El Poder Ejecutivo, a través del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Silberstein, y el Tribunal Electoral firmaron en las últimas horas el llamado “convenio de colaboración” para la consulta popular no vinculante sobre la necesidad de la reforma constitucional que se hará el próximo 16 de junio en forma simultánea a la elección de autoridades provinciales, municipales y comunales. El gobernador Miguel Lifschitz insistió en su mensaje ante las cámaras en la necesidad de la consulta. El convenio se da tras el rechazo del Tribunal Electoral a organizar la consulta en los términos previstos en el decreto de convocatoria. En el acuerdo se establecen las competencias de ambos órganos en definir autoridades, utilizar los mismos establecimientos para la votación aunque con mesas separadas y también escrutinio separado.
La presidente del Tribunal, María Angélica Gastaldi, y los dos vocales, Georgina Elena Depetris y Eduardo Roberto Sodero, estamparon su firma en el documento de doce puntos a cuyo texto accedió El Litoral.
Se determina allí que el gobierno provincial se encargará exclusivamente de la provisión del padrón para la consulta, el cual estará separado del padrón que se utilizará para la elección de futuras autoridades. El mismo Poder Ejecutivo se encargará de confeccionar y proveer el padrón especial para extranjeros, fuerzas de seguridad y personas privadas de libertad.
Para el ciudadano, la constancia de emisión de opinión en la consulta será distinta de la expedida por el Tribunal Electoral tras el sufragio.
En el convenio, se establece que el gobierno confeccionará una lista de autoridades titulares y suplentes de las mesas especiales referidas a la consulta y las comunicará al Tribunal, órgano que se encargará de verificar que ninguna de esas autoridades hayan sido designadas como autoridad de mesa. En la primaria del pasado domingo y en la elección del 16 de junio, el Tribunal Electoral optó mayormente por designar personal docente como autoridad de mesa y en caso de renuncias procedió a buscar en el resto del padrón. Una vez depuradas las autoridades de mesa, el mismo Tribunal emitirá las autorizaciones y credenciales identificatorias.
Luego el convenio establece el mecanismo que se utilizará en las mesas para informar al ciudadano si desea o no pronunciarse sobre la reforma constitucional. Se señala que el Tribunal Electoral instruirá a las autoridades de mesas para que informen a los votantes de que pueden participar, si así lo desean, en la consulta popular no vinculante, indicándoles la ubicación de las mesas. Mientras tanto, el gobierno provincial capacitará a las autoridades de las mesas especiales para que expliquen claramente a los participantes de la consulta los alcances, objeto y naturaleza voluntaria.
Sostengo que no sería bueno, después de todo lo avanzado, que volviéramos a guardar en un cajón el proyecto de Reforma Constitucional. Por este motivo hemos convocado a la realización de una consulta popular, no vinculante, coincidente con el próximo turno de las elecciones generales en junio. Que el pueblo opine libremente".
(Miguel Lifschitz, mensaje ante las cámaras legislativas)
El Poder Ejecutivo y el Tribunal Electoral también acordaron sobre los locales de votación en los cuales se habilitarán mesas sobre la consulta, mensajes diferentes a las mesas de los comicios, pero estarán ubicadas en un espacio contiguo. El gobierno provincial proveerá las urnas para depositar la opinión de la consulta, urnas claramente identificadas “para evitar cualquier posibilidad de confusión”.
En cuanto al elector, previo a depositar su voto en las urnas de las elecciones provinciales y municipales, podrá dirigirse a la mesa especial donde recibirá la boleta de la consulta e ir al box de votación. Se aclara que quienes sólo deseen participar en la consulta popular se dirigirán directamente a la mesa respectiva.
El escrutinio se hará en cada mesa y se aclara que la transmisión del dato de la consulta podrá hacerse a continuación de la transmisión del escrutinio del acto eleccionario. La transmisión de datos se hará en actas separadas.
En el convenio, el Tribunal Electoral tendrá bajo su responsabilidad el despliegue y repliegue del materia electoral correspondiente mientras que el gobierno asumió la responsabilidad exclusiva por la custodia las urnas correspondientes a la consulta popular no vinculante.
La diputada socialista Inés Bertero salió a defender la decisión de Lifschitz de convocar a la consulta. “Es sorprendente la premura con que algunos sectores que se declaman reformistas salieron a clausurar el debate que el gobierno del Frente Progresista puso en agenda, con falsos argumentos jurídicos que afortunadamente fueron desestimados por el propio Tribunal Electoral reconociendo en los considerandos de su resolución, la constitucionalidad del acto dictado por el gobernador que permite la convocatoria a consulta popular no vinculante”,
La socialista recordó que en la sesión especial del 29 de agosto de la Cámara de Diputados para el tratamiento del proyecto de reforma enviado por el Poder Ejecutivo, “quedó demostrado el escaso compromiso de la oposición para habilitar una reforma que entendemos trascendente y necesaria para coronar la ingeniería institucional de nuestra provincia en cuanto a garantizar derechos de los ciudadanos y a organizar los poderes del Estado de manera transparente y participativa”. Bertero aseguró que la propuesta es clara: “Consiste en preguntarle a la ciudadanía si cree conveniente y oportuno reformar una Constitución que data de 1962 dando lugar a un debate plural y abierto, en el cual tanto el gobierno como cada partido o agrupación política, asociaciones civiles y la ciudadanía toda sean protagonistas. En definitiva, si podemos construir colectivamente una mejor Constitución para una sociedad que debe ser cada vez más libre, democrática e igualitaria”.
El diputado justicialista Roberto Mirabella -dirigente de extrema confianza de Omar Perotti- recordó que en marzo del año pasado propuso que la consulta sea resuelta por ley y con efectos vinculantes, proyecto que el bloque del Frente Progresista no quiso tratar. “La consulta sobre la reforma constitucional se debe hacer por ley, vinculante, o no se hace” insistió el rafaelino Roberto Mirabella.
“Fuimos los primeros en hablar del tema, pero hacerla por ley y vinculante, no por decreto y de prepo meter otra urna en los lugares de votación” afirmó. Señaló que el propio Tribunal Electoral también dijo que no se puede hacer sin ley. “Qué quieren hacer, nos quieren llenar de militantes socialistas la escuela el día de la elección poniendo mesas en los pasillos para que la gente vote qué cosa, en algo que además no es vinculante. Es otro mamarracho del gobernador en este fin de ciclo”, advirtió el rafaelino.