https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral
El Litoral
Sábado 15.06.2019 - Última actualización - 11:50
7:55

Por los derechos de las víctimas

Una ley impulsada con la fuerza del dolor

Matías Bagnatto, sobreviviente de la masacre de Flores, y María Luján Rey, madre de un joven fallecido en la tragedia de Once, estuvieron en Santa Fe. Buscan crear consciencia sobre la necesidad de respetar los derechos de las víctimas de delitos, plasmados en una reciente norma.

Matías Bagnatto, María Lujan Rey y María Luciana Carrasco coincidieron a la hora de pedir “sentido común” a los operadores judiciales para respetar a las víctimas de delitos y sus familiares. <strong>Foto:</strong> El LitoralMatías Bagnatto, María Lujan Rey y María Luciana Carrasco coincidieron a la hora de pedir “sentido común” a los operadores judiciales para respetar a las víctimas de delitos y sus familiares.
Foto: El Litoral

Foto: El Litoral



Por los derechos de las víctimas Una ley impulsada con la fuerza del dolor Matías Bagnatto, sobreviviente de la masacre de Flores, y María Luján Rey, madre de un joven fallecido en la tragedia de Once, estuvieron en Santa Fe. Buscan crear consciencia sobre la necesidad de respetar los derechos de las víctimas de delitos, plasmados en una reciente norma. Matías Bagnatto, sobreviviente de la masacre de Flores, y María Luján Rey, madre de un joven fallecido en la tragedia de Once, estuvieron en Santa Fe. Buscan crear consciencia sobre la necesidad de respetar los derechos de las víctimas de delitos, plasmados en una reciente norma.

Matías Bagnatto era adolescente el 17 de febrero de 1994, cuando un despiadado “monstruo” asesinó de la peor manera a toda su familia. En lo que se conoció como la “masacre de Flores”, dentro de su propio hogar, murieron sus padres José y Alicia, sus hermanitos Fernando (de 14 años) y Alejandro (de 9), y un amigo de este último que se había quedado a dormir, Nicolás. El criminal roció la casa con fósforo líquido y le prendió fuego. Sólo Matías sobrevivió. Se escapó de las llamas -que le provocaron graves quemaduras- por una ventana y logró quedar colgado del techo, hasta que fue rescatado. Poco después, el autor fue condenado a prisión perpetua.


María Luján Rey perdió a su hijo Lucas Menghini Rey, de 20 años, el miércoles 22 de febrero de 2012. Ese día, el joven viajaba a bordo del tren que colisionó a gran velocidad contra los paragolpes de contención de la estación terminal de Once. Él y otras 51 personas murieron. Años más tarde y luego de una dura lucha, por el catastrófico choque fueron condenados empresarios y funcionarios estatales, acusados de desidia y corrupción.


Matías y María Luján, junto con otras tantas familias, conocieron los pasillos de los tribunales como víctimas y allí sufrieron la indiferencia más absoluta, el desprecio, la impotencia, la desigualdad. Unidos por el dolor, impulsaron un proyecto para que se respeten los intereses de las víctimas de delitos. Luego de muchas idas y vueltas, la Ley 27.372 se aprobó y se reglamentó el año pasado. Ahora ambos recorren el país, tratando de generar conciencia entre profesionales y estudiantes de la abogacía, para que apliquen la norma y, fundamentalmente, el sentido común.

 

Desamparo


“Lo que pasa con las víctimas es muy loco. Uno siente el apoyo de todos los ciudadanos, pero ninguno piensa estar en ese lugar el día de mañana. Entonces, la gente no llega a comprometerse completamente, porque la ley ‘es para las víctimas, no es para mí’. Yo conté con mucho apoyo cuando el asesino de mis viejos y mis hermanos me amenazaba a mí (había quedado libre por fallas judiciales), fundamentalmente con la ayuda de los medios de comunicación, pero muchos otros no tienen esa posibilidad. Están solos”, se lamentó Matías.


“La ley se está implementando, pero hay un montón de cosas por mejorar. Hay jueces que no respetan la norma porque no la conocen o porque no les importa. Parece increíble, pero todavía hay magistrados para quienes las víctimas no tienen derecho de ser escuchadas”, puntualizó Bagnatto.


“En algunos lugares -agregó- nos dicen ‘esta provincia no adhirió a la ley’, pero se trata de una norma de orden público. No hace falta la adhesión. Uno puede discutir lo del apoyo integral con profesionales, pero orientar, escuchar e informar a la víctima es de sentido común. Es sólo cuestión de empatía. No se necesita poner un mango, sólo buena voluntad. Es un cambio cultural el que se requiere dentro de la Justicia”.


