ART: Diputados define los plazos de tratamiento

En lo formal, en la sesión de esta tarde, la Cámara de Diputados dará ingreso al mensaje del Poder Ejecutivo -ya votado por Senado- que dispone la adhesión de la provincia al nuevo sistema de Accidentes de Riesgos de Trabajo (ART). En principio, el expediente será girado a dos comisiones -Asuntos Laborales y Asuntos Constitucionales y Legislación General- y existe una fuerte presión sindical y de sectores políticos de la misma Cámara para ampliar el debate.

Son los casos de Leandro Busatto (Frente Justicialista para la Victoria) y del bloque Igualdad y Participación (Rubén Giustiniani y Silvia Augsburger) quienes pretenden que la Cámara convoque a la audiencia pública antes de llevar el tema al recinto.

La Cámara de Diputados tuvo proyectos propios sobre adhesión a ART durante dos años y no pudo lograr consenso para llevarlo al recinto. A fines del año pasado y ante el insiste reclamo empresarial, fue el propio Poder Ejecutivo el que elaboró un mensaje consensuado con los diferentes bloques del Frente Progresista, lo remitió al Senado y lo habilitó para Extraordinarias. Sin embargo, la Cámara Alta lo votó recién en la sesión previa al receso, con modificaciones y por unanimidad, es decir con acuerdo entre justicialistas y el Frente Progresista.

La provincia busca adherir a la ley nacional 27.348 que complementó la ley de ART pero se aclara que “a los fines de la actuación en la provincia de Santa Fe de las Comisiones Médicas como instancia prejurisdiccional se deberá garantizar una adecuada cobertura geográfica tendiente a asegurar la prestación del servicio en todo el territorio de la provincia” y habilita al Poder Ejecutivo a celebrar convenios de colaboración y coordinación con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo que establezcan las condiciones y modalidades de funcionamiento de dichas comisiones.

Por estas horas, Busatto insistió en llamar a todos los actores involucrados a dar un profundo debate antes de convertir en Ley el proyecto.

“Estamos hablando de modificar derechos y garantías de los trabajadoras, eso merece un debate público en el que podamos escuchar a todos los actores involucrados antes de convertirse en ley”. El justicialista recordó que pidió hace un año “la convocatoria a instituciones sindicales, civiles, colegios profesionales, representantes industriales, a representantes de los distintos poderes del Estado involucrados en la materia e interesados en general a debatir el tema mediante audiencia pública. Este proyecto aún no tuvo tratamiento”.

El texto votado por el Senado establece, entre otras cosas, un procedimiento administrativo prejudicial ante las Comisiones Médicas para el reclamo de enfermedades profesionales o accidentes laborales. Para Busatto, “el establecimiento de una instancia previa y obligatoria lesiona el acceso irrestricto a la justicia, la tutela judicial efectiva y el debido proceso legal, derechos tutelados en el artículo 18 de la Constitución Nacional y en el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos”.

También cuestionó la decisión donde determina que los recursos que interpongan los trabajadores ante la justicia laboral frente a las resoluciones de las Comisiones Médicas deberán efectuarse en un plazo de 45 días y establece que estos recursos se concederán al solo efecto suspensivo. “Se coloca la trabajador en la situación de decidir entre cobrar lo que determine la Comisión Médica, o apelar sin percibir nada a cuenta”, advirtió.

En tanto, Igualdad y Participación presentó un proyecto de resolución para realizar en el hall de la Legislatura una audiencia pública invitando a participar a la Asociación de Abogados Laboralistas y a los sindicatos nucleados en la CTA Autónoma que pidieron formalmente la realización de esa instancia. También sugieren invitar a los distintos sectores sindicales, a la justicia laboral, colegios profesionales, facultades de Derecho de las Universidades Nacionales con asiento en la provincia, cámaras empresariales y el Poder Ejecutivo.

“Creemos que los puntos de vista de quienes son directamente afectados por esta ley deben ser considerados y analizados con detenimiento, en un marco adecuado, y previamente a que avance en las distintas comisiones de la Cámara el Mensaje” explicó Giustiniani. Acotó que “la propuesta de realizar una Audiencia Pública responde, por un lado al pedido que distintos gremios han realizado por los medios de comunicación, pero, por otra parte, ante la fuerte controversia que la iniciativa conlleva, se vuelve necesario un debate con todas las voces presentes a fin de que los legisladores puedan formarse opinión con la mayor información posible”.

Por último, señaló que las posturas conocidas hasta ahora indican que “no se ha alcanzado el consenso mínimo necesario para avanzar en la aprobación de la ley remitida por el Senado y que es imprescindible convocar a todas las asociaciones sindicales que reclaman ser escuchadas en un tema tan caro a los derechos de los trabajadores, a fin de analizar en profundidad el tema incluyendo todas las miradas, con el objetivo de garantizar que no se vulnere ningún derecho protectorio del trabajo reconocido en nuestro ordenamiento jurídico”.

Protección del Salado

El Poder Ejecutivo dictó el decreto 1685 -ad referéndum de las cámaras legislativas- donde incluyó a la laguna Juan de Garay y su entorno al sistema provincial de áreas naturales protegidas previstas en la ley 12.175. La mencionada laguna logró una ley específica de protección y ahora se fijan nuevos límites para dicha preservación.

El decreto incorpora al sistema de áreas naturales protegidas en la categoría “reserva hídrica natural” al tramo inferior del río Salado hasta su desembocadura en el sistema Paraná. Los límites físicos son al norte las vías del ferrocarril Mitre que une las ciudades de Santo Tomé y Santa Fe; al este, el terraplén costero del río Salado en la ciudad de Santo Tomé, desde el ferrocarril Mitre hasta Lisandro de la Torre; al sur, la desembocadura del río Salado en el sistema del río Paraná y costa norte del Río Coronda; y al oeste, el terraplén costero del ingreso del río Paraná en la ciudad de Santa Fe. Totaliza una superficie de 507 hectáreas.

Se aclara que uno de los objetos de conservación del área de reserva es la comunidad de peces de lagunas del tramo inferior del río Salado, justificado por ser un tramo del río con lagunas que se conectan y desconectan del cauce principal según la altura del agua proporcionando un ambiente propicio para el desarrollo de larvas de peces migratorias y residentes, y a que la comunidad de peces en el tramo inferior del río Salado es la más diversa comparada con los tamos superiores, debido a su próxima desembocadura y conexión con el Río Paraná.