La ley Micaela, por ahora, en comisiones de Diputados

La Cámara de Diputados de la provincia se encuentra debatiendo, en comisiones, la adhesión provincial a la Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado. Hasta ahora obtuvo dictamen favorable de la Comisión de Derechos y Garantías que emitió su opinión el 4 de julio, justo antes del receso invernal. El trámite sigue por la Comisión de Presupuesto y concluirá en Constitucionales, antes de ser evaluado por la Cámara Alta.

La Ley Micaela fue sancionada por el Congreso Nacional a fines de 2018, promulgada por el Ejecutivo a principios de enero de 2019, y casi inmediatamente enviada por el gobernador santafesino Miguel Lifschitz a la Legislatura para lograr la adhesión de la provincia, trámite al que se invita en el artículo 10° de la norma nacional.

En los hechos, en la Comisión de Derechos y Garantías se trataron tres proyectos en conjunto: el mensaje del Ejecutivo provincial que adhiere a la Ley 27.499, una iniciativa de Silvia Augsburger y Rubén Giustiniani para que las personas que ocupen cargos jerárquicos o de dirección -cualquiera sea la forma de designación en el ámbito de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en el servicio Público de la Defensa Penal y en el Ministerio Público de la Acusación- acrediten formación en perspectiva de género, y otra de Leandro Busatto que establece la capacitación obligatoria en género, violencia contra la mujeres y diversidades sexuales para todas las personas que se desempeñan en las funciones públicas en todos sus niveles y jerarquías de los tres poderes.

Así, se dispone la adhesión a la Ley Nacional 27.499 Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres con una formación que incluye, como contenido mínimo, la legislación provincial, nacional y las convenciones internacionales en las que Argentina sea parte y que guarden relación con la temática. Incorpora, también, la comprensión del fenómeno de los estereotipos y discriminaciones de género, por orientación sexual o identidad de género y la particular forma en que se expresan o impactan en su área específica de actuación.

Por último, dispone que la Dirección Provincial de Políticas de Género o el organismo que en el futuro la reemplace será la autoridad de aplicación de la presente ley. Y se establecen sanciones para quienes se nieguen sin causa justa a realizar estas capacitaciones, a la vez que se invita a adherir a municipios y comunas.

No es lo mismo lo que sucede en un pueblo pequeño donde asesinan a una mujer y hay madres, padres y familiares que están muy solos; que en Rosario o Santa Fe donde hay un activismo muy importante. Por eso es tan importante el trabajo barrial de los organismos oficiales y las ONGs”.

Alicia Gutiérrez.

Diputada provincial (SI)

Llamado al Senado

“Creemos que es un paso importante que el Congreso haya aprobado la Ley Micaela y es lo que venimos reclamando también para la Justicia, para que jueces, juezas y fiscales dictaminen con perspectiva de género”, dijo Gutiérrez, quien preside Derechos y Garantías. Convencida de que “esta perspectiva repercute sobre los fallos”, sostuvo que “todo comienza en las facultades donde se forman a los abogados y abogadas” que luego ocuparán cargos en el Poder Judicial.

Con todo, reconoció que se están produciendo cambios y se hacen capacitaciones “pero no con la dimensión que deberían tener”, que es lo que impulsa esta ley. Además, celebró la titularización del equipo de Educación Sexual Integral.

No es el único proyecto con perspectiva de género en el que se encuentra trabajando la diputada. A comienzos de julio presentó su propuesta para crear un centro integral de asistencia y apoyo para mujeres policías, del Servicio Penitenciario y del Iapip que hayan sufrido discriminación o violencia machista en el ámbito laboral, “ante las innumerables experiencias situaciones relatadas por el propio personal femenino de esas fuerzas que denuncian situaciones de violencia de género por parte de sus pares y jefes”. En ese sentido, en los últimos días ingresaron por comisión notas de la Red de Policías para pedir a la Comisión de Presupuesto que trate el tema, que tiene pedido de preferencia para las próximas sesiones.

Sin embargo, para Gutiérrez hay una dificultad que sortear y es el tratamiento de estos temas en el Senado, “donde todo lo que tiene que ver con derechos de las mujeres encuentra obstáculos y no pasa”.

En este punto, fue categórica: “La mayor parte de las leyes relacionadas con derechos humanos encuentran obstáculos en la Cámara Alta, como el mecanismo contra la tortura, la ley de agencias de seguridad, la ley de Educación y el cupo laboral trans, que pierden una y otra vez estado parlamentario”.

En esa línea, la legisladora evaluó que “la Ley Micaela es absolutamente necesaria”, y si bien confió en que va a tener aprobación en la Cámara Baja. pidió a los senadores que “reflexionen, porque en sus departamentos existen hechos de este tipo”.

Antes de dar el si

A esta altura es sabido que la violencia de género se manifiesta desde mucho antes de formalizar una relación. En ese sentido, la diputada Alicia Gutiérrez pidió preferencia para el tratamiento de un proyecto que establece que entre los requisitos solicitados para casarse, se incluya un curso sobre esta temática. El curso podría estar a cargo de una ONG especializada en el tema o de alguno de los organismos provinciales vinculados con la problemática.