Lucha


“A mí me tocó vivir la tragedia de Once, en la que perdí a mi hijo. En esos momentos, no sólo sentí que el Estado nos había abandonado en la previa, sino también después. No había cuidado de los pasajeros de esos trenes que corrían por las vías sin ningún tipo de mantenimiento. No había resguardado la plata que estaba destinada a cuidar esos trenes, plata nuestra... pero tampoco nos cuidó después, cuando enterramos a 52 y cuando tuvimos más de 850 heridos de gravedad. No puso un solo psicólogo para gente que estuvo atrapada adentro de un tren, viendo como el resto iba muriendo, en las uniones de los vagones 1 y 2, donde quedaron amontonadas más de 150 personas en 7 metros cuadrados”, disparó María Luján Rey.


“Dolió el abandono y mucho más el destrato a la hora de buscar justicia. Esta experiencia de soledad, de sufrimiento por falta de contención médica, psicológica, económica y jurídica nos llevó a unirnos para pelear para que las demás víctimas tengan los derechos que a nosotros nos faltaron. Entendemos que más que una cuestión legal, es de sentido común. La Ley que conseguimos es un hijo que hoy está aprendiendo a caminar”, ilustró la mujer.


“Todos tienen que tener presente que en los procesos judiciales las víctimas fuimos la única parte que no elegimos estar en ese lugar. Nos dicen que hablamos desde el dolor, menospreciando nuestras palabras, pero nuestra condición no invalida la capacidad que tenemos de entender o reclamar. Nos dicen que las víctimas buscamos venganza y estamos llenas de resentimiento, pero si fuese así no estaríamos en los tribunales, pagando abogados y esperando los tiempos de la justicia, que nunca son los que quisiéramos. También nos piden a las víctimas que demos explicaciones, por la hora, por la ropa, por lo que hacíamos, por la religión o lo que sea”, se lamentó María Luján.

 

“Llamá al 149”

 

Matías Bagnatto y María Luján Rey brindaron una conferencia en la ciudad de Santa Fe esta semana, en la Facultad de Abogacía de la Universidad Nacional del Litoral, junto a la coordinadora del Observatorio de Víctimas de Delitos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, María Luciana Carrasco. Estuvieron acompañados por las candidatas a senadora provincial, Adriana Molina, y a la concejal, Inés Larriera.


“La Ley 27.372 sólo compete a delitos federales. Hoy ya contamos con 90 centros de acceso a la Justicia y está funcionando el número telefónico 149 para que las víctimas de cualquier delito reciban asesoramiento rápido. Entre las provincias hay algunas que han hecho los deberes, fundamentalmente las que tienen sistemas acusatorios. En ésta se está trabajando mucho, pero falta coordinación entre municipios y provincia para que no se superpongan recursos. Hay provincias muy atrasadas como Tucumán y La Rioja, donde la palabra víctima ni siquiera existe”, remarcó la funcionaria nacional.


Al hacer referencia a las principales herramientas que ofrece la ley, manifestó que es de suma importancia que “a las víctimas se les informe lo que está pasando en la causa. Antes, tal vez le habían matado un hijo y no tenía idea de la investigación. Hoy los operadores judiciales tienen la obligación de informarle qué está pasando en la causa. Además, tienen la posibilidad de participar en la ejecución de la pena. O sea, luego de la sentencia, el juez debe informar a la víctima sobre cada decisión que se tome respecto del condenado y previamente tiene que citarla y escucharla. Antes la víctima se enteraba de que el victimario estaba en libertad porque se lo cruzaba en la esquina de la casa”, ejemplificó Carrasco.


“Por otra parte -agregó- la ley establece una asistencia integral a las víctimas, porque luego del hecho necesitan psicólogos, el acercamiento del Estado, una asistente social que resuelva algunos problemas, como por ejemplo si perdieron la vivienda o si murió la mujer o el hombre que sostenía económicamente la familia”.


“Para el cambio que se requiere es fundamental la participación de las universidades, porque ahí están los futuros jueces, fiscales, abogados. En estos ámbitos antes la palabra víctima ni existía. No se veía en ninguna materia. Además, antes teníamos víctimas de primera y de segunda, los derechos variaban si eran delitos de lesa humanidad o robos u homicidios. Hoy todas las víctimas están amparadas por igual”, concluyó la coordinadora.




Lo más visto
Piden el archivo de una denuncia   por trata con fines electoralistas - La parrilada de Blas Parera al 9300 donde se produjo el trágico episodio -
#Temas de HOY: 25 años de la Reforma Constitucional  Elecciones 2019  Dólar Hoy  Superliga Argentina  Colón  Unión  

Recomendadas