Consulta inconsulta

“No sería bueno que volviéramos a guardar en un cajón el proyecto de reforma constitucional”. Con esa expresión, Miguel Lifschitz ratificaba el 1º de mayo, ante la Asamblea Legislativa, su decisión de avanzar con la consulta popular para que la ciudadanía se expidiese sobre la necesidad o no de dicho proceso reformista. Nueve días después, rodeado de su gabinete y legisladores del Frente Progresista, el mismo gobernador decidía archivar el tema, y “suspender” el decreto que había dado origen a la convocatoria de aquel plebiscito. ¿Qué situación podría, en tan poco tiempo, hacer cambiar de parecer al mandatario; y deshacer un compromiso público asumido ante todo el arco político provincial? Lifschitz responsabilizó de todo al Justicialismo; lo acusó de haber promovido una campaña “artera e irresponsable” para, con el argumento de la consulta, empañar la transparencia de la elección general. Lo asiste la verdad cuando plantea que fue el peronismo el que sembró dudas sobre la designación de autoridades para la consulta, puesto que ello terminaba quedando en manos del gobierno. “Van a llenar las escuelas de militantes y punteros socialistas; van a enturbiar el proceso electoral”, habían dicho los referentes del PJ. Sin embargo, y aunque se hayan terminado zanjando a través de un acuerdo de partes firmado días atrás, hubo reparos desde el inicio hasta del propio Tribunal Electoral.

Desde la primera página, la historia de la consulta fue controvertida, teniendo en cuenta que desde diversos sectores se puso en duda la legalidad del llamado. Le siguieron los cuestionamientos de la oposición, y algunos inconvenientes operativos que el Ejecutivo debía sortear en muy poco tiempo. En sólo cuatro semanas -las que restan para la elección general-, el gobierno debía resolver el diseño de la logística y compra de todos los elementos necesarios para realizarla. Ello implicaba desde el reclutamiento de ocho mil autoridades de mesa, hasta la adquisición de urnas y material.

Aún así, otros factores habrían operado para que Lifschitz retrocediera en su decisión. “Fuimos un chivo expiatorio”, dijo a El Litoral el presidente del Partido Justicialista, Ricardo Olivera, después de escuchar la arenga del gobernador. Para el dirigente, el Justicialismo fue responsabilizado de una determinación que, en realidad, habría sido el detonante de una discusión no resuelta en el Frente Progresista, o más precisamente, en el Socialismo.

“Nunca vi mucha efusividad en la defensa de la consulta de parte del Partido Socialista. La verdad es que nadie se rasgó las vestiduras por este tema. Es una visión muy subjetiva, pero creo que fue más una patriada de Lifschitz que de todo el Socialismo”, interpretó.

Es probable que la decisión de suspender la consulta esté sustentada en múltiples causas, y que pese al esfuerzo durante los primeros días de la semana por subsanar los escollos, no haya quedado más remedio -o margen político- que volver a foja cero. Públicamente, el gobierno cargó las culpas contra el PJ; extraoficialmente, cobra fuerza la hipótesis de que la medida fue necesaria para descomprimir una situación interna. Es que no son pocos los que dentro del propio oficialismo venían advirtiendo que la obstinación por realizar la consulta, estaba desviando el foco de atención de la campaña para elegir al próximo gobernador. Y ése es un riesgo que, ante una elección que el propio Lifschitz vaticinó como “muy peleada”, el socialismo -y particularmente Antonio Bonfatti- no estaría en condiciones de correr.

Es probable que la decisión de suspender la consulta esté sustentada en múltiples causas, y que pese al esfuerzo durante los primeros días de la semana por subsanar los escollos, no haya quedado más remedio -o margen político- que volver a foja cero.