Perejiles y estadísticas

Germán de los Santos | [email protected]

Woody Allen decía que “muchísimo” era “su número favorito”. Quizá la ironía imprecisa del director de Brooklyn aporte mayor claridad que las estadísticas sobre la lucha contra el narcotráfico.

Ronda ese adjetivo a la hora de analizar qué se investiga en la Argentina y qué pasa puntualmente en Santa Fe en materia de narcocriminalidad, una estrategia que en el mundo empieza a cambiar de ciclo. Estados Unidos, el país que diseñó la llamada “guerra contra las drogas”, ahora está embarcado en una estrategia para despenalizar la comercialización y consumo de algunos estupefacientes, como el cannabis, que está permitido en nueve Estados.

En Argentina, debatir sobre este tema sigue siendo un tabú para la clase política. Se piensa que despenalizar es equivalente al descontrol. Y la grieta que separa las miradas políticas, en este tema se cierra en un “no”.

El 4 de mayo pasado se hicieron marchas en las principales ciudades del país, entre ellas Santa Fe y Rosario, para reclamar una nueva ley que deje de considerar al cannabis como un estupefaciente que atenta contra la salud pública.

Un principio de avance en este cambio de paradigma fue la sanción en 2016 en la Legislatura de Santa Fe del uso medicinal del cannabis, su utilización para investigación, científica y producción pública.

Estadísticas

Las políticas de lucha contra el narcotráfico en la Argentina y en la provincia de Santa Fe muestran hacia dónde va dirigida la mirada o las prioridades del Estado.

En 2018 se duplicaron las causas iniciadas por tenencia para consumo de drogas ilícitas. Se iniciaron en ese año, 803 expedientes de un total de 2.337 que se abrieron por infracción a la ley 23.737.

En el 34 por ciento de las causas quedaron imputadas personas que fueron detenidas por las fuerzas de seguridad con drogas, generalmente marihuana y cocaína, para consumo. “En la mayoría de los casos, estos acusados terminan sobreseídos. El Estado pone en funcionamiento una maquinaria en la Justicia Federal para que esas personas sean sobreseídas por el llamado fallo Arriola. No tiene ningún sentido”, explica Paul Krupnik, abogado penalista de Rosario.

Legislación y jurisprudencia

La ley original establece según el artículo 14 que para ese tipo de casos la pena será de 1 a 6 años, aunque aclara que “será de un mes a dos años cuando por escasa cantidad surgiere inequívocamente que la tenencia es para su uso personal”.

En 2009 la Corte Suprema de la Nación declaró la inconstitucionalidad de parte de ese artículo. El llamado fallo Arriola reconoce la inconstitucionalidad en el castigo a una persona adulta por la tenencia de marihuana para consumo personal en el ámbito privado. Tras este fallo se pensaba que se iba a cambiar la ley de estupefacientes, pero eso nunca ocurrió.

En 2017, de acuerdo a los datos de la plataforma interactiva de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), se abrieron 302 causas por tenencia para consumo, y representaba el 14 por ciento de los expedientes vinculados a las drogas.

Un año después, la cifra se incrementó de manera notable: saltó de 302 a 803 causas. En 2018 representó el 34 por ciento de las causas. “Son causas que sirven para las estadísticas, nada más. Como política de Estado no tienen el más mínimo sentido, hasta que no pensemos seriamente en la despenalización”, afirmó Krupnik.

Perejiles

¿Por qué se da este incremento en la persecución de personas que usan las drogas para consumo? No la venden ni se la ofrecen a otros. La multiplicación de operativos policiales puede ser una razón. Pero también aparece otra razón. A la par que subieron las causas por tenencia para consumo, bajaron las investigaciones pesadas, las que apuntan a organizaciones más sofisticadas, las que manejan el negocio ilegal.

Pasaron de 1.682 representaba el 76 por ciento del total de causas- en 2017 a 1.049 el año pasado, es decir, el 45 por ciento de los expedientes. El que delimita el artículo 5 C de la ley de estupefacientes es el que tiene una pena más dura, que va de 4 a 15 años de prisión. Y los imputados son personas que comercializan, almacenan y transportan drogas ilícitas. Es decir, los consumidores de las 803 causas que se abrieron el año pasado le compraron a esta gente, que generalmente se enriquece con el negocio ilegal con cuyo dinero usa para tejer complicidades con el Estado.

En 2011 ocurrió algo parecido, casi un calco de lo que pasó en 2018. Ese año hubo 815 expedientes en los que los imputados eran consumidores. Ese número representaba el 39 por ciento de las causas por drogas ilícitas. Y ese año también bajó la cantidad de expedientes que tenían como imputados a personas que comercializaban y transportaban estupefacientes.

Este contraste de las estadísticas despeja también la idea de que los últimos dos gobiernos, tanto el de Cristina Fernández y el de Mauricio Macri, tienen políticas diferentes en la manera de combatir el narcotráfico.

Los llamados perejiles, adictos, personas que tienen un problema de salud más que uno de seguridad, son los que están en el centro de la escena, y son los que abarrotan las cárceles, donde se hacen las licenciaturas en delincuencia.

Estados Unidos, el país que diseñó la llamada “guerra contra las drogas”, ahora está embarcado en una estrategia para despenalizar la comercialización y consumo de algunos estupefacientes, como el cannabis, que está permitido en nueve Estados.

¿Por qué se da este incremento en la persecución de personas que usan las drogas para consumo? No las venden ni se las ofrecen a otros. La multiplicación de operativos policiales puede ser una razón. Pero también aparece otra razón. A la par que subieron las causas por tenencia para consumo, bajaron las investigaciones pesadas, las que apuntan a organizaciones más sofisticadas, las que manejan el negocio ilegal.