escobar se despertó cerca de la 1, se vistió, saludó a su esposa, le dio un beso a su hija que dormía. Era el ritual que hacía a diario antes de partir a su trabajo. María escuchó cómo encendió su Honda Biz, esperó a que se calentara el motor y partió. Él no lo sabía, pero estaba yendo a una emboscada.

No hubo testigos, pero las paredes del barrio cuentan que tomó calle French hacia el este, cruzó la vía y a los pocos metros le salieron al cruce dos sujetos armados. Adrián giró abruptamente por un pasaje, pero al llegar a Matheu lo esperaban otros dos asaltantes. Uno de ellos le disparó por detrás.

Una bala le rompió parte del manubrio, otra impactó en la patente y la tercera hizo blanco en su espalda. Perdió el equilibrio y cayó. Mientras los criminales se llevaban la moto, Escobar se arrastró hasta un árbol cercano. Agonizaba. Se recostó contra el tronco y alcanzó a pedir ayuda antes de perder el conocimiento. Murió segundos después.

María escuchó los disparos y se asustó. Llamó a su marido, que siempre contestaba el teléfono. En ese momento contestó otra persona, que se limitó a escuchar a la mujer, que suplicaba por saber qué le había pasado a su hombre.

La moto apareció poco después, tirada en una calle cercana. El teléfono fue hallado en manos de un joven vecino de la zona que dijo que se lo habían vendido. Nunca se pudieron conseguir pruebas concretas para llegar a los responsables. Los asesinos -según los rumores- son parte de una banda que siempre se dedicó al robo de motos en esa zona.

Tiempo más tarde, María y “Flori” fueron amenazadas con un arma de fuego, aparentemente una “tumbera” (escopeta de fabricación casera). Por ese incidente, la policía detuvo a un sujeto, pero poco después recobró la libertad.

Ante el peligro que significaba que ambas vivieran tan cerca de los presuntos homicidas, el Gobierno de la provincia, a través del Ministerio de Seguridad, decidió “reubicarlas”. Así, ambas debieron mudarse a otro punto de la ciudad, a un departamento que las autoridades alquilaron para ellas.

También se aseguraron de que la mujer tenga un trabajo, porque Adrián era el único sostén económico de la casa.

Cansancio

“Hace un tiempo que decidí no seguir empujando la investigación. Estaba desgastada física y emocionalmente. Todo afectaba también a mi hija. Quería aliviar un poco el dolor, pero un año después terminé 15 días en cama, con tratamiento psicológico. Me ganaron por cansancio. Ya no tengo esperanzas de que se haga justicia por la muerte de Adrián”, se lamenta María Milla.

“Por las amenazas nos tuvimos que ir. El Ministerio (de Seguridad) optó por sacarnos de ahí y alquilarnos otro lugar. Por recomendación de un vecino en el que confiábamos dejamos nuestro hogar a cargo de una pareja de policías, que nos la alquilaron. Esa casa era mitad de Adrián y mitad de su madre. En 2017 iniciamos un expediente para cancelar la deuda del inmueble y que cambie la titularidad a nombre de mi hija. Para eso, la abuela le cede a “Flori” su parte, con un documento de escribano público. Presentamos todos los papeles. Explicamos por qué nos habíamos tenido que ir de allí. Ahora nos llega una resolución de la Dirección de Vivienda por la que nos quitan la casa y se la dan a los policías, que la están usurpando. Es indignante. Dicen que ‘Flori’ no tiene derechos porque no vivía en ese lugar y desconocen por qué se había tenido que mudar”.

Derechos

“Mi hija es menor de edad y acá está en juego su derecho a la vivienda. Esta resolución va contra las normas jurídicas nuestras y también contra tratados internacionales a los que adhirió nuestro país, según me explicó mi abogado. Además, las autoridades de ese organismo le niegan a Flori la posibilidad de apelar la decisión ante el gobernador, por no ocupar la vivienda. Claro que no la ocupa, porque de ahí nos sacaron por nuestra seguridad. Les entregamos toda la documentación, las denuncias, los contratos del Ministerio de Seguridad, pero ellos ignoraron todo”, se quejó María.

Sin esperanzas

“Sería un alivio para nosotras, para el gran dolor que sentimos, ver a los culpables presos. Aunque sea unos meses. Que alguien pague por tanto daño que hizo matando a Adrián, un gran esposo y excelente padre de mi ‘Flori’. Hoy sé que eso no va a pasar. Ya no creo en la Justicia”, sentenció María Milla.