El gobierno local dio a conocer los resultados del estudio “Protección de niños y jóvenes: cumplimiento de las corresponsabilidades de la Asignación Universal por Hijo (AUH)”, que se concretó a través de la firma de un convenio con el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación. El relevamiento fue elaborado por el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de esa cartera nacional y contó con la participación de la Universidad Nacional del Litoral (UNL).
El estudio —que fue financiado por el Banco Mundial— relevó a 286 familias y, en esa muestra, se identificaron 429 niños, niñas y adolescentes suspendidos o prorrogados de la AUH. Fuentes del gobierno local afirmaron a este diario que estos datos detectados servirán “para que quienes hoy no perciben el beneficio de la asignación, lo puedan hacer en forma íntegra, acompañándolos a que cumplimenten los trámites requeridos”. Se notó que en la gente hay falta de información sobre lo que debe presentarse (certificado sanitario y de escolaridad). “La idea —insistieron— es ayudarlos a que regularicen su situación para que la perciban”.
Las zonas de coberturas, que definió el municipio en base a los barrios de mayor vulnerabilidad, fueron el cordón oeste de la ciudad; en barrios como Santa Rosa de Lima, San Lorenzo, Chalet, Barranquitas, Estanislao López, Ceferino Namuncurá y Yapeyú; San Agustín, Alto Verde, El Pozo y el distrito La Costa. Unos 700 hogares fueron visitados mediante la nómina de beneficiarios de la AUH de Anses. Los 286 hogares relevados abarcaron 1.485 personas. El estudio tomó una muestra que no abarca todo el universo de personas beneficiarias de la AUH de la ciudad, sino una parte.
“El trabajo se hace con la población que, siendo beneficiaria de la AUH, ha perdido la percepción del beneficio o está por perderlo por no presentar la corresponsabilidad. Esto tiene relación con la no presentación de la libreta sanitaria o la escolaridad”, explicó Cecilia Battistutti, secretaria de Desarrollo Social del Municipio.
Sobre el relevamiento, Battistutti detalló que indagaron las causas y dónde está ubicada esta población, “para poder trabajar acciones concretas para que retomen a la responsabilidad de esos niños, pero fundamentalmente para trabajar en conjunto con una red de instituciones y con cada una de esas familias”.
El intendente José Corral analizó: “Es un momento especial de la economía del país; hay muchas dificultades y por lo tanto la tarea social es a la que hay que dedicarle nuestros mejores esfuerzos. Hay muchos santafesinos con necesidades y hace mucho tiempo venimos trabajando con los Jardines Municipales, las Escuelas de Trabajo, pensando en la primera infancia y en los jóvenes de los sectores del territorio con más problemas”.
El relevamiento de campo para obtener información sobre los titulares de la AUH que han dejado de cobrar el beneficio se realizó con el objetivo de diseñar políticas sociales. En representación del Ministerio de Desarrollo Social, Francisco Thamier, de la Dirección General de Proyectos Especiales y Cooperación Internacional, y la socióloga María Fernanda González, dieron cuenta de la observación y los datos que relevaron en el estudio.
“Trabajamos con un universo de casos de chicos que actualmente o tienen suspendida o prorrogada la Asignación; no es el total sino un 20% que se dispara cuando hay que presentar la libreta. Teniendo en cuenta estos casos, lo que buscamos es tratar de evitar que pierdan la Asignación o de saber dónde están ubicados esos niños, niñas y adolescentes para poder iniciar acciones en pos de que vuelvan a cobrar la AUH”, aseguró.
Lo que se hace —además del relevamiento es “conformar una red de protección social”, en este caso en Santa Fe, “donde tienen un trabajo importante de niñas, niños y adolescentes, y la idea fue fortalecer el Consejo con acciones y estrategias, que tendieran a garantizar el acceso a la Asignación”, destacó la socióloga, y explicó que las estrategias engloban a la “comunicación, justamente por una carencia de circulación en la información, sobre todo piezas de comunicación operativos o dispositivos territoriales y protocolos que clarifican los procedimientos”.
Dentro de la muestra relevada surgieron datos sobre la situación socioeconómica (composición del hogar, nivel de educación, acceso a infraestructura y servicios, trabajo) que seguramente también servirán como referencia a contemplar en la conformación de esa red de protección social a la que aludió la socióloga María Fernández. Por ejemplo, hay un 73,8% de los jefes de hogar con secundario incompleto, y una tasa de desempleo de los jefes de hogar del 12,6%. Los hogares monoparentales con jefa mujer llegan al 18,9%, indica es estudio.
Respecto de las características de las viviendas, el 60,3% tiene déficit de saneamiento; hay un 7,8% de hogares sin provisión de agua potable, y un 14,6% de los hogares están en situación de hacinamiento crítico (más de 3 personas por cuarto en promedio). Más del 50 % de los hogares no tiene acceso a Internet.
Respecto del nivel de instrucción y el acceso a la salud, un 71,8% de la población mayor a los 18 años tiene secundario incompleto, y un 18,3% de la población relevada —de 15 a 17 años— no asiste a la escuela. A su vez, tiene cobertura sólo de hospital público el 80,5%, mientras que el embarazo adolescente (entre 10 y 19 años) es del 8,7 %.
Respecto del trabajo —siempre sobre la muestra relevada—, hay un 16% de desempleo; y un 41,3% de subocupación. Esto derrama a la ocupación informal, (75,3%). El ingreso total familiar medio es de 15.015 pesos. “Los hogares pobres alcanzan en 92,7%”, precisa el informe.