El gobernador Miguel Lifschitz envió a la Cámara de Diputados el mensaje para la creación de la Unidad Ejecutora Biprovincial para el acueducto Santa Fe - Córdoba, obra prevista para llevar agua potable desde el río Coronda a 65 localidades de ambas jurisdicciones. El proyecto requiere aprobar el convenio que los gobernadores Lifschitz y Juan Schiaretti firmaron el pasado 4 de abril en la capital mediterránea.
En medio del proceso electoral de ambas provincias, las administraciones pretenden avanzar en definir la estructura y el reglamento interno de funcionamiento de dicha Unidad. En Santa Fe, destacan la experiencia de que se viene realizando desde el siglo pasado con Entre Ríos para llevar adelante la obra y luego administrar el Túnel Subfluvial que une a ambas capitales.
“Debemos definir la estructura, el reglamento interno y diseñar las etapas en que haremos la obra y como salimos a buscar financiamiento internacional en forma conjunta”, le dijo a El Litoral el ministro de Infraestructura y Transporte, José Garibay. Precisamente Garibay y su par de Servicios Públicos de Córdoba deberán proponer a los mandatarios la propuesta final de la unidad.
El mensaje anticipa que la Unidad Ejecutora Biprovincial funcionará de manera autárquica y su directorio se integrará con representantes de ambas provincias y con presidencia rotativa.
El 23 de octubre último, en la Casa Gris, los gobernadores Lifschitz y Schiaretti firmaron el acuerdo para trabajar en la concreción del futuro acueducto que, desde una toma ubicada en la ciudad de Coronda, llevará agua potable -en una primera instancia- a 54 localidades de ambas provincias para luego sumar otras 11 poblaciones cordobesas y con el objetivo de llegar en el mediano plazo hasta la misma ciudad de Córdoba. El 4 de abril, en Córdoba, se firmó el convenio que ahora busca ratificación legislativa tanto de las dos cámaras santafesinas como de la unicameral mediterránea. Más allá de las reuniones protocolares de ambos mandatarios, equipos técnicos de las dos administraciones vienen trabajando en la conformación de la unidad. En Santa Fe, la tarea la llevan adelante los ministerios de Infraestructura y de Economía.
“La obra proyectada entre ambas provincias adquiere altísima relevancia, puesto que su ejecución posibilitará el abastecimiento de agua potable para 33 localidades de la provincia de Santa Fe, y para 32 de la provincia de Córdoba”, señala el mensaje en sus fundamentos.
Más adelante se explica la importancia que tendrá la Unidad, derivadas de las tareas que deberá encarar: la gestión ante organismos nacionales e internacionales de los fondos indispensables para el financiamiento de la ejecución de la obra; aprobación del proyecto, incluyendo memoria descriptiva, pliego particular de condiciones, pliego particular de especificaciones técnicas, planos, cómputo y presupuesto, y toda otra documental que resulte necesaria a los fines del llamado a licitación de los trabajos; la recepción estudio y análisis de las ofertas, la celebración del correspondiente contrato, como asimismo la suscripción de toda documental que resulte necesaria; y la inspección, supervisión y certificación de la obra, su recepción provisoria y definitiva.
Al buscar el acuerdo del Poder Legislativo se advierte que la magnitud de la obra “torna indiscutible la necesidad de articulación interjurisdiccional”.
El proyecto de ley que acompaña al mensaje tiene tres puntos: la aprobación del convenio firmado por los dos mandatarios; la autorización para que el Poder Ejecutivo en conjunto con su par cordobés aprueben la estructura orgánica de la Unidad Ejecutora Interprovincial y por último dispone que dicha unidad estará sujeta a las provisiones de la ley santafesina 12.510 (de Administración, Eficiencia y Control del Estado) como así también a los organismos y sistemas de control existentes en la provincia de Córdoba.
El fin de semana falleció, en forma sorpresiva, el secretario Legal y de Coordinación del Ministerio de Economía, Diego Corvalán. El funcionario era uno de los santafesinos que trabajaba con sus pares de Córdoba para afinar los detalles de la conformación de la Unidad Ejecutora.
* 10 de noviembre de 2011: convenio entre Santa Fe y Córdoba para desarrollar acciones conjuntas para concretar el acueducto.
* 23 de octubre de 2018: se firma el convenio específico de cooperación para la planificación, ejecución y administración conjunta de la obra. Allí se acordó conformar dos comisiones, una técnica y la otra de diseño y desarrollo institucional.
* 9 de noviembre de 2018: La Legislatura de Santa Fe sanciona la ley ratificatoria del convenio.
* 4 de abril de 2019: convenio para crear la Unidad Ejecutora Biprovincial.
Jueves sin actividad legislativa
Este jueves, ni Senado ni Diputados fueron convocadas a sesión dentro del período Ordinario y fue escasa la presencia de legisladores enfrascados en la campaña electoral. En el caso de Diputados es la segunda semana consecutiva sin sesionar. Las secretarías parlamentarias de ambas cámaras confirmaron la cita a reuniones en recintos para el jueves venidero e incluso a las comisiones entre miércoles y jueves.
En tanto, también el jueves sesionará la Asamblea Legislativa para discutir veintiún pliegos para diferentes cargos en la justicia santafesina. Los pliegos fueron remitidos en diciembre pasado pero no habilitado su tratamiento para el período Extraordinario por parte del Poder Ejecutivo.
Son tres pliegos de jueces de Primera Instancia de Distrito en lo Civil, Comercial y Laboral para Cañada de Gómez, Firmat y Melincué.
También la cobertura del juzgado Civil y Comercial de la sexta nominación de Santa Fe; otro de primera instancia de ejecución civil de Circuito para Rosario; también para Rosario, tres jueces para el Tribunal Colegiado de Familia. El acuerdo también contempla seis jueces de primera instancia en lo penal para dos circunscripciones; tres vocales de la Cámara de Apelación en lo Laboral de Rosario; tres jueces laborales para Rosario y Villa Constitución y una jueza laboral de Conciliación y de Ordenamiento del Proceso para Rosario.
En tanto, esta semana, el Poder Ejecutivo remitió cinco nuevos pliegos para defensores penales subrogantes, cuatro de ellos para Rosario y el último para Vera. Estos cuatro pliegos serán considerados en una próxima Asamblea a convocarse para el mes de junio.