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Miércoles 07.08.2019 - Última actualización - 17:24
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En el ámbito de la provincia

Crean un protocolo para advertir sobre posibles delitos económicos

Se estableció por decreto del Poder Ejecutivo. Lo aplicará la Dirección de Investigación Patrimonial. A dicha repartición llegarán reportes sobre “Alertas Sospechosas”, que serán analizados y evaluados. Luego se emitirá luego un informe, que puede desestimar el caso o derivarlo al Ministerio Público Fiscal para su correspondiente investigación judicial. 

 Crédito: Internet
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En el ámbito de la provincia Crean un protocolo para advertir sobre posibles delitos económicos Se estableció por decreto del Poder Ejecutivo. Lo aplicará la Dirección de Investigación Patrimonial. A dicha repartición llegarán reportes sobre “Alertas Sospechosas”, que serán analizados y evaluados. Luego se emitirá luego un informe, que puede desestimar el caso o derivarlo al Ministerio Público Fiscal para su correspondiente investigación judicial.  Se estableció por decreto del Poder Ejecutivo. Lo aplicará la Dirección de Investigación Patrimonial. A dicha repartición llegarán reportes sobre “Alertas Sospechosas”, que serán analizados y evaluados. Luego se emitirá luego un informe, que puede desestimar el caso o derivarlo al Ministerio Público Fiscal para su correspondiente investigación judicial. 

Mediante el decreto Nº 2126 del pasado 29 de julio, el Poder Ejecutivo creó un Protocolo para la Detección y Prevención de Delitos Económicos en la provincia. Tiene como objetivo detectar “inconsistencias patrimoniales sospechosas y potenciales beneficiarios finales de la circulación de activos de origen ilícito”.

 

Dicha situación será identificada como “Alerta Sospechosa” (AS), y ello activará el protocolo para determinar la existencia del presunto delito. Según consta en los considerandos del decreto, el gobierno provincial pretende a través de esta herramienta “demostrar la voluntad del estado de enfrentar la problemática a través del establecimiento de iniciativas innovadoras y de mecanismos ágiles”.

 

Se establecerá como AS “toda aquella situación anómala en donde se observen indicios serios de una posible disimulación del origen ilícito de activos; de una simulación de una situación fiscal o patrimonial distinta a la real; o de una exteriorización inusual de activos, inconsistente con el perfil patrimonial o fiscal de quien manifiesta dicha exteriorización por parte de una persona humana, jurídica o de un ente de existencia ideal”.

 

Reportes de AS

 

La Dirección de Investigación Patrimonial, dependiente del Ministerio de Seguridad, será el organismo de aplicación del protocolo. A dicha repartición deberán elevar sus reportes sobre AS la Administración Provincial de Impuestos (API), Catastro, el Registro de la Propiedad, Inspección General de Personas Jurídicas, y la Secretaría de Análisis y Articulación de Procesos. El informe se enviará por medio electrónico con una breve descripción de la situación, y los datos que permitan individualizar a la persona sospechada con su respectivo patrimonio.

 

Como pautas generales para detectar un AS se plantea: inconsistencias relevantes entre una situación de exteriorización de activos y perfil patrimonial o fiscal de una persona; transferencias sucesivas de bienes registrables, participación societarias, y posición de administración fiduciaria con una velocidad y frecuencia que resulten inusuales; cualquier hecho económico que no guarde debida relación con las actividades declaradas y realizadas por las personas correspondientes; movimientos de sumas de dinero en efectivo superiores a 450 Salarios Mínimos Vitales y Móviles; operaciones o hechos económicos de personas que carecen de capacidad patrimonial verificada; operaciones de compra, venta y recompra de activos que no se correspondan con el verdadero valor de los bienes involucrados; operaciones de préstamos, remesas o ingresos de dinero por otros conceptos, provenientes de entidades bancarias, financieras o comerciales domiciliadas en territorios considerados “guaridas fiscales” o países no cooperantes por el Gafi.

 

Archivar o denunciar

 

Para la evaluación de las situaciones presuntamente ilícitas, la Dirección de Investigación Patrimonial (DIP) podrá requerir el apoyo y la colaboración de todos los organismos públicos de la Administración Pública Provincial.

 

Tras analizar la información, la autoridad de aplicación deberá emitir un informe a partir del cual podrá determinar que existen elementos sospechosos suficientes, y en consecuencia, elevar una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal o de la Acusación. Podrá también desestimar el reporte, cuando entienda que no se vislumbran elementos suficientes. 

 

Los funcionarios y agentes públicos de la DIP están obligados a guardar secreto de las informaciones recibidas. El mismo compromiso de confidencialidad les corresponde a los funcionarios y agentes de los organismos competentes. 

 

Durante el proceso de evaluación de las Alertas Sospechosas, la DIP podrá requerir asistencia de los Colegios de Ciencias Económicas, de Abogados y/o de Escribanos de la provincia, como también de profesionales de las universidades especializadas. 

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