La Legislatura sancionó ayer una ley que suspende por 180 días las intimaciones y ejecuciones judiciales promovidas por la Caja de Seguridad Social de los profesionales del Arte de Curar por aportes al sistema y encomendó constituir, en dicho lapso, una comisión de trabajo para buscar una solución integral del sistema en base a un estudio actuarial.
Desde la media mañana grupos de profesionales de la salud se hicieron presentes en el hall de Legislatura para pedir el apoyo de diputados y senadores al proyecto de Mercedes Meier (Frente Social y Popular) que tenía fijado tratamiento preferencial en la Cámara Joven. Voceros de algunos de los colegios movilizados advertieron que la Caja había procedido a realizar intimaciones e incluso trabó algunos embargos salarios de profesionales deudores de los aportes previsionales. Entre los convocantes a la Legislatura se encontraban representantes de los colegios de Psicólogos, Psicopedagogos, Nutricionistas, Técnicos Radiólogos y Terapistas Ocupacionales. En tanto, desde Siprus que apoyó la movilización, se reclamó una nueva ley previsional para el sector.
El tema fue votado en primera instancia por Diputados y girado en forma inmediato al Senado que lo sancionó sobre tablas.
Meier fue la encargada de fundamentar la urgencia del tratamiento “ante el recrudecimiento de las intimaciones, ejecuciones y demás acciones legales llevadas adelante contra los profesionales de la salud en mora con la Caja de Seguridad Social de los Profesionales del Arte de Curar”.
La legisladora informó que la morosidad es del 24%, cuestionó que los aportes se hagan por edad y no por ingresos y recordó que son 14 las profesiones comprendidas en dicha Caja. “Es un problema político, económico y social que debe resolverse y una comisión deberá ordenar las medidas de fondos” señaló.
Luego el radical Santiago Mascheroni expresó su extrañeza por el apuro cuando proyectos muy similares y otros con temas más de fondo sobre el sistema están en comisiones en la Cámara. Recordó que el 6 de junio de 2011 ingresó un proyecto similar, repetido al año siguiente y mencionó la vigencia de la ley 13.554 dictada por la actual Legislatura en agosto de 2016 que estableció la posibilidad de pagar deudas al 31 de diciembre de 2015 en diversos sistemas de pago. “No nos oponemos a esta suspensión de plazos pero esta no es la solución” aclaró para pedir la abstención en la votación al igual que sus pares Julián Galdeano, Héctor Gregoret, Susana Bertone y Patricia Tepp.
Por último, Sergio Más Varela (Cambiemos) validó el proyecto pero instó a trabajar en la revisión del sistema para saber cómo se financia el sistema previsional, la obra social y la matrícula e hizo notar que otras profesionales, como Abogados y Procuradores, tienen desdoblada la función previsional de la prestación social.
También sobre tablas, Diputados dio media sanción a la regulación de la actividad técnica de los acompañantes terapéuticos, iniciativa de Silvia Augsburguer. El texto los define “como agentes de salud con formación teórica-práctica de nivel superior para integrar equipos interdisciplinarios de profesionales y técnicos del ámbito de la salud en la elaboración de estrategias de tratamiento no farmacológico, siendo su función brindar asistencia específica, en el marco del proyecto terapéutico en curso, con el fin de propiciar el sostenimiento integral de la salud, el mejoramiento de la calidad de vida y promoviendo la integración familiar, laboral y comunitaria de la persona asistida. La actividad del/de la acompañante terapéutico incluye la docencia de grado y posgrado y tareas sanitarias, sociales, educativas y comunitarias”.
La autora se explayó sobre la actividad que se viene cumpliendo en varias ciudades de la provincia, el respaldo de cátedras universitarias así como la legislación ya vigente en varias provincias, entre ellas Córdoba, Mendoza, San Juan y San Luis.
Por último, Diputados volvió a dar media sanción al proyecto de la socialista Marita Ayala que promueve el llamado derecho de jarra. Por la ley se garantiza el consumo de agua segura a la población estableciendo que los ciudadanos puedan acceder gratuitamente a agua de red apta para el consumo humano en todos los puestos de venta de comidas y bebidas al público, mediante una jarra de mesa u otro receptáculo, garantizándose así el derecho humano al agua.
La norma determina también, que todos los establecimientos dependientes del Estado provincial deberán disponer de bebederos u otro dispositivo de acceso gratuito al agua de red, tanto para los trabajadores como para los ciudadanos que asistan a esos lugares.
Desde la barra: Otra vez la emergencia
Desde la bancada de Cambiemos con las firmas de Sergio Más Varela y Germán Mastrocola se dio ingreso a un proyecto de ley que dispone declarar la emergencia en seguridad por 24 meses en la provincia. En los fundamentos del proyecto se menciona la situación de inseguridad que se vive en las principales ciudades santafesinas con estadísticas sobre criminalidad.
La provincia estuvo en emergencia en seguridad hasta 2016 cuando el Poder Ejecutivo actual decidió no prorrogar la medida excepcional votada por la anterior Legislatura a instancia de las bancadas justicialistas.
En el último día previo al receso de invierno hubo acuerdo parlamentario entre las Cámaras para sancionar dos leyes. Por eso ni terminó la Asamblea Legislativa se iniciaron las sesiones ordinarias. Diputados aprobó como primer tema el referido a la Caja del Arte de Curar para que los empleados de la secretaría legislativa lo lleven al Senado que le dio ingresó y lo sancionó. En el Senado hicieron lo propio con la prórroga por cinco años del Fondo de Electrificación Rural que terminó sancionando Diputados.
Este viernes se celebra el Día del Empleado Legislativo y por lo tanto las oficinas de la Legislatura permanecerán cerradas al igual que en la Defensoría del Pueblo. Una ley en la década del 90 dispuso llevar el día de reconocimiento al primer viernes del mes de julio, fecha que generalmente coincide con el receso de invierno.