Un acuerdo de dudas

El anuncio del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea fue sumado con fuerza a la campaña electoral por parte del gobierno nacional con el objetivo de mostrar una luz encendida al final del túnel oscuro por el que atraviesa la economía, cuyos indicares empeoran todos los meses pese a los esfuerzos por tratar de hacernos creer lo contrario.

Cuando se firma un acuerdo de este tipo, lo que hace un gobierno de cualquier país donde rige una democracia liberal, con instituciones y actores importantes, sindicatos y entidades empresarias representativas, es presentarlo, explicarlo, someterlo a discusión, analizar punto por puntos sus eventuales beneficios y perjuicios, determinar si se puede obtener alguna ventaja adicional para el país y finalmente aprobarlo si la mayoría está de acuerdo.

¿Tiene beneficios un tratado de este tipo para los países que lo firman? Si los tiene ¿Cuales son los sectores que se ven más beneficiados? ¿El objetivo es hacer “desaparecer” sectores que siempre quedan a criterio del gobierno, en este caso de uno para quien la producción y el empleo no son la prioridad? ¿No es necesario tomar precauciones cuando hay tanta desigualdad entre los actores que lo firman, como planteó la UISF?

Lo que hay que decir es que lo que se anunció es un acuerdo político entre los bloques del Mercosur y la Unión Europea que si todo sale bien y los parlamentos lo aprueban, se implementará efectivamente al menos dentro de dos años. Solo en la UE son necesarios el OK de los parlamentos de 28 países y el de la Unión. además del de los parlamentos de los países sudamericanos.

Lo que en realidad hizo el gobierno nacional es utilizar este acuerdo político para buscar sembrar esperanzas en una sociedad agobiada por la pobreza, la inflación, la caída del poder adquisitivo de los salarios, la suba del desempleo, la inseguridad. Tan bien le fue que ya prometió avanzar con otros acuerdos similares con EEUU, Canadá, Corea del Sur y todo el que quiera. El error de la oposición en todo caso fue haber entrado en esa discusión.

Por lo pronto los escépticos no solo están en nuestro país. La portavoz del gobierno francés, Sibeth Ndiaye, dijo en la semana que su país “todavía no está listo” para ratificar el acuerdo comercial antes de decidir y que su gobierno va a “examinar” atentamente el texto antes de comprometerse con él; en tanto el primer ministro de Irlanda, Leo Varadkar, anunció que su país votará en contra del acuerdo de libre comercio “si tiene un impacto negativo sobre la economía y el empleo” irlandés.

En Alemania, Joachim Rukwied, responsable del principal sindicato agrícola, Deutscher Bauernverband, declaró que el acuerdo es “totalmente desequilibrado” y que pondrá en peligro “muchas explotaciones agrícolas familiares”. Por otro lado, la principal organización de agricultores de Italia, Coldiretti, advirtió de los “graves riesgos alimentarios” en algunos países de Mercosur y Compromís, un partido político valenciano, exigió la comparecencia en el Congreso del ministro en funciones de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, para que explique cómo afectará a la agricultura y la ganadería el acuerdo comercial.

Lo que muestran estas declaración es que en cualquier parte del mundo cada entidad defiende empresaria o cada gobernante con sentido de la responsabilidad defiende sus intereses y los de quienes gobierna, que es lo que les corresponde hacer. Nadie piensa que se trata de reacciones de empresarios prebendarios e ineficientes que necesitan de protección para producir.

El presidente Mauricio Macri se se reunió en los últimos con representantes de entidades empresarias y del comercio a quienes les dijo que el acuerdo no es lo que piensan, que será muy beneficioso para el país, que el horizonte que tenemos es maravillosos, que no va a dañar el mercado argentino, que no hay nada que ocultar y que “les tiene fe” para cumplir esos objetivos. La cuestión es que no conoceremos esos objetivos hasta que no se haga pública la “letra chica” del acuerdo.