Todos los casos de abuso registrados por Niñez fueron en el ámbito intrafamiliar

Entre abril de este año y el 8 de agosto último, la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia intervino en 32 casos de delitos contra la integridad sexual -abuso- que corresponden a la zona centro-norte santafesina. Todos ocurrieron en el ámbito intrafamiliar. Y la zona de anclaje territorial fue Santa Fe, Santo Tomé, Esperanza y la Costa. Desde enero hasta hace una semana, fueron 149 las intervenciones de esa repartición, de las cuales 50 corresponden a casos de abuso. La mayoría de las víctimas fueron mujeres y bajó la edad cronológica de los chicos y chicas afectados. Hasta aquí, los datos estadísticos, crudos, detrás de los cuales hay igual cantidad de historias de vida. En realidad, muchas más.

Son los datos que revela la directora del área Mónica Barroso, quien aportó otra valoración dramática: los delitos contra la integridad sexual incluyen, en un alto porcentaje, a grupos de hermanos: “entre tres y cinco integrantes de una familia, como ha sucedido en los últimos días y se conoció a través de los medios”. La funcionaria alude así al caso denunciado la semana pasada por el equipo socio-educativo de la Región IV de Educación.

“Éste es un segundo nivel de intervención para pensar la toma de una medida excepcional que implica, como indica la norma, el retiro provisorio del niño de su centro de vida”, indicó Barroso, y aportó que “los anoticiamientos llegan desde la Comisaría de la Mujer, Educación y de los hospitales”. En este punto se detuvo: “El niño o la niña ingresa al centro de salud por una aparente enfermedad o una caída y luego se comprueba que es víctima de un delito contra la integridad sexual. Y cuando se habla con ellos, termina involucrando a parte de su grupo familiar”.

—¿Qué situaciones incluyen las 149 intervenciones que se dispusieron entre enero y agosto?

—Son casos de maltrato; falta de cuidado en el sentido estricto; deterioro de la integridad psicofísica; niños, niñas y adolescentes con un estado de arrasamiento subjetivo importante y cuestiones de organicidad en casos de discapacidad.

— ¿Qué lectura hacen de la información, más allá de las cifras?

—No se puede hacer una lectura monodireccional, ni como binomio. Primero, hay una complejidad en la casuística que está atravesada por el arrasamiento de los derechos civiles y sociales en sentido amplio. No se pueden pensar los derechos sociales de educación, vivienda, salud, trabajo, si se vulneran los derechos civiles. Las familias deberían contar con un lugar en condiciones mínimas y con la posibilidad de satisfacer las necesidades básicas de niños, niñas y adolescentes. No podemos estar hablando de las familias si no podemos pensar en el mínimo sustento, que tiene que ver con lo habitacional en el territorio. Y con las condiciones socioeconómicas que hemos estado viviendo en estos últimos años, esto se ha ido agravando.

—El riesgo es que esta condición reduzca los casos de violencia y abuso a un sector social emprobrecido.

—La vulneración social no viene atada necesariamente con la pobreza. De hecho, tenemos un gran cinturón en la ciudad de Santa Fe y los alrededores de condiciones que satisfacen las necesidades básicas y elementales pero con asentamientos irregulares. Esto no implica que los derechos de los niños estén vulnerados. Porque, si no, tendríamos que pensar que todos estos sectores estarían vulnerando derechos y no es así.

—Y además se estaría estigmatizando a un grupo social.

—De ninguna manera lo hacemos. La vulneración tiene que ver con aspectos socio-antropológicos. Muchas veces la cuestión de la violencia ha sido un recurso de relacionarse con el otro y esta forma de relacionarse es la que acarrea la vulneración de derechos. Sabemos que la violencia es la forma de expresar el padecimiento, lo que no implica convalidarla ni justificarla. Cuando se llega a la medida excepcional es porque lo territorial y la prevención no se ha hecho o no se ha podido hacer, o las instancias de intervención no fueron suficientes. Y si estamos en un sistema de protección integral, todos los actores deben estar presentes y sumando, incluso los ciudadanos para acompañar a la construcción de otras formas de convivir.

—¿Cómo puede estar presente la ciudadanía?

—Tomando conocimiento y actuando, según el nivel que nos atraviese. Por ejemplo, si vislumbramos que hay un niño que podría estar siendo abusado o se lo ve con pautas de desnutrición, con determinados parámetros de que puede estar consumiendo sustancias problemáticas o que está, en principio, sometido a cuestiones de vulneración de su integridad sexual, se puede recurrir a espacios de escucha para pensar cómo protegerlo. Las legalidades vigentes nos convocan a construir una denuncia para alojar a un niño en un lugar distinto del cual está actualmente.

—¿La ciudadanía sabe dónde tiene que dirigirse si observa una situación de estas características? ¿Qué se recomienda?

—La provincia tiene efectores, hay fiscalías de turno, los distritos que reciben las denuncias, centros de salud, organizaciones barriales, centros educativos. Son los lugares donde se mueve la información y donde se puede recurrir, a lo mejor no a denunciar, pero allí se puede acompañar la voluntad de alguien que está comprometido con sus propios derechos y con los derechos del otro. Hay parámetros para intervenir de forma estratégica en situaciones que involucran a niños, niñas y adolescentes. Pero el criterio de intervención fundamental está en el territorio, sea en un pueblo, una comunidad más grande o una ciudad. (Emiliano) Galende -médico y psicoanalista, experto en Salud Mental- decía que la comunidad donde se ha dado el padecimiento subjetivo de determinadas personas es la que debería volver a alojar a esa persona para revertir o reparar ese padecimiento. La institucionalización es lo último, hay que pensar que un niño debería poder hacer otra cosa dentro de la comunidad donde vive. y para eso tenemos que estar todos presentes.

ESI para empezar a hablar

—Según los datos que registra la Subsecretaría, los casos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes ocurrieron en el espacio intrafamiliar: ¿Cómo se puede abordar este tema en un ámbito tan privado?

—Con mucho cuidado. Si algo pretende la ESI, como un principio necesario dentro del sistema político público y privado, es pensar espacios de escucha con terceridades que no tienen que ver con lo intrafamiliar. Esto lo dice muy bien Educación cuando habla de que su implementación es necesaria para el cuidado de los niños. No se trata de una legalidad invasiva, sino que espera los tiempos de escucha de los niños, niñas y adolescentes. Hay muchos casos que no llegan acá porque se enmascaran de otra manera; a lo público llegan las instancias explotadas, las consecuencias de la vulneración. Llegan niñas de 11, 12 ó 13 años con un embarazo; algunas por haber intentado un aborto; en otros casos, por un aparente maltrato físico y se concluye en que fueron abusadas o en muchos casos porque es el principio de una red de trata. Como son cuestiones muy íntimas, hay que tener mucho cuidado en la construcción de la información y en no quedarse solo con esta información para intervenir.

Últimamente hemos avizorado que los medios tienen un mayor grado de compromiso con estas problemáticas y se piensa la información como una forma de construir sistemas de cuidados. La información es necesaria para pensar no solamente la posibilidad de decidir sino de hacerlo desde el deseo y con las reglas de cuidado que nos atraviesan”. Mónica Barroso. Directora de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia.