Protocolos para la actuación policial

El Poder Ejecutivo publicó la resolución 105 firmada por cuatro ministros aprobando las guías de atención del personal policial ante el colectivo LGTBI, en situaciones que involucran a personas con presunto padecimiento mental y/o consumo problemático de sustancias en riesgo inminente para sí o para terceros; ante casos de violencia de género y en seguimientos policiales controlados en la vía pública o en incidentes.

El instrumento siguió a casi un año de trabajo conjunto de varias dependencias a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos cuyo titular es Marcelo Trucco. “Fue un trabajo interdisciplinario y el objetivo es que haya instructivos sencillos y prácticos que puedan ser llevados adelante por el personal de las fuerzas de seguridad” señaló el funcionario ante la consulta de El Litoral.

La resolución lleva las firmas de los ministros Ricardo Silberstein (Justicia y Derechos Humanos), Andrea Uboldi (Salud); Jorge Alvarez (Desarrollo Social) y Maximiliano Pullaro (Seguridad). Además de reuniones con diferentes dependencias de esos ministerios hubo charlas con cadetes del ISEP y con jefes policiales en actividad, detalló Trucco.

El instrumento legal va acompañado de los cuatro anexos con las instrucciones de la actuación correspondiente.

La resolución se deriva de la tarea realizada a partir de la creación de la “Unidad de prevención de violencia institucional” en el marco de la secretaría de Derechos Humanos y entre cuyas acciones estaba la aprobación de protocolos. En el decreto de creación de la Unidad, el gobernador Miguel Lifschitz le ordena “generar manuales de procedimientos y protocolos para las fuerzas de seguridad de la provincia, para garantizar el accionar efectivo de los agentes que las integran en un marco de respeto por los derechos humanos”.

En los considerandos del decreto se considera “necesario proceder a la aprobación de las guías de actuación e intervención, a efectos de que se cristalicen en verdaderas normas jurídicas y, de tal modo, constituyan mandatos y/o pautas indudables en relación a la actuación de los agentes del Estado provincial”.
Trucco explicó a El Litoral la tarea llevada adelante con los departamentos jurídicos de Desarrollo Social y de Salud en especial de la dirección de Salud Mental.

Las guías

En la guía sobre Buenas Prácticas con el colectivo LGBTI se advierte que “nunca la orientación sexual y la identidad de género de las personas constituyen motivo para detenerlas. Las demostraciones de afecto, cariño y amor entre personas del mismo sexo nunca puede ser motivo de intervención policial”. También pide al personal de seguridad “evitar el lenguaje despectivo respecto de la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género de las personas; debe respetar siempre la identidad de las mismas y utilizar los pronombres de su preferencia”. También señala que cuando la persona deba ser nombrada en público deberá utilizarse únicamente el nombre de pila de elección que respete la identidad de género adoptada.

Se dispone que “para el supuesto en que legalmente sea procedente la requisa personal, se observará que las mujeres trans siempre sean requisadas por personal femenino”. En cuanto a su alojamiento en unidades del Servicio Penitenciario se pide que se garantice “que las personas privadas de libertad participen de las decisiones relativas al lugar de detención apropiado de acuerdo a su orientación sexual e identidad de género. En todos los casos deberá priorizarse su integridad psicofísica”.

El segundo ítem refiere a la intervención de las fuerzas de seguridad con el fin de preservar la seguridad física y psíquica de las personas con presunto padecimiento mental y/o consumo problemático de sustancias en riesgo inminente para sí o para terceros sin discriminación alguna. “Esta fue elaborada de manera respetuosa de los principios básicos de los derechos humanos y la equidad de género”, aclaró Trucco.

El objetivo central es preservar la seguridad de estas personas asegurando ponerse en contacto con familiar o persona allegada para que el personal del servicio de salud haga las derivaciones correspondientes. Le siguen las reglas a seguir e incluso en los casos necesarios de intervención. Otros ítems están dedicados a intervenciones programadas y a procedimientos que implican riesgo cierto e inminente para el personal y para terceros.

En caso de ser necesaria la sujeción mecánica preventiva se establece el procedimiento que deberá emplear el personal recomendándose que no sea inferior a cuatro efectivos. Un artículo aconseja que “la posición de contención ideal es el decúbito supino con la cabeza sobre elevada para permitir el contacto visual con su entorno”.

El anexo más extenso es el referido a la intervención de las fuerzas ante casos de violencia de género donde en otro anexo figuran las direcciones y teléfonos de organismos de atención y asistencia para víctimas de violencia de género en los cinco nodos.

El instructivo refiere a la interacción con la víctima, como debe realizarse la entrevista, la comunicación inmediata al fiscal así como la obligatoriedad del personal policial de recepcionar la denuncia “ya sea radicada por la propia víctima, por un testigo o por cualquier persona (aún sin conocimiento de la víctima). Ya sea verbalmente, por escrito, o de manera anónima (en este último caso labrar acta de procedimiento)”. También se aclara que es obligatoriedad tomar la denuncia si es radicada por niñas, niños o adolescentes.

Más adelante regla la intervención médica para asistir y constatar lesiones de la víctima; la obligación del personal de informar a la víctima los derechos que le asisten, los organismos estatales de asistencia, la posibilidad de solicitar medidas de protección y la comunicación al fiscal para recibir más directivas.

El último anexo habla de la actuación en seguimientos policiales controlados con uso de vehículos oficiales, forma de circulación donde se obliga a hacerlo con patente y luces reglamentarias. Por último define los patrullajes según el sistema de prioridades, abarcando tres escalas (baja, media y alta).

Defensa

El Consejo del Servicio Público Provincial de Defensa Penal sesionó en la sala de reuniones de la Defensoría Provincial del Centro de Justicia Penal de Rosario encabezado por la Defensora Provincial, Jaquelina Ana Balangione. Uno de los temas analizados por la problemática carcelaria especialmente por la superpoblación en los penales y las obras en marcha en ellos

El consejo además celebró la media sanción de la Cámara de Diputados al proyecto de ley que establece el Sistema Provincial de Prevención de la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos, y analizó sus alcances.