El gobierno anunció que la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) realizará en septiembre en Rosario una nueva subasta de vehículos decomisados a criminales.
En septiembre en Rosario
La provincia volverá a subastar autos y motos decomisados a delincuentes
Archivo El Litoral / Luis Cetraro 0:59
Esta será el tercer remate (los anteriores fueron en octubre y marzo) y, de los casi 200 autos y motos incautados, saldrán a subasta unos 20 coches y 10 motocicletas. Al igual que en las anteriores oportunidades, lo recaudado será destinado a políticas sociales.
La venta se realizará a pesar de la polémica surgida la semana pasada en esa ciudad luego que el juez Hernán Postma decidió que el gobierno provincial no acató una medida cautelar dispuesta en octubre pasado que frenaba el remate de cuatro autos, dos de ellos secuestrados al clan Romero, banda acusada de lavado de dinero y delitos violentos, y otros dos al agenciero que se los vendió. El magistrado ordenó que el Estado provincial devuelva a tres compradores los autos que adquirieron en el remate del 25 de octubre pasado.
Aunque la decisión de Postma no define la incostitucionalidad de la Ley 13.579, que habilita el decomiso de forma anticipada de bienes obtenidos como consecuencia de delitos cometidos en jurisdicción provincial, que fue sancionada por unanimidad en la Legislatura en 2016, ahora se pone en duda la estrategia que diseñó el gobernador Miguel Lifschitz, que apuntaba a golpear el costado económico de las organizaciones criminales. Esa ley fue presentada como un ejemplo en la lucha contra las bandas criminales en un contexto en que aún no fue aprobada la ley de extinción de dominio en el Congreso de la Nación.
Este nuevo organismo, creado por la ley Nº 13.579 por iniciativa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y que funciona bajo su órbita, dispone de los objetos secuestrados por la justicia en el marco de investigaciones penales y gestiona que pasen a la esfera estatal vía subasta o reutilización.
El objetivo de este cambio en el sistema es afectar el poder económico de las bandas delictivas y darles a los bienes adquiridos ilícitamente un destino público, es decir que servirán a los fines sociales en dependencias oficiales o en organizaciones civiles.
La ley fue reglamentada por el Poder Ejecutivo y los depósitos de la Aprad ya alojan y custodian autos, computadoras, televisores y celulares, entre otros bienes muebles. Estos les son derivados por orden judicial desde las cinco regiones de la provincia. Los magistrados determinan si los objetos secuestrados tienen utilidad probatoria, en caso contrario la flamante agencia se encarga de todo lo relativo a su conservación y restitución a la sociedad.
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