Dra. Susana Barruetaveña de Ordiz
Dra. Susana Barruetaveña de Ordiz
Como si el esfuerzo enorme realizado para intimar a los morosos con el objeto de que cumplan con sus obligaciones, y haberlo conseguido, no significara absolutamente nada, se llega a la sanción de una ley que vuelve a suspender las intimaciones a los Profesionales del Arte de Curar, sin advertir las severas consecuencias que traerá aparejada la misma, pues se suspenden las herramientas legales para exigir la recaudación de los aportes, sin tener en cuenta que los egresos deben continuar.
Recordemos que por ley del año 2007, se crearon las categorías de pago al 50 y 75% de los aportes vigentes, lo que generaría una “hondonada” -según denominan los actuarios- por el déficit de pago que ocasionan las mismas, al contribuir con cantidades significativamente inferiores.
Aquella hondonada que generarían estas nuevas categorías, fue superada por la decisión política del Directorio al sostener el cumplimiento de la ley y reclamar firmemente el pago de las deudas, logrando así sortearla sin tener que acceder al uso de las reservas ni afectar la sustentabilidad del sistema.
Para seguir favoreciendo la inclusión de los nuevos profesionales se instrumentó el denominado “Plan Joven” que otorgó a este sector más facilidades.
Pese a ello, un grupo de disconformes, con el apoyo de algunas instituciones que no tienen absolutamente nada que ver con la actividad desarrollada en forma autónoma que es la que protege nuestra Caja, ya que según sus propios estatutos solo tienen injerencia con los profesionales en relación de dependencia, a la que se sumó la pasividad de algunas instituciones profesionales, han conseguido a través de su presión uno de los objetivos buscados, cual es la suspensión de las intimaciones y de los reclamos judiciales.
Entre sus contradicciones no parecen contemplar la situación del sector pasivo y han despreciado además a los pagadores del sector activo los que han hecho sus aportes, en muchos casos, con grandes sacrificios que son los que dan sustentabilidad a esta Caja.
La suspensión de las intimaciones persiguen también otros objetivos de acuerdo a sus propias declaraciones, los que sólo podrán consensuarse con el aval de un estudio actuarial muy serio.
Además, siguiendo con las contradicciones, pretenden levantar las banderas de los pasivos y hacen referencia a “los haberes de hambre de los jubilados”, sin considerar, que sin ingresos, no habrá pago a los jubilados, o cuanto menos se congelarán los aumentos y cercenará la posibilidad de reajustes que intentan paliar el deterioro generado por el proceso inflacionario.
¿Son conscientes los legisladores que están apoyando a una minoría incumplidora de la ley de un total de 35.000 afiliados?
¿Pretenden los quejosos jubilarse sin aportes o terminar fundiendo a nuestra Caja?
En este caso el gobierno de la provincia deberá hacerse cargo de la Caja de los Profesionales del Arte de Curar, sumando así un nuevo déficit a las arcas provinciales.
Es sorprendente la actitud de los legisladores que aprueban a través de un trámite express de 30 minutos de duración entre las dos Cámaras -sí, ¡de treinta minutos!-, una ley que compromete a la Caja sin que su Directorio haya sido consultado siquiera o requerido información al respecto, ni escuchó o requirió opinión de la Asociación de Jubilados y Pensionados.
¿Sabían acaso que se ha trabajado durante dos años y que hubo dos consultas con un actuario en donde participaron entidades colegiadas con el Directorio de la Caja siendo el primero desechado por unanimidad, ya que determinaba montos de aportes superiores a los actuales, y el segundo descartado con opinión dividida y que, para buscar otra posibilidad que refrescara el intento, se contrató a otro actuario que se encuentra trabajando en el tema?
Pareciera que las manifestaciones ruidosas, aunque salgan de instituciones que estatutariamente no debieran ocuparse del tema, son más importantes que la cordura y el razonamiento.
Tanto es así, que se llega al extremo, de que la cabeza de una de ellas, es una profesional con 26 años de desempeño en la actividad privada y que sólo abonó los primeros 16 meses.
¿Es esto solidaridad?
Se trata de una Caja que se encuentra equilibrada entre los ingresos y los egresos, la responsabilidad de su alteración en este caso pasa por un solo sector, el poder político.
Con respecto a las manifestaciones, llega el momento en que quizás los 5.500 jubilados y pensionados con nuestros achaques a cuestas y esperando que ceda la ola polar, deberíamos apoyar la acción del directorio y concentrarnos frente a la Legislatura y, si nos dan las fuerzas, portar algún cartel.
A los eternos quejosos les recuerdo, que la nuestra es una Caja de reparto y que, si no hay aportes suficientes, no se pueden cubrir los haberes del sector pasivo y, que yo sepa, sólo hubo Uno que pudo multiplicar los panes.