"Me voy con las manos vacías, sin mi hija y sin justicia justa"

Ni las penas, ni las donaciones, ni los -forzados- pedidos de disculpas de los acusados sirvieron para calmar el dolor de Marcela Olmedo, la mamá de Antonella, la joven de 20 años que falleció el 15 de octubre de 2015, un mes después de que la internaran con el 65 % del cuerpo quemado, como consecuencia de la explosión ocurrida en la panadería en la que trabajaba.

“Nunca acepté el resarcimiento (económico), nunca pensé en la venganza”, dijo la mujer que es querellante en la causa, encuadrada bajo la figura legal del “estrago culposo, agravado por poner en peligro y causar la muerte de personas”.

Sin embargo, “hoy en vez de Justicia nos encontramos con un fallo que favorece a los de siempre, a los poderosos”, siguió con los ojos llenos de lágrimas y la voz entrecortada, pero firme. “En memoria de Antonella estamos de pie”, agregó.

“Se tardó más en llegar a una condena que las penas que recibieron” los culpables. “Hoy me voy con las manos vacías, sin mi hija y sin justicia justa. La muerte de Antonella está impune”, cerró la mujer que, desde el 13 de septiembre de 2015 -día de la explosión-, juró sobre su hija todavía viva, que llegaría hasta las últimas consecuencias para que los responsables paguen.

Pedido de disculpas

Sus palabras llegaron al final de una audiencia de juicio abreviado celebrado este viernes, y que fue suscripto por la señora Olmedo, que estuvo acompañada por el abogado querellante Leandro Corti. Previamente, los condenados Nicolás Francisco Colella -dueño de la panadería-, Nadia Sánchez -encargada del local-, y Martín Wexler -dueño del inmueble-, aceptaron como parte del acuerdo, hacer un público pedido de disculpas a los familiares de la víctima, que pareció un acto más de un libreto en el cual no existió la palabra “arrepentimiento”.

Solamente el dueño del negocio, Nicolás Colella, le habló a la madre de Antonella con algo de sinceridad y le confesó que “nunca tuve el valor para mirarla a los ojos por el dolor causado”. Aunque cerró diciendo que “no hicimos nada malo”. Los dos restantes ensayaron la lectura de un texto escrito en el que, con un hilo de voz, se limitaron a cumplir con el mandato judicial.

Las penas

A cargo de la dirección de la audiencia estuvo el juez José García Troiano, quien no obstante admitir el acuerdo, deberá expedirse sobre los alcances del mismo. El encargado de leer las partes medulares de los documentos, surgidos como alternativa a un juicio oral cuya fecha de realización era incierta, fue el fiscal Andrés Marchi.

En dichos escritos se establecieron penas de tres años de prisión en suspenso para Sánchez, la encargada del local de J.J. Pasos y 4 de Enero; y de dos años y medio de cumplimiento condicional para Colella -dueño del comercio y empleador de Antonella- y Wexler -titular del inmueble-; en los tres casos en carácter de “coautores” por el delito de “estrago culposo agravado por poner en peligro y causar la muerte de personas”.

Las donaciones

Para todos ellos se fijaron reglas de conducta, que deberán cumplir durante dos años, además de la formalidad del pedido de disculpas y la realización de donaciones semanales, a lo largo de un año y que serán destinadas a la Casa de las Madres, del Hospital de Niños, Dr. Orlando Alassia.

El panadero Colella deberá entregar cada lunes 5 kilos de pan y 5 docenas de facturas; Sánchez se comprometió a donar 112 pañales (dos bolsones de 56) y 5 litros de leche semanales; en tanto Wexler aportará 3 kilos de arroz, 3 kilos de fideos, 3 kilos de yerba y 5 litros de leche en el mismo lapso.

Cada uno de los imputados contó con la asistencia técnica de sus abogados. En el caso de Colella, lo hizo acompañado por los defensores oficiales Mario Guedes y Sebastián Moleón; a Sánchez la representó el Dr. Alejandro Otte; en tanto a Wexler lo secundaron Néstor y Sebastián Oroño.

Sobreseimiento

Un cuarto imputado, identificado como Gustavo A. -con defensa de Ignacio Alfonso Garrone-, dueño del drugstore o kiosco ubicado en la esquina de J.J. Paso y 4 de Enero, resultó sobreseído de culpa y cargo por considerar el fiscal Marchi que no se encontraba reunida la evidencia suficiente como para promover una sanción penal.

Los acuerdos contaron además, con la anuencia de las querellantes Marcela Olmedo -con asistencia de Leandro Corti- y María José Lacorte -representada por Federico Baridón-.

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El 13 de septiembre de 2015, Antonella Olmedo ingresó a trabajar en horas de la mañana y al final de la jornada entre las 19.30 y las 20.15 “se acercó al lugar donde se encontraba el caño empotrado sin el tapón, y al manipular un artefacto eléctrico mata insectos, que se encontraba detrás de la heladera, se produjo una descarga” que “produjo una rápida explosión”, según consta en la causa judicial.

“La onda expansiva provocó que Antonella saliera despedida desde adentro de la panadería hacia la calle, unos 5 ó 6 metros. El efecto repentino de la explosión dio lugar a la producción de un fuego súbito, que alcanzando el cuerpo de Antonella le causó quemaduras de intensa gravedad”, afirman desde la querella.

Tan fuerte fue la explosión que dos transeúntes que se encontraban en la vereda en el ingreso de la panadería, también fueron despedidos. Uno de ellos relató que “en el momento que voy a ingresar a la panadería, veo a una chica agachada, al lado de la heladera. Allí siento el grito, un estruendo y vi un gran fogonazo. Por tal motivo cerré los ojos mientras la onda expansiva me arrastró al cantero central de la avenida”.

Desde un primer momento, los principales reproches cayeron sobre Sánchez, la encargada, a quien el resto de las empleadas la habían puesto sobre aviso del fuerte olor a gas que se sentía, producto de una pérdida.

En tanto Colella, en su rol de empleador, estaba “obligado a observar las normas legales sobre higiene y seguridad en el trabajo”, entre las que sobresale la de “proteger la vida, preservar y mantener la integridad psicofísica de los trabajadores”.

Por último, al dueño del local Wexler, a cuyo nombre estaba pedido el servicio de gas, se lo responsabilizó por no haber solicitado las inspecciones correspondientes previo a celebrar el contrato de comodato el 28 de octubre de 2013, sino que la última verificación al local había sido seis años antes del estallido.